Category: Politics

  • MIL-OSI Security: Mexican Cartels Targeting Americans in Timeshare Fraud Scams, FBI Warns

    Source: US FBI

    Estas estafas les han costado a las víctimas más de $300 millones de dólares. Aprenda cómo protegerse.

    El FBI ha visto un aumento en las estafas dirigidas a propietarios de tiempo compartido. En este tipo de estafa, los delincuentes engañan a estos propietarios de tiempo parcial para que desembolsen cuantiosas sumas de dinero en efectivo, todo bajo falsas pretensiones relacionadas con sus propiedades de tiempo compartido.

    Su elección principal de víctima—estadounidenses mayores—técnicamente esto hace que el fraude de tiempo compartido sea una forma de fraude a personas mayores, o delito que tiene como objetivo hacer que los estadounidenses mayores sean despojados de su dinero o criptomoneda. El FBI investiga agresivamente tales delitos para salvaguardar de estafas a una población particularmente vulnerable, dijo el Agente Especial Adjunto a Cargo Paul Roberts, quien dirige la Subdivisión de Delitos Financieros Complejos en la Oficina de Nueva York.

    “Los estafadores de tiempo compartido tienen como objetivo dejar a las víctimas sin nada, lo cual deja en las victimas consecuencias devastadoras en su futuro financiero, relaciones, salud física y emocional”, señaló el mismo.

    Sin embargo, indicó él, el fraude de tiempo compartido también se encuentra en el radar del Buró debido a que sus ganancias ilícitas se utilizan cada vez más para financiar cárteles violentos en México. “A medida que los cárteles cimientan aún más su control en este espacio, es especialmente crítico que el FBI tome la iniciativa en abordar esta amenaza a personas mayores estadounidenses”, dijo Roberts. Él agregó que algunos estafadores participan en estos esquemas porque temen convertirse en las próximas víctimas de estos cárteles.

    Los cárteles han operado los fraudes de tiempo compartido más reportados que involucran propiedades en México, dijo Roberts. El Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Golfo y el Cártel de Sinaloa han estado ejecutando esquemas de fraude de tiempo compartido, para ayudar a financiar sus actividades ilícitas, durante más de diez años. Hasta la fecha, basado en denuncias y rastreo financieros, el FBI cree que el CJNG ha sido el cártel que predominantemente participa en fraudes de tiempo compartido en México. Sin embargo, es probable que los centros de llamadas independientes en México también estén participando en este delito.

    El fraude de tiempo compartido es una operación atractiva para los cárteles ya que es más barato y representa menos desafíos logísticos, laborales y de supervisión que otras operaciones generadoras de ingresos como el tráfico de drogas y armas, explicó Roberts.

    “El fraude de tiempo compartido tiene costos generalmente bajos y reinversión mínima ya que sólo se necesita un alquiler de espacio reducido, configuración de telecomunicaciones y empleados de habla inglesa con acceso a bases de datos de complejos turísticos”, dijo Roberts. “Se percibe un menor riesgo de enjuiciamiento y de extradición por fraude de tiempo compartido, y en cambio sí es un flujo de efectivo fácil que va directamente al sistema bancario mexicano, ofuscando los fondos para facilitar las actividades de lavado de dinero”.

    Estos esquemas—impactan desproporcionadamente a los estadounidenses ricos y mayores que quieren recuperar parte del dinero que gastaron en sus tiempos compartidos—dejan huellas emocionales y financieras en sus víctimas”.

    Sin embargo, el FBI está utilizando una combinación de asociaciones estratégicas para detectar, investigar y prevenir estos esquemas.

    “Nos asociamos con una variedad de diferentes agencias para investigar estos casos, las cuales incluyen la Administración Federal Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés)”, dijo Roberts. “Asimismo coordinamos con agencias estatales y locales para asegurarnos también de recibir denuncias de víctimas presentadas ante estas instancias. Trabajamos cada vez más con socios del sector privado en la industria financiera para ayudar en la detección y prevención de estos fraudes”.

    ¿Cómo Funcionan Las Estafas de Fraude de Tiempo Compartido?

    Para llevar a cabo sus estafas, los estafadores realizan una amplia investigación sobre sus posibles víctimas. Los delincuentes crean documentos falsos y se hacen pasar por personas de instituciones confiables para embaucar a las víctimas con sus historias y asustarlas para lograr que cumplan.

    “A lo largo del proceso, los estafadores utilizan una combinación de tácticas de ventas de alta presión y estrategias de fraude cibernéticas, tales como las de imitar direcciones de correo electrónico de entidades legítimas y falsificar documentos oficiales, para convencer a las víctimas de que cada fase de la estafa es legítima”, explicó Roberts.

    Y, añadió Roberts, este no es un tipo de estafa de una sola vez. Los estafadores suelen utilizar una combinación de esquemas para re-victimizar a los propietarios de tiempo compartido durante un período de varios años.

    Estos tipos de estafas suelen desarrollarse en tres fases, explicó Roberts.

    En la fase uno, dijo, los estafadores hacen contacto con la víctima por primera vez por teléfono o por correo electrónico.

    “En estas comunicaciones iniciales con las víctimas, los estafadores a menudo se hacen pasar por  corredores terciarios de tiempo compartido o representantes de venta de la industria de tiempo compartido, bienes raíces o servicios financieros localizados en Estados Unidos o México”, dijo Roberts.

    Los estafadores luego instan a la víctima a tomar una de estas tres acciones:

    1. Salirse de su tiempo compartido
    2. Alquilar su propiedad de tiempo compartido
    3. Invertir en certificados de acciones para su tiempo compartido

    Los estafadores posteriormente presionan a las víctimas a que paguen por adelantado honorarios o impuestos para asegurar estos acuerdos, explicó Roberts.

    Y, advirtió Roberts, los estafadores hacen su tarea. Antes de empezar a estafar a las víctimas, estos se ponen en contacto con fuentes dentro de la industria del tiempo compartido para obtener información sobre las propiedades de tiempo compartido y sus dueños. También hacen hasta lo imposible para vender a sus objetivos [victimas] la autenticidad de sus esquemas por medio de contractos redactados, cartas de oferta y documentación de cuentas bancarias fraudulentos.

    “Los estafadores, asimismo, con el fin de reforzar su credibilidad, se apalancan de una vigorosa red de sitios web de empresas falsas, nombres de negocios y direcciones, registros con funcionarios gubernamentales y grupos comerciales”, dijo Roberts.

    Y, agregó, los estafadores son aparentemente angloparlantes fluidos quienes han memorizado respuestas a preguntas frecuentes sobre sus negocios falsos para así vender aún más la farsa de que sus argumentos de venta son legítimos.

    Los estafadores después exigen repetidos pagos adelantados hasta que la víctima se queda sin dinero o se entera de su esquema.

    En la fase dos de la estafa, los estafadores vuelven a acercarse a las víctimas después de haber pasado algún tiempo. En esta ocasión, los estafadores se hacen pasar por empleados de bufetes de abogados que quieren ayudar a las víctimas a recuperar el dinero que éstas les entregaron a los estafadores en la fase uno.

    “Los estafadores a menudo afirman que los estafadores iniciales han sido acusados de fraude o considerados jurídicamente responsables en una demanda en Estados Unidos o México, y que a las víctimas se les debe restituir en el acuerdo de reposición”, explicó Roberts. No obstante, para acceder a ese dinero de restitución, a las víctimas se les dice que deben pagar honorarios legales o judiciales a los bufetes de abogados. Los estafadores subsecuentemente defraudan a las víctimas con una serie de pagos anticipados relacionados con este acuerdo; nuevamente utilizando documentos falsos para reforzar su credibilidad”.

    La tercera fase de la estafa implica la suplantación del gobierno. Los estafadores se hacen pasar por funcionarios de la OFAC, de la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno de México o de otras entidades internacionales, tales como la INTERPOL.

    Luego toman una de dos vías:

    • Los suplantadores del gobierno afirman que están contactando a las víctimas porque tienen acceso a acuerdos penales y desean ayudarlas a recuperar el dinero perdido.
    • O bien, los suplantadores tratan de asustar a las víctimas para que proporcionen aún más dinero. Esto lo hacen informándoles a las víctimas de que sus pagos iniciales a los estafadores de tiempo compartido se consideraron sospechosos. Los estafadores luego les dicen a las víctimas que las autoridades determinaron que sus pagos a los estafadores de tiempo compartido estaban “vinculados al lavado de dinero o a operaciones terroristas”. Subsecuentemente, estos amenazan con citar a las víctimas a comparecer o con enviarlas a prisión si no pagan dinero adicional con el fin de asegurar de que sus pagos se liberen y se limpien sus nombres.

    Reconocer las Señales

    El fraude de tiempo compartido no se denuncia por dos razones principales: Las víctimas o no se dan cuenta de que están siendo estafadas, o no se dan cuenta de que hay ayuda disponible. Dicho esto, el FBI y la Comisión Federal de Comercio han visto recientemente un repunte en denuncias. En los últimos cinco años, dijo Roberts, más de 6,000 víctimas han reportado a las agencias más de 300 millones de dólares en pérdidas.

    El FBI espera que una mayor cobertura mediática del fraude de tiempo compartido eduque al público sobre la amenaza e inspire a más víctimas a presentar denuncias.

    “No hay nada vergonzoso en caer víctima de una estafa como esta”, dijo Roberts. “Lo peor que la gente puede hacer es sufrir en silencio por vergüenza o por miedo a la crítica”.

    Mientras tanto, usted puede protegerse de caer víctima de fraude de tiempo compartido sí reconoce las señales.

    • Primero, dijo éste, nadie le debería pedir que pague honorarios o impuestos por adelantado, ni le debería pedir que proporcione un formulario de poder notarial. Ninguna de éstas es práctica estándar de la industria. Cada uno es una señal de peligro.
    • Próximo, dijo él, si alguien que dice ser funcionario del gobierno se pone en contacto con usted, esa persona no debería:
    • Ponerse en contacto con usted sobre un acuerdo de restitución.
    • Amenazarlo con arresto o enjuiciamiento si no se paga el dinero.
    • Amenazarlo con citatorio a comparecer ante un tribunal fuera de los Estados Unidos.
    • Afirmar el estar trabajando con el FBI y/o la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para expedirle un citatorio.
    • Por último, usted puede tomar algunas medidas proactivas para protegerse contra la estafa de fraude de tiempo compartido. No conteste llamadas telefónicas de números desconocidos.
    • Si alguien se comunica con usted sobre su tiempo compartido y solicita dinero por adelantado, deje de comunicarse con ellos y no pague.
    • Nunca firme, certifique ante notario, ni envíe ningún poder notarial o documentos legales por correo electrónico.

    Las Posibles Consecuencias del Fraude de Tiempo Compartido

    Las personas que ayudan a orquestar estafas de fraude de tiempo compartido pueden enfrentar la extradición a Estados Unidos y posible enjuiciamiento por una serie de cargos penales, los que incluye:

    • Fraude electrónico
    • Fraude bancario
    • Confabulación para cometer fraude electrónico
    • Confabulación para cometer fraude bancario
    • Blanqueo de dinero
    • Cargos por la Ley sobre organizaciones corruptas influidas por el crimen organizado (RICO)

    MIL Security OSI

  • MIL-OSI Security: President and CEO of Las Vegas-Based Company Pleads Guilty for Role in Investment Fraud Scheme Where He Stole Millions in Victim Investor Funds

    Source: US FBI

    LAS VEGAS – A Nevada man pleaded guilty yesterday to one count of wire fraud stemming from his role in a years-long fraud scheme, during which he stole more than $6.1 million in victim investor funds.

    According to court documents, Mykalai Kontilai, formerly Michael Contile, 55, of Las Vegas, facilitated an investment fraud scheme involving his company, Collector’s Coffee Inc., doing business as Collector’s Café (Collector’s Coffee), a company incorporated in California and headquartered in Las Vegas. From 2012 to 2018, Kontilai made or caused to be made numerous materially false and misleading representations to induce victims to invest in Collector’s Coffee — a company he claimed was on the verge of launching an online auction house for third-party owned collectibles, such as Hollywood and sport memorabilia. As a result of Kontilai’s numerous false and misleading statements, including that investor funds would be used for legitimate business purposes, that Kontilai had personally invested millions of his own money in the company, and that he did not take a salary, Kontilai successfully raised approximately $23 million from Collector’s Coffee investors. However, rather than using the proceeds as represented, Kontilai stole approximately $6.1 million for his own personal use, including for the purchase of luxury goods, apartments, and vehicles.

    The U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) began investigating Kontilai for misappropriating investor funds in or around 2017. Kontilai obstructed the investigation by forging documents that he caused to be transmitted to the SEC and lied under oath to the SEC. Kontilai was charged in connection with this conduct both in the present case on June 3, 2020, and in a separate case in the District of Colorado on March 10, 2020. While under investigation but prior to charging, Kontilai fled to Russia and was ultimately arrested on an Interpol Red Notice in Germany in 2023. He was extradited back to the United States to face the pending charges in May. As part of the plea agreement in this case, the government will move to dismiss the Colorado case at sentencing.

    Kontilai pleaded guilty to one count of wire fraud. He is scheduled to be sentenced on Dec. 4 and faces a maximum penalty of 20 years in prison. A federal district court judge will determine any sentence after considering the U.S. Sentencing Guidelines and other statutory factors.

    Principal Deputy Assistant Attorney General Nicole M. Argentieri, head of the Justice Department’s Criminal Division; U.S. Attorney Jason M. Frierson for the District of Nevada; Special Agent in Charge Spencer L. Evans of the FBI Las Vegas Field Office; and Special Agent in Charge Carissa Messick of IRS Criminal Investigation (IRS-CI) made the announcement.

    The FBI and IRS-CI are investigating the case. The Justice Department’s Office of International Affairs provided significant assistance in securing the extradition from Germany of Kontilai.

    Trial Attorneys Brandon Burkart and Sara Hallmark of the Criminal Division’s Fraud Section (FRD) and Assistant U.S. Attorney Jessica Oliva for the District of Nevada prosecuted this case. Former FRD Trial Attorney Emily Scruggs provided valuable assistance. 

    ###

     

    MIL Security OSI

  • MIL-OSI Security: President and CEO of Las Vegas-Based Company Sentenced for Role in Investment Fraud Scheme Where He Stole Millions in Victim Investor Funds

    Source: US FBI

    LAS VEGAS — A Nevada man was sentenced yesterday to 51 months in prison and was ordered to pay $6.1 million in restitution stemming from his role in a years-long fraud scheme.

    According to court documents, Mykalai Kontilai, formerly Michael Contile, 55, of Las Vegas, facilitated an investment fraud scheme involving his company, Collector’s Coffee Inc., doing business as Collector’s Café (Collector’s Coffee), a company incorporated in California and headquartered in Las Vegas. From 2012 to 2018, Kontilai made or caused to be made numerous materially false and misleading representations to induce victims to invest in Collector’s Coffee — a company he claimed was on the verge of launching an online auction house for third-party owned collectibles, such as Hollywood and sport memorabilia. As a result of Kontilai’s numerous false and misleading statements, including that investor funds would be used for legitimate business purposes, that Kontilai had personally invested millions of his own money in the company, and that he did not take a salary, Kontilai successfully raised approximately $23 million from Collector’s Coffee investors. However, rather than using the proceeds as represented, Kontilai stole approximately $6.1 million for his own personal use, including for the purchase of luxury goods, apartments, and vehicles.

    The U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) began investigating Kontilai for misappropriating investor funds in or around 2017. Kontilai obstructed the investigation by forging documents that he caused to be transmitted to the SEC and lied under oath to the SEC. Kontilai was charged in connection with this conduct both in the present case on June 3, 2020, and in a separate case in the District of Colorado on March 10, 2020. While under investigation but prior to charging, Kontilai fled to Russia and was ultimately arrested on an Interpol Red Notice in Germany in 2023. He was extradited back to the United States to face the pending charges in May.

    On Nov. 21, Kontilai pleaded guilty to one count of wire fraud. As part of the plea agreement in this case, the government has moved to dismiss the Colorado case.

    Principal Deputy Assistant Attorney General Nicole M. Argentieri, head of the Justice Department’s Criminal Division; U.S. Attorney Jason M. Frierson for the District of Nevada; Special Agent in Charge Spencer L. Evans of the FBI Las Vegas Field Office; and Special Agent in Charge Carissa Messick, IRS Criminal Investigation (IRS-CI)’s Phoenix Field Office made the announcement.

    FBI and IRS-CI investigated the case. The Justice Department’s Office of International Affairs provided significant assistance in securing the extradition from Germany of Kontilai.

    Trial Attorneys Brandon Burkart and Sara Hallmark of the Criminal Division’s Fraud Section and Assistant U.S. Attorney Jessica Oliva for the District of Nevada prosecuted this case. Former Fraud Section Trial Attorney Emily Scruggs provided valuable assistance.

    ###

     

    MIL Security OSI

  • MIL-OSI Security: Private Investigator Sentenced to 18 Months in Prison for Acting as an Illegal Agent of the People’s Republic of China

    Source: US FBI

    Michael McMahon, a Former New York City Police Department Sergeant, Was Convicted at Trial for Participating in a Scheme to Stalk and Coerce a U.S. Resident to Return to the PRC as Part of the PRC’s “Operation Fox Hunt”

    Earlier today, in federal court in Brooklyn, Michael McMahon was sentenced by United States District Judge Pamela K. Chen to 18 months in prison for acting as an illegal agent of the government of the People’s Republic of China (PRC), as well as for interstate stalking and conspiracy to commit such acts in connection with his participation in a scheme to coerce a U.S. resident to return to the PRC as part of its international repatriation effort known as “Operation Fox Hunt.”  McMahon and co-defendants Zhu Yong and Congying Zheng were convicted by a federal jury in June 2023 following a three-week trial.  As part of his sentence, McMahon was also ordered to pay a fine of $11,000.

    John J. Durham, United States Attorney for the Eastern District of New York; Sue J. Bai, head of the Justice Department’s National Security Division; Terence G. Reilly, Acting Special Agent in Charge, Federal Bureau of Investigation, Newark Field Office (FBI); and Michael Alfonso, Acting Special Agent in Charge, Homeland Security Investigations, New York (HSI New York) announced the sentences. 

    “McMahon, a former law enforcement officer who swore an oath to protect the public, went rogue and dishonorably engaged in a scheme at the direction of the People’s Republic of China, terrorized victims living in the New York metropolitan area, and shattered their sense of safety and security,” stated United States Attorney Durham.  “Thanks to the efforts of law enforcement, the defendants’ plan to coerce the victims to return to China failed, and the defendants have instead been brought to justice for their role in China’s insidious Operation Fox Hunt.  My Office remains unwavering in its commitment to exposing and undermining efforts by foreign governments to perpetrate transnational repression schemes that threaten our national security interests and harm individuals living in the United States.” 

    Mr. Durham expressed his appreciation to the Department of State’s Diplomatic Security Service and the FBI’s New York Field Office for their work on the case. 

    “Most private investigators operate within the bounds of the law and ethical conduct. McMahon knew exactly what he was doing—and at trial, we proved his knowing and willing participation in this scheme,” stated FBI Special Agent in Charge Reilly.  “His client, the People’s Republic of China, has invested years and millions of dollars trying to silence dissent beyond its borders. When those efforts cross into our country, they threaten our national security.  The PRC needs to understand: we will not tolerate it.”

    “This defendant allowed himself to become a partner in the PRC’s cruel harassment and intimidation campaign,” stated HSI New York Special Agent in Charge Alfonso.  “HSI, together with our federal counterparts, will continue to outfox our adversaries’ attempts to circumvent U.S. regulations, undermine national security, and target the American public.”

    As proven at trial, between approximately 2016 and 2019, McMahon and his co-conspirators participated in an international campaign to threaten, harass, surveil, and intimidate John Doe #1 and his family in order to force him and his wife, Jane Doe #1, to return to the PRC to face purported corruption charges.  Beginning in 2012, John Doe #1 and Jane Doe #1 had been targeted for repatriation as part of the PRC’s transnational repression programs known as “Operation Fox Hunt” and “Operation Sky Net.”  John Doe #1 and his family had accordingly sought to keep their address out of public records.

    Yong hired McMahon, a retired NYPD sergeant working as a private investigator, to locate John Doe #1.  McMahon obtained sensitive information about John Doe #1, which he then reported back to Zhu and others, including a PRC police officer.  McMahon also conducted surveillance outside the New Jersey home of John Doe #1’s relative and provided Zhu and PRC officials with detailed reports of what he observed.  The operation was supervised and directed by several PRC officials, including a PRC police officer and a PRC prosecutor.

    As proven at trial, McMahon knew the operation was intended not only to locate John Doe #1, but to coerce him to return to the PRC by exerting pressure on his family members.  In April 2017, PRC officials threatened to jail John Doe #1’s sister, who lived in the PRC, in order to coerce John Doe #1’s then-82-year-old father to travel from the PRC to their relative’s home in New Jersey.  John Doe #1’s father, who had recently suffered a brain hemorrhage, was so frail that a doctor accompanied him for the trip.  McMahon followed John Doe #1’s father from the relative’s New Jersey home, and, by doing so, was able to learn John Doe #1’s address. McMahon immediately provided this information to a PRC operative. 

    On September 4, 2018, Zheng and another co-conspirator drove to the New Jersey residence of John Doe #1 and Jane Doe #1 – at the address that McMahon had provided – where they pounded on the front door, attempted to enter the house, and then peered through the windows in the back of the home.  They left a note on the front door informing John Doe #1 that his “wife and children will be okay” if John Doe #1 surrendered himself to face a ten-year prison term in the PRC.

    McMahon knew that the subjects of his investigation were wanted by the PRC government, a fact that he texted about with another investigator he hired to help him.  Following his arrest, McMahon acknowledged knowing that his employers wanted to get the victim back to China “so they could prosecute him.”  After providing the victims’ address, McMahon told his surveillance partner that he was “waiting for a call” to find out what to do next.  McMahon’s partner responded, “Yeah.  From NJ State Police about an abduction,” to which McMahon responded “Lol.”  McMahon later suggested to a PRC co-conspirator that they “harass” John Doe #1 by “[p]ark[ing] outside his home and let[ting] him know we are there.”  McMahon took other investigative steps designed to harass the victims, such as researching their daughter’s university residence and college major.

    McMahon was paid more than $19,000 in total for his role in the illegal repatriation scheme.  In an apparent attempt to conceal the source of payments from his PRC clients, McMahon deposited those payments into his son’s bank account, the only time he had done so with client payments.

    Previously, in January 2025, Zhu and Zheng were sentenced respectively to 24 months’ and 16 months’ imprisonment.  Three additional co-defendants pleaded guilty in connection with their roles in the PRC-directed harassment and intimidation campaign.  They are awaiting sentencing.  Five co-defendants in the indictment, Hu Ji, Li Minjun, Tu Lan, Zhu Feng, and Zhai Yongqiang are fugitives.

    The FBI has created a website for victims to report efforts by foreign governments to stalk, intimidate, or assault people in the United States.  If you believe that you are or have been a victim of transnational repression, please visit https://www.fbi.gov/investigate/counterintelligence/transnational-repression.

    The government’s case is being handled by the Office’s National Security and Cybercrime Section.  Assistant United States Attorneys Meredith A. Arfa and Irisa Chen are in charge of the prosecution, with assistance from Trial Attorneys Christine A. Bonomo and Scott A. Claffee of the National Security Division’s Counterintelligence and Export Control Section.  Paralegal Specialist Rebecca Roth also has provided valuable assistance.

    The Defendants:

    MICHAEL MCMAHON
    Age: 57
    Mahwah, New Jersey

    ZHU YONG
    Age: 68
    East Elmhurst, New York

    CONGYING ZHENG
    Age: 29
    Brooklyn, New York

    E.D.N.Y. Docket No. 21-CR-265 (S-1) (PKC)

    MIL Security OSI

  • MIL-OSI Security: Jury Convicts Two Defendants Who Were Charged with 23 Other Ohioans in Narcotics Distribution Ring

    Source: US FBI

    One defendant also convicted of sex-trafficking victims through use of drug withdrawals, violence

    COLUMBUS, Ohio – A federal jury has convicted two local men for their roles in a narcotics distribution ring involving bulk amounts of fentanyl, crack cocaine, cocaine, methamphetamine & other narcotics. As part of this case, the government has seized more than $1.7 million, 50 firearms, and nine vehicles, including a motorcycle. One of the defendants convicted at trial also sex-trafficked at least three adult victims.

    The jury found David Price, 56, of Columbus, guilty on all counts, and Tavaryyuan Johnson, 25, of Columbus, guilty on drug trafficking counts.

    The verdict was announced on Feb. 5 following a trial that began on January 13, 2025 before U.S. District Judge Edmund A. Sargus, Jr.

    A multi-agency law enforcement task force initially announced the case in July 2022 after a federal grand jury initially indicted 11 defendants for distributing bulk amounts of fentanyl, cocaine, and crack cocaine in central Ohio within 1,000 feet of a Columbus elementary school.

    A superseding indictment returned in October 2022 charged additional co-conspirators with distributing those same drugs in addition to methamphetamine, heroin, marijuana, Xanax and Oxycodone.

    Price, who is also known as “DP,” was charged in a third superseding indictment in December 2024 with 11 drug, firearm and sex trafficking crimes. He faces a minimum of 25 years and up to life in prison.

    Johnson is also known as “Gucci” and “TJ,” and was also charged in a third superseding indictment in December 2024. He was convicted of four drug offenses, including using a family residence in Columbus as his stash house for bulk amounts of narcotics. Johnson faces a minimum of 10 years and up to life in prison.

    According to court documents and trial testimony, the two men were part of a conspiracy to distribute and possess to distribute 400 grams or more of fentanyl, five kilograms or more of cocaine, 280 grams or more of “crack” cocaine and 100 grams or more of heroin, as well as marijuana, oxycodone and alprazolam. The drug trafficking organization operated from January 2008 until it was dismantled by law enforcement in 2022.

    Drug offenses took place at residences on Burgess and Harris avenues, which are within 1,000 feet of Burroughs Elementary School.

    In July 2021, Price distributed fentanyl, methamphetamine and cocaine that resulted in the overdose death of an adult female.  The testimony at trial indicated he purposefully killed her to get rid of her as she was talking to the police about his drug business.

    The government also proved beyond a reasonable doubt at trial that Price conspired to commit sex trafficking. From 2016 until 2022, Price and other members of the conspiracy would force and/or coerce adult female drug addicts into performing commercial sex acts by providing, withholding, or threatening to withhold controlled substances and lodging. Law enforcement’s investigation showed that various women engaged in a “rinse and repeat” cycle where they would be allowed to stay at a drug residence associated with Price, receive a front of drugs so they were not in active drug withdrawal, go to Sullivant Avenue, have sex for money, pay the debt from the front drugs, and then be allowed to remain at the house.

    Price was also found guilty of three counts of sex trafficking related to his violence and coercion towards three adult females.  The testimony at trial indicated that he would lock the females inside his residence for days or weeks at a time and refuse to let them leave, forcing them to engage in sex acts.  One victim was locked in a dog cage, shot and stabbed by Price. Another was restrained.  A third was beaten and choked and left with a black eye. Price would refuse to provide them drugs unless or until they engaged in the sex acts, forcing them into withdrawal if they did not comply.

    U.S. Attorney Kenneth L. Parker commended the investigation coordinated by Ohio Attorney General Dave Yost’s Ohio Organized Crime Investigations Commission task force, which includes Columbus Division of Police Chief Elaine Bryant; Angie M. Salazar, Special Agent in Charge, Homeland Security Investigations (HSI) Detroit; and Andrew Lawton, Acting Special Agent in Charge, U.S. Drug Enforcement Administration (DEA). Other agencies that have assisted the task force with the investigation include the Franklin County Sheriff’s Office, HIDTA Task Force, IRS-Criminal Investigation, FBI, Ohio Bureau of Criminal Investigations (BCI), Ohio National Guard Counter Drug Task Force, Pickerington Police Department, New Albany Police Department, and the Fairfield County Sheriff’s Office SWAT Team.

    Assistant United States Attorneys Timothy Prichard and Emily Czerniejewski are representing the United States in this case.

    This case is part of an Organized Crime Drug Enforcement Task Forces (OCDETF) operation. OCDETF identifies, disrupts and dismantles the highest-level criminal organizations that threaten the United States using a prosecutor-led, intelligence-driven, multi-agency approach. Additional information about OCDETF can be found at https://www.justice.gov/OCDETF.

    # # #

    MIL Security OSI

  • MIL-OSI Security: Seven Chilean Nationals Charged in Connection with Residential Burglaries in Multiple States

    Source: US FBI

    NEWARK, N.J. – Seven members of an interstate burglary crew were charged for conspiring to target homeowners across multiple states in residential burglaries, Acting U.S. Attorney Vikas Khanna announced.

    Christofer Sanguesa Aguirre, Fabiana Prado Scatarzi, Santana Arturo Castillo Gonzalez, Felipe Andres Del Valle Munoz, Carlos Alfredo Calderon Valencia, Diego Antonio Calderon Leiva, and Pedro Alejandro Salgado Vallejos, all Chilean nationals, were each charged by complaint with one count of conspiracy to sell and receive stolen property that had crossed state lines and one count of receiving stolen property that had crossed state lines.

    “Residential burglaries have a traumatic and personal impact upon the people whose homes are violated.  Seven Chilean nationals have been charged with conspiring to target homeowners in residential burglaries across multiple states from New Jersey to Massachusetts, resulting in the theft of expensive wristwatches, designer handbags, and thousands of dollars in cash.  This office will continue to pursue those who commit these serious crimes.”

    Acting U.S. Attorney Vikas Khanna

    “We allege these men and women ransacked houses here in New Jersey and the East Coast, and then quickly traveled across the country, stealing over one hundred thousand dollars in valuables from private homes.” FBI-Newark Special Agent-in-charge Brian J. Driscoll, Jr. said.  “These alleged criminals are part of South American theft groups who have been coming in and out of the United States for months.  They hit an area and immediately disappear, using fake identifications and short-term rentals to evade getting caught.  It’s like chasing ghosts.  We put in a tremendous amount of hard work with incredible partner agencies from here to Oregon.  We caught this group—and a warning to others, this doesn’t end here.”

    “This is another outstanding example how cooperation, both on a local and national level amongst law enforcement agencies, yields positive outcomes for public safety in our communities,” said Immigrations and Customs Enforcement – Enforcement and Removal Operations, Newark Field Office Director John Tsoukaris.  “ERO’s contributions to this investigation, initially with the defendants’ arrests on immigration charges, were critical in facilitating the criminal charges.”

    “To disrupt these fast-moving, well-traveled crime networks, it often takes strong collaboration and state-of-the-art technology.  Thankfully, we have both,” said Port Authority Police Superintendent Edward Cetnar.  “By working together and leveraging our advanced technology, including CCTV and ALPR systems, we were able to track these subjects across state lines so that we could assist our law enforcement partners in apprehending them.  This operation is a testament to the strength of cooperation throughout our vast law enforcement family, including our longtime partners at the FBI Newark Joint Organized Crime Task Force and the New Jersey U.S. Attorney’s Office.”

    Sanguesa Aguirre and Castillo Gonzalez appeared on January 15, 2025, before U.S. Magistrate Judge Cathy L. Waldor in Newark federal court and were detained.  Del Valle Munoz and Calderon Valencia had their initial appearances on January 15, 2025, before U.S. Magistrate Judge Theresa L. Fricke in federal court in Tacoma, Washington, and were detained.  Calderon Leiva had his initial appearance on January 15, 2025, before U.S. Magistrate Judge Daryl F. Bloom in federal court in Harrisburg, Pennsylvania and was detained. Prado Scatarzi appeared before U.S. Magistrate Judge Carol B. Whitehurst in federal court in Lafayette, Louisiana today and was detained.  Salgado Vallejos appeared before U.S. Magistrate Judge Paul G. Levenson in federal court in Boston, Massachusetts today and was detained.

    According to documents filed in this case and statements made in court:

    The defendants were part of a sophisticated burglary ring that committed multiple residential burglaries in November 2024 in New Jersey and Massachusetts.  The defendants conspired to possess large amounts of jewelry, watches, designer handbags, and other valuable goods, among other items, with the losses totaling over $100,000.

    Law enforcement searched a vehicle the defendants were using to transport the stolen goods and recovered multiple pieces of jewelry, designer handbags and belts, perfume bottles, paper currency, watches, and other valuable items, alongside tools commonly used to burglarize residences. After law enforcement stopped the vehicle, Del Valle Munoz and Calderon Valencia fled across the country, eventually appearing near Seattle, Washington before traveling to a residence in Carlton, Oregon.  Law enforcement searched the residence where Del Valle Munoz, Calderon Valencia, and others had arrived and recovered bags and backpacks containing additional gold jewelry, diamonds, and watches, along with additional burglary tools.

    The charge of conspiracy to sell or receive stolen property carries a maximum penalty of five years in prison; and the charge of receipt of stolen property carries a maximum potential penalty of ten years in prison. Both charges also carry a maximum potential penalty of up to a $250,000 fine, or twice the amount of money involved in the offense, whichever is greater.

    Acting U.S. Attorney Khanna credited the FBI Newark’s Joint Organized Crime Task Force (JOCTF), under the direction of Special Agent in Charge Brian J. Driscoll, Jr. in Newark; Immigration and Customs Enforcement – Enforcement and Removal Operations, under the direction of Field Office Director John Tsoukaris; and the Port Authority of New York and New Jersey Police Department, under the direction of Superintendent of Police Edward T. Cetnar, with the investigation leading to the charges. He also thanked the Colts Neck Police Department, Keansburg Police Department, Fort Lee Police Department, Paramus Police Department, New Jersey State Police, Monmouth County Prosecutor’s Office, Spring Valley Police Department (NY), Town of Greenburgh Police Department (NY), Wellesley Police Department (MA), Westwood Police Department (MA), Massachusetts State Police, Renton Police Department (WA), King County Sheriff’s Office (WA), Tukwila Police Department (WA), Oregon State Police, Yamhill County Sheriff’s Office (OR), Carlton Police Department (OR), Denver Police Department (CO), Pennsylvania State Police, Novi Police Department (MI), ICE/ERO Portland, ICE/ERO Seattle, U.S. Customs and Border Protection, FBI New York, FBI Philadelphia, FBI Seattle, FBI Portland, FBI Denver, FBI New Orleans, FBI Boston, and FBI Legal Attaché Santiago, Chile.

    Anyone who believes they may be a victim, or has information about the theft group or burglaries, is asked to call 1-800-CALL-FBI, submit the information online at tips.fbi.gov, or call a local field office.

    The government is represented by Assistant U.S. Attorney Trevor A. Chenoweth of the Narcotics/OCDETF Unit in Newark.

    The charges and allegations contained in the complaint are merely accusations, and the defendants are presumed innocent unless and until proven guilty.

                                                                 ###

    Defense counsel:

    Christofer Sanguesa Aguirre: Claressa Lowe, Esq., Newark, New Jersey

    Fabiana Prado Scatarzi:  James N. Green, Esq., Lafayette, Louisiana

    Santana Arturo Castillo Gonzalez: Michael Simon, Esq., Mountainside, New Jersey

    Felipe Andres Del Valle Munoz: John Carpenter, Esq., Tacoma, Washington

    Carlos Alfredo Calderon Valencia: Thomas Weaver, Esq., Bremerton, Washington

    Diego Antonio Calderon Leiva: Thomas Thornton, Esq., Harrisburg, Pennsylvania

    Pedro Alejandro Salgado Vallejos: Michael Tumposky, Esq., Boston, Massachusetts

    MIL Security OSI

  • MIL-OSI New Zealand: Legislation – Regulatory Standards Bill inflicts ACT’s far-right principles on Aotearoa – Greenpeace

    Source: Greenpeace

    The Government is facing backlash over David Seymour’s controversial Regulatory Standards Bill which passed its first reading today, under the shadow of the Budget.
    “After the uproar over the Treaty Principles Bill, the Luxon Government looks to be trying to keep Seymour’s latest unpopular Bill quiet. They’ve clearly chosen to introduce it in Budget week to minimise scrutiny,” said Greenpeace spokesperson Gen Toop.
    “The Regulatory Standards Bill tries to make all future lawmakers in government follow a rigid set of the ACT Party’s far-right principles – prioritising corporate interests over people, nature, and Te Tiriti,” says Toop.
    The Bill was also the subject of a Waitangi Tribunal inquiry, brought by over 13,000 claimants. The Tribunal found the Crown had breached its Te Tiriti o Waitangi obligations and called on the Crown to halt further work on the controversial bill until it consults with Māori.
    One of the principles in the Regulatory Standards Bill would create a new and unprecedented expectation that the Crown compensate corporations if environmental or public interest laws affect their property.
    “It’s a simple principle: polluters should pay – not be paid by the public. But Seymour’s bill turns that on its head,” says Toop.
    “If this bill becomes law, corporations like ExxonMobil, Fonterra and Monsanto would expect taxpayer handouts when the government introduces basic environmental or public protections.”
    “These extreme neoliberal ideas have no place in our legal system here in Aotearoa, where we have long valued fairness and collective responsibility rather than individual entitlements to harm nature or others under the guise of freedom,” says Toop.
    Greenpeace, along with Forest & Bird, WWF-New Zealand and the Environmental Defence Society, issued an open letter to the Prime Minister on Monday calling on him to reject the Regulatory Standards Bill, warning that it is an “unprecedented threat” to environmental protection, climate action, and the country’s democratic and constitutional foundations.

    MIL OSI New Zealand News

  • MIL-OSI New Zealand: NZ and Australia: navigating turbulent times together

    Source: NZ Music Month takes to the streets

    New Zealand and Australia are redoubling our efforts to navigate an increasingly challenging strategic environment together, Foreign Minister Winston Peters says.

    “It’s been an honour to be hosted in Adelaide today by Australia’s Foreign Minister Penny Wong,” Mr Peters says. 

    “We wanted to get across the Tasman as soon as possible after the Australian general election because there is so much for us to tackle together.

    “New Zealand and Australia face an unpredictable, contested and disordered region and world. We are strongest when we meet these challenges together.”   

    Ministers Peters and Wong meet formally for Australia–New Zealand Foreign Minister Consultations twice a year. Today’s FMCs in Adelaide follow those held in Melbourne and Auckland in 2024 and covered bilateral cooperation, priorities in the Pacific, regional security in the Indo-Pacific and global tensions and developments. 

    “Australia is New Zealand’s closest, most important and most likeminded partner, and it has been invaluable to discuss in detail with Minister Wong today how we will work together in the period ahead on the issues that matter most to our countries and our peoples,” Mr Peters says.

    “The global environment is such that New Zealand and Australia face more concerted threats to our interests and values than we have for generations. In that context, we have been able today to update each another on our respective government priorities at an important moment in our countries’ political cycles, while focusing on how and where we can cooperate for mutual benefit.

    “Our relationship is as strong as ever, and we are committed to maintaining this close bond now that Prime Minister Albanese, Foreign Minister Wong and their colleagues have secured a second term.

    “These consultations highlight not just the value New Zealand places in our relationship with Australia, but also our enduring commitment to work together to promote our shared international goals, such as Pacific development and security,” Mr Peters says. 

    Minister Peters will depart Australia for Sri Lanka tomorrow, where he will begin a tour of South Asia

    MIL OSI New Zealand News

  • MIL-OSI Security: Alabama Man Sentenced for Assaulting Law Enforcement and Other Charges During January 6 Capitol Breach

    Source: US FBI

               WASHINGTON – An Alabama man was sentenced to prison on Nov. 15, 2024, after he was previously convicted of multiple felony and misdemeanor offenses, including assaulting law enforcement during the Jan. 6, 2021, breach of the U.S. Capitol. His actions and the actions of others disrupted a joint session of the U.S. Congress convened to ascertain and count the electoral votes related to the 2020 presidential election.

               Bryan Shawn Smith, 37, of Huntsville, Alabama, was sentenced to 34 months in prison, 36 months of supervised release, and ordered to pay a $2,000 fine by U.S. District Judge Randolph D. Moss.

               Smith was previously convicted of felony offenses of civil disorder, assaulting, resisting, or impeding certain officers, and misdemeanor offenses of entering and remaining in a restricted building or grounds, disorderly and disruptive conduct in a restricted building or grounds, engaging in physical violence in a restricted building or grounds, and act of physical violence in the Capitol grounds or buildings following a bench trial before Judge Moss.

               According to court documents and evidence presented during the trial, Smith was present on the Lower West Terrace of the Capitol building on Jan. 6, 2021, and was captured on police body-worn camera footage at approximately 2:10 p.m. confronting officers at a security barricade in this area. As rioters breached the security barricades on the Lower West Terrace, a group of officers fell back behind a door underneath the inaugural stage scaffolding. About 45 seconds later, the door was opened, and Smith held the door open and refused an officer’s command to step away from the doorway to allow the officer to close it.

               Evidence at trial showed that Smith later made his way to the Lower West Terrace Tunnel, the site of some of the most violent attacks against law enforcement on January 6th. As he entered the Tunnel, Smith carried a stun gun. At approximately 2:53 p.m., Capitol building surveillance footage captured Smith spark the stun gun and pass it to another rioter in the Tunnel. Within approximately one minute, the stun gun was passed from the rioter who received it from Smith to another rioter and then to yet another rioter.

               Court documents say that Smith then exited the Tunnel quickly after passing off the stun gun and pumped his fist in an apparent effort to inspire others in the large crowd to press into the Tunnel and continue the riot. A rioter who later received the stun gun, Vitali Gossjankowski, later exited the Tunnel and used the stun gun in at least one attempt to assault an officer who was already under assault by other rioters.

               Smith entered the Tunnel a third time at approximately 3:16 p.m. and made his way to the front of the mob in the Tunnel. Inside the Tunnel, Smith joined a group of rioters violently pushing against the police line in an attempt to breach the Capitol. Here, Smith witnessed rioters physically assault police and helped push other rioters into the police line.

               The FBI arrested Smith on Dec. 4, 2022, in Huntsville.

               The U.S. Attorney’s Office for the District of Columbia and the Department of Justice National Security Division’s Counterterrorism Section prosecuted this case. The U.S. Attorney’s Office for the Northern District of Alabama provided valuable assistance.

               The FBI’s Birmingham and Washington Field Offices investigated this case. The United States Capitol Police and the Metropolitan Police Department provided valuable assistance.

               In the 46 months since Jan. 6, 2021, more than 1,561 individuals have been charged in nearly all 50 states for crimes related to the breach of the U.S. Capitol, including more than 590 individuals charged with assaulting or impeding law enforcement, a felony. The investigation remains ongoing.

               Anyone with tips can call 1-800-CALL-FBI (800-225-5324) or visit tips.fbi.gov.

    MIL Security OSI

  • MIL-OSI Security: Arizona Man Sentenced for Making Online Threats Against Public Servants Including Federal Officials

    Source: US FBI

    Michael Lee Tomasi, 38, of Rio Verde, Arizona, was sentenced yesterday to 15 months in prison and 36 months of supervised release for making online threats against public servants, including federal officials. Tomasi also was ordered to forfeit an assault rifle, handgun, shotgun, gun magazines, and thousands of rounds of ammunition. Tomasi pleaded guilty to one count of making threats against public officials on Aug. 13.

    “After making vile threats to execute and sexually assault FBI agents and employees, state and local law enforcement officials, and other public servants, Michael Tomasi told the FBI to ‘come to my house and see what happens’ — what has happened is that he will spend 15 months in federal prison,” said Attorney General Merrick B. Garland. “I am grateful to the brave public servants of the FBI for bringing this defendant to justice and for the difficult and dangerous work they do every day to keep the American people safe.”

    “Threatening law enforcement officers and other public officials will not be tolerated, whether it involves our own FBI personnel, police officers patrolling their communities, or government officials carrying out their work,” said FBI Director Christopher Wray. “I take it very personally that anyone would threaten FBI personnel who work tirelessly to protect the American people from a variety of threats and often put themselves in harm’s way while carrying out their duties. We will continue to work with our partners to hold accountable those who threaten violence against law enforcement officers and other public servants.”

    “Civil discourse and civic dialogue are fundamental to a democratic society,” said U.S. Attorney Gary Restaino for the District of Arizona. “But the incitement of violence is not: we will continue our efforts to prosecute those who make true threats against public officials and law enforcement officers.”

    From May 2021 through November 2023, while living in Colorado and Arizona, Tomasi used a social media platform to express a desire to incite violence and threaten a variety of individuals and groups, including a city district attorney, a state court judge, a member of Congress and other federal officials and law enforcement officers. Tomasi pleaded guilty to posting a threat on Aug. 26, 2023, to kill FBI agents in order to impede, intimidate, or interfere with FBI agents’ performance of their official duties. Specifically, Tomasi admitted that, on that day, he posted: “Shoot the FBI first and ask questions later. . . . Any FBI [] have a problem with that[,] come to my house and see what happens. Shoot before they even pull their guns out of their trunk and you shoot to kill.”

    The FBI investigated the case.

    Assistant U.S. Attorneys Raymond K. Woo and Abbie Broughton Marsh for the District of Arizona prosecuted the case, with valuable assistance provided by Trial Attorney Dmitriy Slavin of the National Security Division’s Counterterrorism Section.

    MIL Security OSI

  • MIL-OSI Security: Arizona Man Charged With Felony Assault of Law Enforcement Officers and Other Counts During January 6 Capitol Breach

    Source: US FBI

               WASHINGTON — An Arizona man self-surrendered and was arrested today for allegedly assaulting law enforcement officers and other charges related to his alleged conduct during the Jan. 6, 2021, breach of the U.S. Capitol. His alleged actions and the actions of others disrupted a joint session of the U.S. Congress convened to ascertain and count the electoral votes related to the 2020 presidential election.

               David Caleb Crosby, 35, of Phoenix, Arizona, is charged in a criminal complaint filed in the District of Columbia with assaulting, resisting, or impeding certain officers; entering and remaining in a restricted building or grounds; engaging in physical violence in a restricted building or grounds; disorderly conduct in a Capitol building or grounds; and engaging in an act of physical violence in the grounds or any of the Capitol buildings. 

               The FBI arrested Crosby today in Phoenix. He will make his initial appearance in the District of Arizona.

               According to court documents, on January 6, 2021, Crosby confronted police attempting to hold a police line located on the U.S. Capitol’s Lower West Plaza. Crosby allegedly used his back and body to repeatedly ram into bike racks serving as police barricades.

               Videos recorded Crosby repeatedly backing into the police line, even as officers repeatedly shoved him away and issued commands to back up. Two officers from the Metropolitan Police Department (MPD) used a Mk 46 “super soaker” to deploy chemical irritants in efforts to repel him. But even after being directly sprayed by these irritants and specifically ordered to back up, Crosby continued to ram his back into the police line. Crosby’s efforts appeared to encourage other rioters to also confront the police line. Crosby’s pushes against the police line were thwarted only when MPD officers pulled him over the top of these barricades and detained him.

               This case was prosecuted by the U.S. Attorney’s Office for the District of Columbia and the Department of Justice National Security Division’s Counterterrorism Section. Valuable assistance was provided by the U.S. Attorney’s Office for the District of Arizona.

               This case is being investigated by the by the FBI’s Phoenix and Washington Field Offices, which identified Crosby as BOLO (Be on the Lookout) AFO (Assault on Federal Officer) #248 on its seeking information photos. Valuable assistance was provided by  the U.S. Capitol Police and the Metropolitan Police Department.

               In the 47 months since Jan. 6, 2021, more than 1,572 individuals have been charged in nearly all 50 states for crimes related to the breach of the U.S. Capitol, including more than 590 individuals charged with assaulting or impeding law enforcement, a felony. The investigation remains ongoing.

               Anyone with tips can call 1-800-CALL-FBI (800-225-5324) or visit tips.fbi.gov.

               A complaint is merely an allegation, and all defendants are presumed innocent until proven guilty beyond a reasonable doubt in a court of law.

    MIL Security OSI

  • MIL-OSI Security: Participants in ‘Tech Support’ Scheme Charged with Conspiracy to Launder Fraudulent Proceeds

    Source: US FBI

    TUCSON, Ariz. – On December 11, 2024, a federal grand jury in Tucson returned an elder fraud indictment against Ahmed Maqbul Syed, 57, and Rupesh Chandra Chintakindi, 27, both citizens of India, for Conspiracy to Commit Money Laundering. Syed was also charged with Conspiracy to Commit Wire Fraud.

    The indictment alleges that Syed, Chintakindi, and others conspired to launder fraudulent proceeds derived from schemes targeting elderly victims around the United States, including Arizona. Generally, victims were lured into the schemes when they observed a “pop-up” display on their computer, indicating their computer had been hacked or there was another issue. Victims were directed to contact “tech support” or “government representatives” to resolve the issue. In fact, victims were directed to other conspirators in the scheme who further convinced the victims that their accounts had been hacked and their information had been compromised, which was not true. The conspirators then instructed the victims to withdraw or transfer money by telling them, for example, that they needed to protect their money and accounts.

    Victims were directed to purchase gold from various gold dealers and to withdraw cash. They were then told that individuals purporting to be representatives of the government would retrieve the gold and cash from the victims. Victims were also directed to purchase gift cards from various private businesses and transfer the gift card numbers to individuals they were led to believe would help them. At least one victim was also directed to make cash deposits into a bitcoin ATM.

    Convictions for Conspiracy to Commit Money Laundering and Conspiracy to Commit Wire Fraud each carry a maximum penalty of 20 years in prison and a $250,000 fine.

    Syed has been arrested on the charges, and the Court has ordered him detained pending trial. An indictment is simply a method by which a person is charged with criminal activity and raises no inference of guilt. An individual is presumed innocent until evidence is presented to a jury that establishes guilt beyond a reasonable doubt.

    The Federal Bureau of Investigation (Indianapolis and Phoenix Divisions) and the Marana (Arizona) Police Department conducted the investigation. Other local law enforcement agencies from Arizona, Illinois, Wisconsin, Texas, and Indiana also assisted with the investigation. The United States Attorney’s Office, District of Arizona, Tucson, is handling the prosecution.
     

    CASE NUMBER:           CR-24-08825-TUC-JCH
    RELEASE NUMBER:    2024-181_Syed

     

    # # #

    For more information on the U.S. Attorney’s Office, District of Arizona, visit http://www.justice.gov/usao/az/
    Follow the U.S. Attorney’s Office, District of Arizona, on X @USAO_AZ for the latest news.

     

    MIL Security OSI

  • MIL-OSI Security: Brooklyn Man Admits to Fraudulently Entering Competitor Laboratory, Destroying and Stealing Equipment

    Source: US FBI

    NEWARK, N.J. –  A Brooklyn, New York man admitted to having entered a laboratory business on false pretenses and destroying and stealing that business’ equipment, U.S. Attorney John Giordano announced.

    Eric Leykin, 33, of Brooklyn, New York, pleaded guilty before U.S. District Judge Esther Salas in Newark federal court to a one-count indictment charging him with wire fraud.

    According to documents filed in this case and statements made in court:

    Leykin was the CEO of a clinical reference laboratory based in New Jersey. Leykin’s laboratory competed against the victim business, another clinical reference laboratory also based in New Jersey.  On June 30, 2022, Leykin bought and activated a prepaid mobile phone and called an employee of the victim business, claiming to be a technician with a vendor that the victim business used to service its laboratory equipment. On that false pretense, Leykin arranged with the victim business’ employee to come to the victim business on the following day, supposedly to service the victim business’ laboratory equipment. On July 1, 2022, the date of the supposed service appointment, Leykin went to the victim business, entered the premises fraudulently posing as a vendor technician, and proceeded to destroy a significant amount of the victim business’ laboratory and computer equipment. Leykin also stole multiple hard drives housed within the victim business’ equipment.

    The wire fraud count carries a maximum potential penalty of 20 years in prison and a maximum fine of either $250,000 or twice the gain or loss from the offense, whichever is greatest. Sentencing is scheduled for July 22, 2025.

    U.S. Attorney Giordano credited special agents of the FBI, under the direction of Acting Special Agent in Charge Terence G. Reilly in Newark, with the investigation leading to the guilty plea.  U.S. Attorney Giordano also thanked the Essex County Prosecutor’s Office, under the direction of Prosecutor Theodore N. Stephens II, and the Millburn Police Department, under the direction of Chief Brian Gilfedder, for substantial assistance provided to the investigation.

    The government is represented by Assistant U.S. Attorneys Andrew M. Trombly, Deputy Chief of the Cybercrime Unit, and Chana Y. Zuckier of the Bank Integrity, Recovery, and Money Laundering Unit.

                                                               ###

    Defense counsel: Albert Dayan, Esq.; Robert DeGroot, Esq.; Oleg Nekritin, Esq.

    MIL Security OSI

  • MIL-OSI Security: Paterson Firearms Trafficker Indicted on Firearm Offenses, Including Possession of Machine Guns

    Source: US FBI

    NEWARK, N.J. – A Paterson man was indicted today by a federal grand jury for his role in committing firearms offenses after authorities discovered dozens of illicit firearms, including 3D-printed “ghost” gun frames, machine gun conversion devices, firearm silencers, short-barreled rifles, hundreds of rounds of ammunition, and a 3D printer in his residence, U.S. Attorney John Giordano announced.

    Mikhail Gouldson, 36, of Paterson, New Jersey, is charged in a five-count indictment with one count of dealing in firearms without a license, one count of possession of a firearm and ammunition by a convicted felon, one count of possession of machineguns, one count of possession of unregistered firearms and one count of attempted trafficking in firearms. Gouldson, who was previously charged by complaint, will be arraigned on a date to be determined.

    According to documents filed in this case and statements made in court:

    Over the course of the investigation, law enforcement intercepted multiple shipments of weaponry that were mailed to Gouldson’s residence. After searching Gouldson’s residence, law enforcement recovered large quantities of firearms and ammunition, as well as 3D printing equipment.

    The dealing in firearms without a license count carries a maximum penalty of 5 years’ imprisonment. The possession of firearms and ammunition by a convicted felon and attempted trafficking in firearms counts each carries a maximum penalty of 15 years’ imprisonment. The possession of machineguns and unregistered firearms counts each carries a maximum penalty of 10 years’ imprisonment. Each of the counts carries a maximum fine of $250,000.

    U.S. Attorney John Giordano credited special agents of the United States Department of Homeland Security, Homeland Security Investigations Newark, under the direction of Ricky J. Patel; the Federal Bureau of Investigation, under the direction of Acting Special Agent in Charge Terence G. Reilly in Newark; the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, Newark Field Division, under the direction of Special Agent in Charge L.C. Cheeks, Jr.; and the postal inspectors of the United States Postal Inspection Service, Philadelphia Division, under the direction of Inspector in Charge Christopher A. Nielsen, with the investigation leading to today’s charges.

    This case was prosecuted under the new criminal provisions of the Bipartisan Safer Communities Act of June 2022.  The Act is the first federal statute specifically designed to target the unlawful trafficking and straw-purchasing of firearms

    This case is part of Project Safe Neighborhoods (PSN), a program bringing together all levels of law enforcement and the communities they serve to reduce violent crime and gun violence, and to make our neighborhoods safer for everyone. On May 26, 2021, the department launched a violent crime reduction strategy strengthening PSN based on these core principles: fostering trust and legitimacy in our communities, supporting community-based organizations that help prevent violence from occurring in the first place, setting focused and strategic enforcement priorities, and measuring the results.

    This case is also part of the Paterson Violent Crime Initiative (VCI), which was formed in 2020 by the U.S. Attorney’s Office for the District of New Jersey, the Passaic County Prosecutor’s Office, and the City of Paterson’s Department of Public Safety for the purpose of combatting violent crime in and around Paterson. As part of this partnership, federal, state, county, and city agencies collaborate and pool resources to prosecute violent offenders who endanger the safety of the community. The VCI is composed of the U.S. Attorney’s Office, the FBI, the ATF, the Drug Enforcement Administration, the U.S. Marshals, the Paterson Department of Public Safety, the Paterson Police Department, the Passaic County Prosecutor’s Office, the Passaic County Sheriff’s Office, N.J. State Parole, Bergen County Jail, N.J. State Police Regional Operations and Intelligence Center/Real Time Crime Center, and N.J. Department of Corrections.

    The government is represented by Assistant U.S. Attorney Daniel H. Rosenblum of the Narcotics/OCDETF Unit in Newark.

    The charges and allegations contained in the indictment are merely accusations, and the defendant is presumed innocent unless and until proven guilty.
     

    MIL Security OSI

  • MIL-OSI Security: Arkansas Man Arrested for Allegedly Assaulting Law Enforcement and Other Charges During January 6 Capitol Breach

    Source: US FBI

            WASHINGTON — An Arkansas man was arrested today for allegedly assaulting law enforcement and other charges related to his conduct during the Jan. 6, 2021, breach of the U.S. Capitol. His alleged actions and the actions of others disrupted a joint session of the U.S. Congress convened to ascertain and count the electoral votes related to the 2020 presidential election.

                David Michael Camden, 45, of Tontitown, Arkansas, is charged in a criminal complaint filed in the District of Columbia with felony offenses of assaulting, resisting, or impeding certain officers and civil disorder.  In addition to the felonies, Camden is also charged with several misdemeanor offenses, including entering and remaining in a restricted building or grounds, disorderly and disruptive conduct in a restricted building or grounds, engaging in physical violence in a restricted building or grounds, disorderly conduct in a Capitol building, and act of physical violence in the Capitol grounds or buildings.

                The FBI arrested Camden today in Fayetteville, and he is expected to make his initial appearance in the Western District of Arkansas.

                According to court documents, it is alleged that Camden was identified on Jan. 6, 2021, approaching a bike rack barricade separating police officers from rioters gathered on the West Front of Capitol grounds. Here, Camden yelled at officers and allegedly pushed a bike rack barricade into a line of U.S. Capitol Police Officers in an apparent attempt to breach the line at this location. In response, officers successfully repelled Camden’s advance and deployed a chemical irritant in his direction to preempt further aggression.

                After this incident, it is alleged that Camden remained on Capitol grounds as the riot further developed. At approximately 2:11 p.m., court documents say that Camden deployed a fire extinguisher toward an assembled police line. Camden later moved to a media tower assembled for the upcoming Inauguration, and once he arrived at the media tower, Camden climbed the tower and waived a “Three Percenters” flag above the mob of rioters. Court documents say that “Three Percenters” are an American far-right anti-government militia.  

                This case is being prosecuted by the U.S. Attorney’s Office for the District of Columbia and the Department of Justice National Security Division’s Counterterrorism Section. Valuable assistance was provided by the U.S. Attorney’s Office for the Western District of Arkansas.

                The case is being investigated by the FBI’s Little Rock and Washington Field Offices. Camden was identified as BOLO (Be on the Lookout) #286 on the FBI’s seeking information images. Valuable assistance was provided by the U.S. Capitol Police and the Metropolitan Police Department.

                 In the 41 months since Jan. 6, 2021, more than 1,450 individuals have been charged in nearly all 50 states for crimes related to the breach of the U.S. Capitol, including more than 500 individuals charged with assaulting or impeding law enforcement, a felony. The investigation remains ongoing. 

                Anyone with tips can call 1-800-CALL-FBI (800-225-5324) or visit tips.fbi.gov.

                A complaint is merely an allegation, and all defendants are presumed innocent until proven guilty beyond a reasonable doubt in a court of law.

    MIL Security OSI

  • MIL-OSI Security: World Day Against Trafficking in Persons

    Source: US FBI

    LITTLE ROCK, AR—Today, the FBI recognizes World Day Against Trafficking of Persons. The FBI investigates over 1,000 cases of human trafficking each year and is continually evolving and adapting efforts and resources to outpace this rapidly growing criminal industry.

    The most effective way to investigate human trafficking is through a collaborative, multi-agency approach with our federal, state, local, and tribal partners. FBI Child Exploitation and Human Trafficking Task Forces operate within nearly every FBI field office. These task forces seek to recover victims and investigate traffickers at the state and federal level.

    Human trafficking is the illegal exploitation of a person for labor or services. Anyone can be a victim of human trafficking, and it can occur in any U.S. community—cities, suburbs, and even rural areas. The FBI investigates human trafficking cases under its Crimes Against Children and Human Trafficking program. We take a trauma informed, victim-centered approach to these cases.

    “Human trafficking is one of the most vile and horrific crimes the FBI investigates,” said FBI Little Rock Special Agent in Charge Alicia D. Corder. “FBI Little Rock relentlessly works with our law enforcement partners, non-governmental agencies, and other nonprofits on the frontline to combat human trafficking in Arkansas.”

    Since 2020, the FBI has received nearly 2000 human trafficking tips from the public. While all reports have not resulted in investigations, the FBI encourages the public to continue to report suspicion of human trafficking activity.

    More information about how the FBI investigates human trafficking can be found on the FBI website.

    To report human trafficking, call the National Human Trafficking Resource Center (NHTRC) at 1-888-373-7888 or text 233733. NHTRC is a national, toll-free hotline, with specialists available to answer calls from anywhere in the country, 24 hours a day, seven days a week. Tips can also be submitted on the NHTRC website. Tips involving children in trafficking situations should be submitted through the National Center for Missing & Exploited Children’s CyberTipline or call 1-800-THE-LOST.

    MIL Security OSI

  • MIL-Evening Report: ‘Starving’ masked Palestine protesters condemn Luxon’s Gaza ‘appeasement’

    Asia Pacific Report

    Protesting New Zealanders donned symbolic masks modelled on a Palestinian artist’s handiwork in Auckland’s Takutai Square today to condemn Israel’s starvation as war weapon against Gaza and the NZ prime minister’s weak response.

    Coming a day after the tabling of Budget 2025 in Parliament, peaceful demonstrators wore hand-painted masks inspired by Gaza-based Palestinian artist Reem Arkan, who is fighting for her life alongside hundreds of thousands of the displaced Gazans.

    The “bodies” represented more than 53,000 Palestinians killed by Israel’s brutal 19-month war on Gaza.

    The protest coincided with Prime Minister Christopher Luxon addressing the Trans-Tasman Business Circle in Auckland.

    The demonstrators said they chose this moment and location to “highlight the alarmingly tepid response” by the New Zealand government to what global human rights organisations — such as Amnesty International and Human Rights Watch — have branded as war crimes and acts of collective punishment amounting to genocide.

    “This week, we heard yet another call for Israel to abide by international law. This is not leadership. It’s appeasement,” said a spokesperson, Olivia Coote.

    “The time for statements has long passed. What we are witnessing in Gaza is a humanitarian catastrophe, and New Zealand must impose meaningful sanctions.

    “Israel’s actions, including the deliberate targeting of civilian infrastructure, forced displacement, and obstruction of humanitarian aid, constitute grave breaches of the Geneva Conventions of which we are signatories.”

    A self-portrait by Palestinian artist Reem Arkan who depicts the suffering of Gaza – and the beauty – in spite of the savagery of the Israel attacks. Image: Insta/@artist_reemarkan

    Green Party Co-Leader Chlöe Swarbrick challenged Prime Minister Luxon in Parliament over his government’s response earlier this week, saying: “We’ve had lots of words. We need action.”

    Luxon claimed that sanctions were in place — but the only measure taken has been a travel ban on 12 extremist Israeli settlers from the West Bank.

    “This is an action that does nothing to protect the more than two million Palestinians in Gaza who face daily bombardment, siege, and starvation,” Coote said.

    The protesters are calling on the New Zealand government to act immediately by:

    • Imposing sanctions on Israel; and
    • Suspending all diplomatic and trade relations with Israel until there is an end to hostilities and full compliance with international humanitarian law.

    “This government must not be complicit in atrocities through silence and inaction,” Coote said. “The people of Aotearoa New Zealand demand leadership as the world watches a genocide unfold in real time.”

    A street theatre protester demonstrates today against starvation as a weapon of war as deployed by Israel in its brutal war on Gaza. Image: APR

    MIL OSI AnalysisEveningReport.nz

  • MIL-OSI Security: Violent Recidivist Sentenced to More Than Four Years in Federal Prison for Racially Motivated Attack on Asian American Woman

    Source: US FBI

    LOS ANGELES – A Southern California man has been sentenced to 51 months in federal prison for punching an Asian American woman in the head while shouting racial slurs and then leaving her bloodied in a Culver City street in 2021, the Justice Department announced today.

    Jesse Allen Lindsey, 38, who was transient at the time of the attack, was sentenced on Monday by United States District Judge Michael W. Fitzgerald.

    Lindsey pleaded guilty in December 2024 to one count of a hate crime. He has been in federal custody since July 2024.

    On June 14, 2021, at approximately 1 a.m., Lindsey began following the victim on her walk to work. According to the government’s sentencing position, Lindsey shouted racial slurs, cursed at the victim, and told her, “You don’t belong here.” He then violently punched her in the head. While the victim lay face down in the street, defendant shouted, “You hear what I said, [N-word]? I said good morning, bitch!”

    Emergency personnel later transported the victim to a hospital to treat injuries to her head and ear. She was unable to work for a month and suffered years of psychological trauma, prosecutors said.

    At sentencing, Judge Fitzgerald called the attack a “shocking and horrible crime” and noted Lindsey’s “serious criminal record.” Lindsey has 13 criminal convictions for firearms and narcotics offenses, domestic battery, grand theft, and attempted extortion. He also has at least 14 violations of probation or pretrial release and 19 additional arrests or contacts with law enforcement, the government said at Monday’s sentencing hearing.

    Lindsey fled California after seeing news reports about the attack. Law enforcement officers eventually located Lindsey in a California state prison serving time for an unrelated conviction. 

    During an interview with law enforcement about the assault, Lindsey eventually admitted to punching the victim, but falsely claimed self-defense, the government’s sentencing position stated. Lindsey said the “little Asian person” was “mouthy” and looked like a “gangbanger.” Referencing the Asian actor known for his martial arts ability, Lindsey claimed the victim might pull “some Jet Li [expletive].” The victim was a middle-aged Asian woman who stood five feet tall and weighed approximately 120 pounds. Lindsey was over six feet tall and weighed approximately 250 pounds.

    The FBI investigated this matter and received substantial assistance from the Culver City Police Department.

    Assistant United States Attorney Lindsey Greer Dotson prosecuted this case.

    MIL Security OSI

  • MIL-OSI Security: Distributor of ANOM Hardened Encrypted Devices Sentenced to 63 Months in Prison for Racketeering Conspiracy

    Source: US FBI

    SAN DIEGO – Osemah Elhassen of Sydney, Australia, was sentenced in federal court today to 63 months in prison for participating in a worldwide conspiracy to distribute hardened encrypted communication devices to criminal syndicates to facilitate drug trafficking and other crimes.

    Elhassen was one of 17 defendants indicted in San Diego in 2021 in connection with Operation Trojan Shield, an international law enforcement effort in which the FBI secretly operated an encrypted messaging network used by criminals, leading to the arrests of hundreds worldwide.

    According to court records, the platform was known as ANOM. While ANOM’s criminal users unknowingly communicated on the system operated by the FBI, agents catalogued more than 27 million messages between users around the world whose criminal discussions were covertly obtained and reviewed by the FBI. The platform was taken down in June 2021. Please see Operation Trojan Shield in 2021.

    Elhassen pleaded guilty in May 2024 to Count 1 of a superseding indictment charging him and the others with a racketeering conspiracy in connection with the ANOM enterprise. A citizen of Australia, Elhassen was a Colombia-based distributor of ANOM devices who was also directly involved in drug trafficking and money laundering.

    Elhassen admitted that around November 2019, he became a member of the ANOM enterprise. According to his plea agreement, he admitted to helping accomplish the illegal objectives of that enterprise, including drug trafficking, money laundering, and obstruction of justice offenses. To that end, Elhassen distributed ANOM devices to criminal end-users for over a year and a half, and in doing so, facilitated the importation, exportation, and distribution of at least 15 kilograms of cocaine and the laundering of proceeds from the enterprise’s illegal activities.

    According to the government’s sentencing filings, Elhassen’s ANOM messages show significant distribution of ANOM devices in Colombia and other places. His messages also show that Elhassen participated in providing ANOM device support and arranging subscription renewals, among other sales and price-setting activity.

    Elhassen was arrested in Colombia in June 2021 and was extradited to the Southern District of California in May 2023. He pleaded guilty in May 2024.

    “Despite use of sophisticated technology and extreme measures to conceal the criminal enterprise, Mr. Elhassen could not thwart federal investigators,” said U.S. Attorney Tara McGrath. “The sentence today demonstrates that even those who go to the greatest lengths to hide will be held to account.”

    “Evidence collected during Operation Trojan Shield showed that distributors of ANOM devices, like Mr. Elhassen, were not merely providing a messaging service but enabling and facilitating Transnational Criminal Organizations,” said FBI San Diego Special Agent in Charge, Stacey Moy. “Today’s sentence should send a strong message to the users and distributors of these types of devices. The FBI will continue to collaborate with domestic and international partners on new and innovative strategies to combat the ever-evolving threat posed by transnational criminal organizations.”

    This case is being prosecuted by Assistant U.S. Attorneys Joshua C. Mellor, Mikaela L. Weber, and Peter S. Horn. The Justice Department’s Office of International Affairs and the Narcotic and Dangerous Drug Section’s Judicial Attaché Office in Bogota provided significant assistance in securing the arrest and extradition of Elhassen. The United States also thanks Colombian law enforcement authorities for their valuable assistance.

    Three other defendants in this case have pleaded guilty, including Dragan Nikitovic, aka Dr. Djek; Edwin Harmendra Kumar, aka Edwin Harmendra Valentine; and Miwand Zakhimi, aka Maiwand Zakhimi. They are scheduled to be sentenced in December 2024 and January 2025. A trial for four other defendants is scheduled for March 10, 2025. Eight other defendants in the case are yet to be extradited to the United States, and one is a fugitive.

    For further information on investigations and prosecutions of encrypted communication providers, see https://www.justice.gov/usao-sdca/pr/fbi-s-encrypted-phone-platform-infiltrated-hundreds-criminal-syndicates-result-massive (ANOM), https://www.justice.gov/usao-sdca/pr/sky-global-executive-and-associate-indicted-providing-encrypted-communication-devices (Sky Global), and https://www.justice.gov/usao-sdca/pr/chief-executive-communications-company-sentenced-prison-providing-encryption-services (Phantom Secure).

    Operation Trojan Shield is part of an Organized Crime Drug Enforcement Task Forces (OCDETF) investigation. OCDETF identifies, disrupts, and dismantles the highest-level drug traffickers, money launderers, gangs, and transnational criminal organizations that threaten the United States by using a prosecutor-led, intelligence-driven, multi-agency approach that leverages the strengths of federal, state, and local law enforcement agencies against criminal networks.

    DEFENDANT                                               Case Number 21cr1623-JLS-17                                   

    Osemah Elhassen                                            Age: 51                                   Sydney, Australia

    SUMMARY OF CHARGES

    Count 1:  Racketeering Conspiracy – Title 18, U.S.C., Section 1962(d)

    Maximum penalty: Twenty years in prison, and fine of up to $250,000 or twice the gain or loss

    INVESTIGATING AGENCIES

    Federal Bureau of Investigation

    Drug Enforcement Administration

    United States Marshals Service

    Department of Justice, Office of International Affairs

    Australian Federal Police

    Swedish Police Authority

    Lithuanian Criminal Police Bureau

    National Police of the Netherlands

    EUROPOL                                                          

    MIL Security OSI

  • MIL-OSI Security: FBI Warns of Fraudulent Federal Warrants in Wyoming

    Source: US FBI

    The FBI is warning of a scam in which people are presented with a fraudulent federal warrant and asked to pay fines to clear it up.

    In a recent case in Wyoming, the targeted victim received a copy of a warrant via text message, saying there was a warrant for her arrest because she failed to appear as a prospective juror.

    The warrant on the face appears to be a legitimate document, with a case number, date stamp, seal of the United States District Court for Wyoming and a judge’s signature. But this is a scam.

    A federal officer will serve a federal warrant in person, or you might receive it by certified mail. You will NEVER receive a copy of a federal warrant via regular U.S. mail, and especially not via email or via text.

    One victim in Wyoming followed instructions received via the scam text and lost more than $10,000.

    The FBI reminds the public to be vigilant and never share personal identifying information with a caller with whom you have not initiated contact or have not verified as legitimate. To check out someone who purports to be from the FBI, find the phone number of the local FBI field office and call that number directly. The field office will verify any legitimate contact.

    You can do the same with other federal law enforcement agencies.

    If you have questions about the validity of an arrest warrant, call the clerk of court for the court identified on the warrant. They can verify if the warrant is legitimate.

    Also know that no government agency at any level will ask you to pay in gift cards, gold, or cryptocurrency.

    If you think you have been a victim of this scam, report it at 1-800-CALL-FBI or tips.fbi.gov.

    MIL Security OSI

  • MIL-OSI Security: Former Las Vegas City Councilwoman Convicted in Charity Fraud Scheme

    Source: US FBI

    A federal jury in the District of Nevada convicted a former Las Vegas city councilwoman and gubernatorial candidate yesterday on one count of conspiracy to commit wire fraud and six counts of wire fraud for executing a scheme to defraud charitable donors by falsely claiming she was raising money to memorialize police officers who lost their lives in the line of duty.

    According to court documents and evidence presented at trial, Michele Fiore, 54, of Pahrump, Nevada, while serving as a Las Vegas city councilwoman, solicited donors for money to build statues honoring two Las Vegas police officers who had been killed in the line of duty. The evidence at trial demonstrated that Fiore promised donors that “100% of the contributions” would be used towards the construction of memorials for the fallen officers. However, Fiore did not use any of the more than $70,000 in charitable donations she raised for the memorials. Instead, Fiore spent the money donated by the victims on a variety of personal and political expenses, including political fundraising bills, personal rent payments, and payments to family members.

    Fiore is scheduled to be sentenced on Jan. 6, 2025, and faces a maximum penalty of twenty years in prison on each count. A federal district court judge will determine any sentence after considering the U.S. Sentencing Guidelines and other statutory factors.

    Principal Deputy Assistant Attorney General Nicole M. Argentieri, head of the Justice Department’s Criminal Division, and Special Agent in Charge Spencer L. Evans of the FBI Las Vegas Field Office made the announcement.

    The FBI Las Vegas Field Office investigated the case.

    Trial Attorneys Dahoud Askar and Alexander Gottfried and paralegal specialist Heather DePremio of the Criminal Division’s Public Integrity Section are prosecuting the case. The U.S. Attorney’s Office for the District of Nevada provided substantial assistance.

    MIL Security OSI

  • MIL-OSI Security: Alabama Man Convicted of Assaulting Law Enforcement and Other Charges During January 6 Capitol Breach

    Source: US FBI

                WASHINGTON – An Alabama man was convicted on May 10, 2024, of multiple felony and misdemeanor offenses, including assaulting law enforcement during the Jan. 6, 2021, breach of the U.S. Capitol. His actions and the actions of others disrupted a joint session of the U.S. Congress convened to ascertain and count the electoral votes related to the 2020 presidential election.

                Bryan Shawn Smith, 37, of Huntsville, Alabama, was found guilty of civil disorder and assaulting, resisting, or impeding certain officers, both felony offenses, following a bench trial before U.S. District Judge Randolph D. Moss.

                In addition to the felonies, Judge Moss found Smith guilty of four misdemeanor offenses, including entering and remaining in a restricted building or grounds, disorderly and disruptive conduct in a restricted building or grounds, engaging in physical violence in a restricted building or grounds, and act of physical violence in the Capitol grounds or buildings.

                Judge Moss will sentence Smith on Aug. 20, 2024.

                According to court documents and evidence presented during the trial, Smith was present on the Lower West Terrace of the Capitol building on Jan. 6, 2021, and was captured on police body-worn camera footage at approximately 2:10 p.m. confronting officers at a security barricade in this area. As rioters breached the security barricades on the Lower West Terrace, a group of officers fell back behind a door underneath the inaugural stage scaffolding. About 45 seconds later, the door was opened, and Smith held the door open and refused an officer’s command to step away from the doorway to allow the officer to close it.

                Evidence at trial showed that Smith later made his way to the Lower West Terrace Tunnel, the site of some of the most violent attacks against law enforcement on January 6th. As he entered the Tunnel, Smith carried a stun gun. At approximately 2:53 p.m., Capitol building surveillance footage captured Smith spark the stun gun and pass it to another rioter in the Tunnel. Within approximately one minute, the stun gun was passed from the rioter who received it from Smith to another rioter and then to yet another rioter.

                Court documents say that Smith then exited the Tunnel quickly after passing off the stun gun and pumped his fist in an apparent effort to inspire others in the large crowd to press into the Tunnel and continue the riot. A rioter who later received the stun gun, Vitali Gossjankowski, later exited the Tunnel and used the stun gun in at least one attempt to assault an officer who was already under assault by other rioters.

                Smith entered the Tunnel a third time at approximately 3:16 p.m. and made his way to the front of the mob in the Tunnel. Inside the Tunnel, Smith joined a group of rioters violently pushing against the police line in an attempt to breach the Capitol. Here, Smith witnessed rioters physically assault police and helped push other rioters into the police line.

                The FBI arrested Smith on Dec. 4, 2022, in Huntsville.

                The U.S. Attorney’s Office for the District of Columbia and the Department of Justice National Security Division’s Counterterrorism Section prosecuted this case. The U.S. Attorney’s Office for the Northern District of Alabama provided valuable assistance.

                The FBI’s Birmingham and Washington Field Offices investigated this case. The United States Capitol Police and the Metropolitan Police Department provided valuable assistance.

                In the 40 months since Jan. 6, 2021, more than 1,424 individuals have been charged in nearly all 50 states for crimes related to the breach of the U.S. Capitol, including more than 500 individuals charged with assaulting or impeding law enforcement, a felony. The investigation remains ongoing.

                Anyone with tips can call 1-800-CALL-FBI (800-225-5324) or visit tips.fbi.gov.

    MIL Security OSI

  • MIL-OSI Security: Owner of Marketing Companies and DME Company Convicted for Role in $100 Million Scheme to Defraud Medicare and Other Insurers and to Violate the Anti-Kickback Statute

    Source: US FBI

    NEWARK, N.J.  A Florida man was convicted by a federal jury for his role in a durable medical equipment (DME) kickback scheme that caused millions of dollars in losses to Medicare and other insurance providers, United States Attorney John Giordano announced.

    Following a month-long jury trial before U.S. District Judge Michael E. Farbiarz, Raheel Naviwala, 36, of Coral Springs, Florida, was convicted on Feb. 28, 2025, of conspiracy to commit health care fraud and wire fraud, one count of health care fraud, conspiracy to violate the Anti-Kickback Statute, and three counts of violating the Anti-Kickback Statute. He was also acquitted of two counts of health care fraud.

    “This Office is committed to prosecuting those like the defendant who seek to profit by defrauding and corrupting our nation’s medical systems,” United States Attorney John Giordano said. “When people siphon millions from Medicare to line their own pockets, regular citizens pay the price. This case demonstrates that serious consequences will follow for such conduct.”

    “The scheme Naviwala and his co-conspirators created to steal money from the government was complex and expansive,” FBI Acting Special Agent in Charge Terence G. Reilly said. “However, FBI Newark and our law enforcement partners have the expertise and grit to dig through mountains of data and find the fraudsters. We want this case to serve as a warning to anyone hoping to capitalize on hiding under the red tape – we are still here, and you will eventually get caught.”

    “The defendant convicted in this case prioritized greed over the provision of appropriate health care services to patients, bilking the federal government for medically unnecessary durable medical equipment,” stated Special Agent in Charge Naomi Gruchacz with the U.S. Department of Health and Human Services Office of Inspector General (HHS-OIG). “HHS-OIG will continue to work with our law enforcement partners to ensure the integrity of the federal health care system and hold accountable owners and providers engaging in fraud that targets its programs.”

    “Investigating corrupt schemes that undermine the integrity of TRICARE, the healthcare system for military members and their families, is a top priority for the Department of Defense Office of Inspector General’s Defense Criminal Investigative Service (DCIS),” stated Special Agent in Charge Patrick J. Hegarty, DCIS Northeast Field Office. “Mr. Naviwala’s illegal schemes put the TRICARE program and its beneficiaries at risk. We are committed to working with our partner agencies and the Department of Justice to pursue those individuals who selfishly place personal gain over the safety and care of TRICARE beneficiaries.”

    “Schemes such as these compromise the integrity of VA’s programs and services and divert funds from our nation’s deserving veterans,” said Special Agent in Charge Christopher F. Algieri with the Department of Veterans Affairs Office of Inspector General’s Northeast Field Office. “The VA OIG will continue to work with our law enforcement partners to root out fraudsters and hold them accountable.”

    According to the evidence at trial:

    Naviwala and his coconspirators purchased lists of Medicare patients’ names, addresses, and phone numbers, and hired telemarketers to convince the patients to get DME (orthotic braces). These telemarketers pre-filled prescriptions and picked the highest-paying braces to bill to insurers. Naviwala then paid telemedicine doctors to sign the pre-filled prescriptions for braces, regardless of whether the patients needed or wanted braces. Generally, the telemedicine doctor did not even speak to the patients before signing the pre-filled prescriptions.

    Naviwala then sold the signed prescriptions to DME supply companies that could bill Medicare, TRICARE, and other insurers for the braces. To conceal the fraud, Naviwala and his coconspirators signed sham contracts and used sham invoices that falsely represented that Naviwala was billing DME supply companies for marketing or consulting.

    Naviwala also owned and operated a DME supply company that was used to bill Medicare, and which submitted claims to Medicare for up to nine braces for a single patient.

    To further conceal his illegal conduct, Naviwala put multiple of his businesses in the names of nominee owners. The nominee owners generally performed no legitimate work for any company and were paid to hide Naviwala’s involvement.

    Medicare and other insurers paid hundreds of millions of dollars to members of the conspiracy and paid at least approximately $100 million for DME associated with Naviwala’s companies. Naviwala personally pocketed more than $10 million in fraud proceeds.

    Conspiracy to commit health care fraud and wire fraud is punishable by a maximum potential penalty of 20 years in prison. Health care fraud is punishable by a maximum potential penalty of 10 years in prison. Conspiracy to violate the federal Anti-Kickback Statute is punishable by a maximum potential penalty of five years in prison. Each count of illegal kickbacks is punishable by a maximum potential penalty of 10 years in prison. Each count is also punishable by a fine. Sentencing is scheduled for 10 a.m. on July 29, 2025, before Judge Farbiarz in Newark.

    United States Attorney John Giordano credited special agents of the FBI, under the direction of Acting Special Agent in Charge Terence G. Reilly in Newark; HHS-OIG, under the direction of Special Agent in Charge Naomi Gruchacz; DCIS, under the direction of Special Agent in Charge Patrick J. Hegarty; and the U.S. Department of Veterans Affairs Office of Inspector General, under the direction of Special Agent in Charge Christopher F. Algieri with the investigation leading to the conviction.

    The government is represented by Assistant U.S. Attorneys Elaine K. Lou, Deputy Chief of the Criminal Division, Matthew Specht of the Special Prosecutions Division, and Aaron L. Webman of the Economic Crimes Unit in Newark.

                                                               ###

    Defense counsel:

    Jamie Hoxie Solano, Esq. New York, New York

    Amy C. Brown, Esq. New York, New York

    Bryan W. McCracken, Esq. New York, New York

    Ifedapo Benjamin, Esq. New York, New York

    MIL Security OSI

  • MIL-OSI Security: Tuscaloosa Woman Pleads Guilty to COVID-19 Pandemic Fraud

    Source: US FBI

    BIRMINGHAM, Ala. – A Tuscaloosa County woman pleaded guilty this week to defrauding the Small Business Administration’s (SBA) Paycheck Protection Program (PPP), announced U.S. Attorney Prim F. Escalona and Federal Bureau of Investigation (FBI) Special Agent in Charge Carlton L. Peeples.

    Erica Lasha Prewitt, 42, of Tuscaloosa, pleaded guilty before United States District Court Judge L. Scott Coogler to theft of government funds. 

    According to the plea agreement, in August 2020, Prewitt received a fraudulent PPP loan totaling $96,875.  Prewitt made material misrepresentations on the loan application that was supported by fraudulent documentation.  In September 2021, Prewitt submitted a PPP Loan Forgiveness Application in which she claimed her business employed 30 people and the full amount of the loan was spent on payroll costs.  Prewitt never owned or operated a business and did not use the PPP loan funds to retain workers during the COVID-19 pandemic. 

    Prewitt is scheduled to be sentenced on November 26, 2024.  The maximum penalty for theft of government funds is 10 years in prison.

    FBI investigated the case. Assistant U.S. Attorney Jonathan “Jack” Harrington is prosecuting the case.

    Anyone with information about allegations of attempted fraud involving COVID-19 relief funds can report it by calling the Department of Justice’s National Center for Disaster Fraud (NCDF) Hotline at 866-720-5721 or via the NCDF Web Complaint Form at: https://www.justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form.

    MIL Security OSI

  • MIL-OSI Security: Four Leaders of Notorious Nuestra Familia Prison Gang Convicted of Racketeering and Related Crimes

    Source: US FBI

    Trial Evidence Established Defendants Furthered the Aims of the Gang from Prison By Directing Other Members and Associates to Perform Numerous Criminal Acts Including Drug Dealing and Murder

    OAKLAND – A federal jury found David Cervantes (aka “DC”), James Perez (aka “Conejo”), Guillermo Solorio (aka “Capone” aka “Caps”), and George Franco (aka “Puppet”) guilty of racketeering, for their roles as senior members of the Nuestra Familia criminal enterprise, which engaged in murder conspiracies, attempted murder, drug distribution, and money laundering. The jury’s verdict follows a 12-week trial before the Hon. Yvonne Gonzalez Rogers, U.S. District Judge.    

    “Prison gangs are a blight on the criminal justice system and on society,” said Martha Boersch, Chief of the Office of the U.S. Attorney’s Criminal Division. Prisons are supposed to protect the community from further crime and offer people the chance for rehabilitation, but prison gangs frustrate both goals. They perpetuate violence and criminality inside prisons, and through the use of contraband cell phones, gang leaders are able to oversee vast criminal networks on the streets. Successful prosecutions like this send an unmistakable message that this will not be tolerated simply because it’s happening behind prison walls.”  

    “These convictions are the culmination of eight years of complex investigative work by the FBI-led Santa Clara County Safe Streets Task Force. Through tireless investigative efforts and collaboration with our law enforcement partners, we have dismantled a core part of this criminal enterprise, whose illicit drug distribution and violent crime have long plagued our community,” said FBI Special Agent in Charge Robert Tripp. “The FBI remains committed to ensuring that those who lead and engage in such violence, no matter where they operate, are brought to justice.”

    The evidence at trial established that the four defendants—Cervantes, 76; Perez, 70; Solorio, 45; and Franco, 59 – all were senior members of the Nuestra Familia (NF) prison gang, all serving on the General Council, the primary decision-making body for the gang.  Through the testimony of more than 50 witnesses and dozens of wiretapped phone calls, the trial evidence revealed a lucrative and violent criminal enterprise with a presence in every Bay Area county and the roles that each defendant played in it.  

    The trial evidence established that Cervantes was one of the NF’s three “Generals.” As outlined in the Nuestra Familia’s written Constitution, the three generals sat atop the NF organizational structure and made final decisions on serious matters involving governance of the enterprise.  As the sole member of the General Advocates Office, Cervantes oversaw member discipline—a role that at times included deciding when members should be attacked or killed for violating gang rules.  Further, the trial evidence established that Cervantes was responsible for (1) receiving “complaints” containing allegations of member wrongdoing within the NF, (2) appointing investigators to look into alleged wrongdoing of gang members, (3) accepting and modifying “findings and recommendations” of the investigators, and (4) forwarding final recommendations regarding member discipline to a seven-member General Council. Cervantes also was the “Regimental Commander” of the NF street gangs in Kings County.  As Regimental Commander, Cervantes was responsible for overseeing, managing, directing, and otherwise controlling criminal activity conducted by Norteño street gang members in Kings County.  In addition to convicting Cervantes of Racketeering Conspiracy, the jury found Cervantes responsible for the conspiracies to murder Lorenzo “Lencho” Guzman in 2015 and John “Shanks” Reyna in 2019, as well as the attempted murders of Antonio “Sombras” Villagrana in 2015, John “Knockers” Muzquiz in 2016, and Matt Rocha in 2019.  

    The trial evidence demonstrated Perez was another General of the prison gang, specifically, the “General of Prisons.” In this role, Perez was responsible for maintaining authority over all NF regiments within the California prison system. His responsibilities included appointing NF members and associates to leadership positions within California Department of Corrections and Rehabilitation (CDCR) facilities, as well as overseeing and regulating criminal activity occurring in these facilities. In his role as General of Prisons, Perez collected a portion of profits from the prison regiments.  He also was the Regimental Commander of the San Mateo County Street Regiment.  In addition to convicting Perez of Racketeering Conspiracy, the jury found Perez responsible for the conspiracy to murder Lorenzo “Lencho” Guzman, as well as the attempted murders of Antonio “Sombras” Villagrana, John “Knockers” Muzquiz, and Matt Rocha.  

    At trial, the evidence established that Franco was a member of the NF’s “Inner Council” and was Regimental Commander of San Joaquin County.  As a member of the Inner Council, Franco was an advisor to the three NF Generals (two of whom were Cervantes and Perez) and was part of the General Council that, in addition to member discipline, made other significant decisions in conducting the affairs of the NF.  In addition to convicting Franco of Racketeering Conspiracy, the jury found Franco responsible for the conspiracy to murder Lorenzo “Lencho” Guzman, as well as the attempted murder of Matt Rocha.  

    Solorio also was part of the NF “Inner Council” and was an advisor to the NF Generals.  Solorio also was the Regimental Commander over the Monterey County Street Regiment.  The evidence at trial demonstrated Solorio oversaw a prolific drug trafficking operation in Fresno, Calif.  In addition to convicting Solorio of Racketeering Conspiracy, the jury found Solorio responsible for the attempted murder of Matt Rocha.  

    In sum, all four defendants were found guilty of racketeering conspiracy, in violation of 18 U.S.C. § 1962, along with various special findings pertaining to the acts involving murder described above.  The maximum statutory sentence for each defendant is life in prison.  Judge Gonzalez Rogers scheduled the defendants’ sentencings for Mar. 6, 2025.

    The trial of these four defendants marks the culmination of the prosecution of the NF leadership in the Northern District of California.  The prosecution stems from a five-year investigation by the FBI, which resulted in the indictment of 54 Nuestra Familia members and associates, including defendants both on the streets and in California state prisons.  With the jury’s verdict this week, the government has now obtained convictions of all 7 members of the NF’s General Council, its entire senior leadership team.  

    This case is being prosecuted by Mari Overbeck, Leif Dautch, and Aseem Padukone of the Organized Crime Strike Force for the United States Attorney’s Office for the Northern District of California.  The prosecution is the result of an investigation by the FBI (San Francisco, Sacramento, and Phoenix Divisions), the DEA, the U.S. Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms, and Explosives, and the U.S. Marshal Service, with the assistance of the Santa Clara County Sheriff’s Office, the Santa Clara County District Attorney’s Office, and the San Jose Police Department, and with support from the Alameda County Sheriff’s Office, Antioch Police Department, Campbell Police Department, Fremont Police Department, King’s County Sheriff’s Office, Monterey County Sheriff’s Office, Mountain View Police Department, Sacramento Police Department, Salinas Police Department, Menlo Park Police Department, Santa Clara County Parole Department, Santa Clara County Probation Department, Santa Clara Police Department, Santa Cruz County District Attorney’s Office, Santa Cruz County Sheriff’s Office, Modesto Police Department, the California Department of Corrections and Rehabilitation, San Francisco Police Department, the Stanislaus County Sheriff’s Department, Sunnyvale Department of Public Safety, and the FBI’s Cryptanalysis and Racketeering Records Unit.  

    This investigation and prosecution are part of the Organized Crime Drug Enforcement Task Force (OCDETF), which identifies, disrupts, and dismantles the highest-level drug traffickers, money launderers, gangs, and transnational criminal organizations that threaten the United States by using a prosecutor-led, intelligence-driven, multi-agency approach that leverages the strengths of federal, state, and local law enforcement agencies against criminal networks.  
     

    MIL Security OSI

  • MIL-OSI Security: Former High-Ranking FDNY Official Sentenced to 20 Months in Prison for Role in Bribery Conspiracy

    Source: US FBI

    Matthew Podolsky, the Acting United States Attorney for the Southern District of New York, announced today that BRIAN CORDASCO was sentenced to 20 months in prison for participating in a conspiracy to solicit and receive bribes in his role as a Chief of the New York City Fire Department (“FDNY”) Bureau of Fire Prevention (“BFP”).  CORDASCO previously pled guilty on October 8, 2024, before U.S. District Judge Lewis J. Liman, who also imposed today’s sentence.

    Acting U.S. Attorney Matthew Podolsky said: “As a chief of the Bureau of Fire Prevention, Brian Cordasco was entrusted to protect the people of New York City and to fairly represent their interests.  Instead, he repeatedly abused his position of power by expediting fire inspection services for those who paid him thousands of dollars in bribes.  The sentence imposed today sends a clear message that government officials who betray the public trust to line their own pockets will be met with just punishment.”

    According to the Indictment, plea agreement, and statements made in court:

    From 2021 to 2023, CORDASCO repeatedly abused his position as a Chief of the BFP by participating in a scheme to solicit and receive $190,000 in total bribe payments from a former FDNY firefighter named Henry Santiago, Jr.  In exchange for those bribe payments, CORDASCO used his authority within the BFP to improperly “expedite” BFP inspections and plan reviews for Santiago’s customers.  CORDASCO personally profited $57,000 as part of this scheme.  To carry out this conspiracy, CORDASCO lied to his BFP subordinates to justify otherwise improper expediting requests.  CORDASCO also lied to law enforcement when interviewed about his involvement in the scheme. 

    If you believe you have information related to bribery, fraud, or any other illegal conduct by FDNY or BFP employees, please contact squad6complaint@doi.nyc.gov or (212) 825-2402. If you were involved in such conduct, please consider self-disclosing through the SDNY Whistleblower Pilot Program at USANYS.WBP@usdoj.gov.

    *               *                *

    In addition to the prison term, CORDASCO, 49, of Staten Island, New York, was sentenced to two years of supervised release and ordered to pay forfeiture of $57,000 and a fine of $100,000.

    Mr. Podolsky praised the outstanding work of the Federal Bureau of Investigation and the New York City Department of Investigation.

    The prosecution of this case is being handled by the Office’s Public Corruption Unit.  Assistant U.S. Attorneys Jessica Greenwood, Matthew King, and Daniel H. Wolf are in charge of the prosecution.

    MIL Security OSI

  • MIL-OSI Russia: Large IT businesses view Novosibirsk State University as a key university for training specialists in this industry for Siberia

    Translation. Region: Russian Federal

    Source: Novosibirsk State University – Novosibirsk State University –

    A strategic session with the participation of representatives of one of the largest Russian IT holdings, the T1 Group of Companies, was held at Novosibirsk State University. Following the meeting, the parties expressed mutual interest in deepening cooperation and announced the start of work on roadmaps for the implementation of joint projects in the educational and technological tracks.

    Opening the meeting, the rector of NSU, academician of the Russian Academy of Sciences Mikhail Fedoruk noted:

    — Cooperation with T1 is developing rapidly. This distinguishes the holding from many other companies wishing to become our industrial partners. We hope that further joint work will bring tangible and mutually beneficial results.

    According to Mikhail Knigin, head of the Integration domain of the holding, T1 plans to build systematic work on training personnel specifically in the Novosibirsk region:

    — We work all over the country, Siberia is an important region for us, and we want to see NSU as a flagship university here. Already now, about 80 NSU graduates work in our companies — the growth of this number will become one of the metrics of the partnership’s effectiveness.

    Ksenia Rumbest, Director of the Corporate Training and Talent Development Department and Head of the T1 Digital Academy, spoke about the practice of training young specialists. One of the largest projects was the T1 IT Camp, where about 1,000 participants were trained last year. The best 150 were invited to the in-person stage of the program, and some of them then became employees of the holding’s companies.

    This year, according to her, it is planned to launch regional camps based at universities. The introduction of the “open schools” format was also discussed – five-week intensive courses to develop professional competencies. About 40% of graduates of such schools get jobs at T1, the rest go to other leading Russian and international IT companies.

    “We are ready to offer these courses to the university as additional education, and also invite students for internships during the academic year,” Rumbest emphasized.

    Cooperation between NSU and the holding can develop not only in the educational, but also in the scientific and technological sphere. The session presented the project “SPHERE” – a domestic platform for managing the full cycle of software development, including tools for project management, code analysis, testing, monitoring and automation of business processes.

    An additional area of interaction may be joint work in the field of artificial intelligence. The AI Center, which develops technologies for the digitalization of the urban environment, has been operating at NSU for the second year. The head of the center, Alexander Lyulko, spoke about developments in creating platforms for managing urban infrastructure, creating intelligent systems for monitoring the environmental situation, as well as AI solutions for transport, medicine and construction. The latest projects have attracted the greatest interest from representatives of the holding.

    Reference:

     

    T1 is one of the leaders of the domestic IT market with more than 30 years of history. The holding includes companies providing a full range of IT services: from software development and system integration to cloud solutions, big data analysis, artificial intelligence, information security and industrial outsourcing. Key areas of work include digital transformation of businesses and government agencies. The company has more than 26 thousand employees, revenue for 2024 is 249.6 billion rubles.

    Please note: This information is raw content directly from the source of the information. It is exactly what the source states and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

    MIL OSI Russia News

  • MIL-OSI: FRO – First Quarter 2025 Results

    Source: GlobeNewswire (MIL-OSI)

    FRONTLINE PLC REPORTS RESULTS FOR THE FIRST QUARTER ENDED MARCH 31, 2025

    Frontline plc (the “Company”, “Frontline,” “we,” “us,” or “our”), today reported unaudited results for the three months ended March 31, 2025:

    Highlights 

    • Profit of $33.3 million, or $0.15 per share for the first quarter of 2025.
    • Adjusted profit of $40.4 million, or $0.18 per share for the first quarter of 2025.
    • Declared a cash dividend of $0.18 per share for the first quarter of 2025.
    • Reported revenues of $427.9 million for the first quarter of 2025.
    • Achieved average daily spot time charter equivalent earnings (“TCEs”)1 for VLCCs, Suezmax tankers and LR2/Aframax tankers in the first quarter of $37,200, $31,200 and $22,300 per day, respectively.
    • Entered into three senior secured credit facilities in February 2025 for a total amount of up to $239.0 million to refinance the outstanding debt on three VLCCs and one Suezmax tanker maturing in 2025 and, in addition, provide revolving credit capacity in a total amount of up to $91.9 million.
    • Entered into one senior secured term loan facility in April 2025 in an amount of up to $1,286.5 million to refinance the outstanding debt on 24 VLCCs approximately three and a half years prior to maturity to reduce the margin.

    Lars H. Barstad, Chief Executive Officer of Frontline Management AS, commented:

    “The first quarter of 2025 came in line with the previous quarter, somewhat muted relative to the economic and political backdrop during the period. In times of uncertainty, it’s comforting to operate in an industry that maintains business as usual, transporting oil and products around the world at a steady pace. Utilization on the larger ships has improved during the quarter and with continued pressure and enforcement on sanctioned trades, we have seen healthy developments in activity across the segments that Frontline deploys. Fleet growth remains slow, and ordering has again stalled, continuing to support the long-term fundamental story for tankers, where Frontline is ideally positioned with its cost-focused business model and spot-exposed, modern fleet.”

    Inger M. Klemp, Chief Financial Officer of Frontline Management AS, added:

    “Through our refinancings in 2025, we have further strengthened our strong liquidity, leaving the Company with no meaningful debt maturities until 2030, and further reduced our borrowing costs and cash breakeven rates. We continue to focus on maintaining our competitive cost structure, breakeven levels and solid balance sheet to ensure that we are well positioned to generate significant cash flow and create value for our shareholders.”

    Average daily TCEs and estimated cash breakeven rates

    ($ per day) Spot TCE Spot TCE currently contracted % Covered Estimated average daily cash breakeven rates for the next 12 months
      Q1 2025 Q4 2024 2024 Q2 2025  
    VLCC 37,200 35,900 43,400 56,400 68% 29,700
    Suezmax 31,200 33,300 41,400 44,900 69% 24,300 
    LR2 / Aframax 22,300 26,100 42,300 36,100 66% 23,300

    We expect the spot TCEs for the full second quarter of 2025 to be lower than the spot TCEs currently contracted, due to the impact of ballast days during the second quarter of 2025. See Appendix 1 for further details.

    The Board of Directors
    Frontline plc
    Limassol, Cyprus
    May 22, 2025

    Ola Lorentzon – Chairman and Director
    John Fredriksen – Director
    James O’Shaughnessy – Director
    Steen Jakobsen – Director
    Cato Stonex – Director
    Ørjan Svanevik – Director
    Dr. Maria Papakokkinou – Director

    Questions should be directed to:

    Lars H. Barstad: Chief Executive Officer, Frontline Management AS
    +47 23 11 40 00

    Inger M. Klemp: Chief Financial Officer, Frontline Management AS
    +47 23 11 40 00

    Forward-Looking Statements

    Matters discussed in this report may constitute forward-looking statements. The Private Securities Litigation Reform Act of 1995 provides safe harbor protections for forward-looking statements, which include statements concerning plans, objectives, goals, strategies, future events or performance, and underlying assumptions and other statements, which are other than statements of historical facts.

    Frontline plc and its subsidiaries, or the Company, desires to take advantage of the safe harbor provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 and is including this cautionary statement in connection with this safe harbor legislation. This report and any other written or oral statements made by us or on our behalf may include forward-looking statements, which reflect our current views with respect to future events and financial performance and are not intended to give any assurance as to future results. When used in this document, the words “believe,” “anticipate,” “intend,” “estimate,” “forecast,” “project,” “plan,” “potential,” “will,” “may,” “should,” “expect” and similar expressions, terms or phrases may identify forward-looking statements.

    The forward-looking statements in this report are based upon various assumptions, including without limitation, management’s examination of historical operating trends, data contained in our records and data available from third parties. Although we believe that these assumptions were reasonable when made, because these assumptions are inherently subject to significant uncertainties and contingencies which are difficult or impossible to predict and are beyond our control, we cannot assure you that we will achieve or accomplish these expectations, beliefs or projections. We undertake no obligation to update any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.

    In addition to these important factors and matters discussed elsewhere herein, important factors that, in our view, could cause actual results to differ materially from those discussed in the forward-looking statements include:

    • the strength of world economies;
    • fluctuations in currencies and interest rates, including inflationary pressures and central bank policies intended to combat overall inflation and high interest rates and foreign exchange rates;
    • the impact that any discontinuance, modification or other reform or the establishment of alternative reference rates have on the Company’s floating interest rate debt instruments;
    • general market conditions, including fluctuations in charter hire rates and vessel values;
    • changes in the supply and demand for vessels comparable to ours and the number of newbuildings under construction;
    • the highly cyclical nature of the industry that we operate in;
    • the loss of a large customer or significant business relationship;
    • changes in worldwide oil production and consumption and storage;
    • changes in the Company’s operating expenses, including bunker prices, dry docking, crew costs and insurance costs;
    • planned, pending or recent acquisitions, business strategy and expected capital spending or operating expenses, including dry docking, surveys and upgrades;
    • risks associated with any future vessel construction;
    • our expectations regarding the availability of vessel acquisitions and our ability to complete vessel acquisition transactions as planned;
    • our ability to successfully compete for and enter into new time charters or other employment arrangements for our existing vessels after our current time charters expire and our ability to earn income in the spot market;
    • availability of financing and refinancing, our ability to obtain financing and comply with the restrictions and other covenants in our financing arrangements;
    • availability of skilled crew members and other employees and the related labor costs;
    • work stoppages or other labor disruptions by our employees or the employees of other companies in related industries;
    • compliance with governmental, tax, environmental and safety regulation, any non-compliance with U.S. or European Union regulations;
    • the impact of increasing scrutiny and changing expectations from investors, lenders and other market participants with respect to our Environmental, Social and Governance policies;
    • Foreign Corrupt Practices Act of 1977 or other applicable regulations relating to bribery;
    • general economic conditions and conditions in the oil industry;
    • effects of new products and new technology in our industry, including the potential for technological innovation to reduce the value of our vessels and charter income derived therefrom;
    • new environmental regulations and restrictions, whether at a global level stipulated by the International Maritime Organization, and/or imposed by regional or national authorities such as the European Union or individual countries;
    • vessel breakdowns and instances of off-hire;
    • the impact of an interruption in or failure of our information technology and communications systems, including the impact of cyber-attacks upon our ability to operate;
    • risks associated with potential cybersecurity or other privacy threats and data security breaches;
    • potential conflicts of interest involving members of our Board of Directors and senior management;
    • the failure of counter parties to fully perform their contracts with us;
    • changes in credit risk with respect to our counterparties on contracts;
    • our dependence on key personnel and our ability to attract, retain and motivate key employees;
    • adequacy of insurance coverage;
    • our ability to obtain indemnities from customers;
    • changes in laws, treaties or regulations;
    • the volatility of the price of our ordinary shares;
    • our incorporation under the laws of Cyprus and the different rights to relief that may be available compared to other countries, including the United States;
    • changes in governmental rules and regulations or actions taken by regulatory authorities;
    • government requisition of our vessels during a period of war or emergency;
    • potential liability from pending or future litigation and potential costs due to environmental damage and vessel collisions;
    • the arrest of our vessels by maritime claimants;
    • general domestic and international political conditions or events, including “trade wars”;
    • any further changes in U.S. trade policy that could trigger retaliatory actions by the affected countries;
    • potential disruption of shipping routes due to accidents, environmental factors, political events, public health threats, international hostilities including the war between Russia and Ukraine and possible cessation of such war, the conflict between Israel and Hamas and related conflicts in the Middle East, the Houthi attacks in the Red Sea and the Gulf of Aden, acts by terrorists or acts of piracy on ocean-going vessels;
    • the impact of restriction on trade, including the imposition of tariffs, port fees and other import restrictions by the United States on its trading partners and the imposition of retaliatory tariffs by China and the EU on the United States, and potential further protectionist measures and/or further retaliatory actions by others, including the imposition of tariffs or penalties on vessels calling in key export and import ports such as the United States, EU and/or China;
    • the length and severity of epidemics and pandemics and their impact on the demand for seaborne transportation of crude oil and refined products;
    • the impact of port or canal congestion;
    • business disruptions due to adverse weather, natural disasters or other disasters outside our control; and
    • other important factors described from time to time in the reports filed by the Company with the Securities and Exchange Commission.

    We caution readers of this report not to place undue reliance on these forward-looking statements, which speak only as of their dates. These forward-looking statements are no guarantee of our future performance, and actual results and future developments may vary materially from those projected in the forward-looking statements.

    This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act.


    1 This press release describes Time Charter Equivalent earnings and related per day amounts and spot TCE currently contracted, which are not measures prepared in accordance with IFRS (“non-GAAP”). See Appendix 1 for a full description of the measures and reconciliation to the nearest IFRS measure.

    Attachment

    The MIL Network

  • UK signs Chagos deal with Mauritius, India welcomes move

    Source: Government of India

    Source: Government of India (4)

    Britain signed a deal on Thursday to cede sovereignty of the Chagos Islands to Mauritius, after a London judge overturned a last-minute injunction and cleared the way for an agreement the government says is vital to protect the nation’s security.
     
    The multibillion-dollar deal will allow Britain to retain control of the strategically important U.S.-UK air base on Diego Garcia, the largest island of the archipelago in the Indian Ocean, under a 99-year lease.
     
    India has welcomed the signing of the treaty between the United Kingdom and the Republic of Mauritius on the return of Mauritian sovereignty over the Chagos Archipelago, including the strategic island of Diego Garcia. 
     
    “India has consistently supported Mauritius’s legitimate claim over the Chagos Archipelago. This is in keeping with our principled position on decolonization, respect for sovereignty, and the territorial integrity of nations,” said the Ministry of External Affairs in a statement.
     
    “As a steadfast and longstanding partner of Mauritius, India remains committed to working closely with Mauritius and other like-minded countries to strengthen maritime security and regional stability,” the MEA added.
     
    The signing went ahead after a carefully choreographed ceremony was postponed when lawyers representing a British national born in the Chagos Islands were granted an interim injunction at the High Court in the early hours of Thursday.
     
    Judge Martin Chamberlain then lifted that injunction following a hearing, saying Britain’s interests would be “substantially prejudiced” if the injunction were to continue.
     
    The government, which has been criticised by opposition parties for pursuing a deal they say is overly costly and would play into the hands of China, has long said the agreement is essential to secure the future of Diego Garcia.
     
    “The strategic location of this base is of the utmost significance to Britain, from deploying aircraft to defeat terrorists in Iraq and Afghanistan to anticipating threats in the Red Sea and the Indo-Pacific,” Prime Minister Keir Starmer told a news conference.
     
    “By agreeing to this deal now, on our terms, we’re securing strong protections, including from malign influence, that will allow the base to operate well into the next century.”
     
    The signing ends months of wrangling over the deal, the details of which were first announced in October, after the then-Mauritian leader Pravind Jugnauth was replaced by Prime Minister Navin Ramgoolam, who raised concerns about it.
     
    It was further delayed after the inauguration of U.S. President Donald Trump in January, with London wanting to give the new administration time to examine the details of the plan. In February, Trump indicated his backing for the deal.
     
    Ramgoolam welcomed the deal, saying it had been a long fight to get to this point.
     
    “With this agreement, we are completing the total process of decolonization,” Ramgoolam said in a televised broadcast, speaking in the local Creole language.
     
    “It’s total recognition of our sovereignty on the Chagos, including Diego Garcia.”
     
    U.S. Secretary of State Marco Rubio also welcomed the deal saying it “secures the long-term, stable, and effective operation of the joint U.S.-UK military facility at Diego Garcia”.
     
    LATEST LEGAL CHALLENGE
     
    The injunction was the latest legal challenge to the deal in the last two decades brought by members of the wider Chagossian diaspora, many of whom ended up in Britain after being forcibly removed from the archipelago more than 50 years ago.
     
    It was granted following action by Bertrice Pompe, a British national who was born in Diego Garcia and has criticised the deal for excluding Chagossians.
     
    James Eadie, the government’s lawyer, said the delay was damaging to British interests and “there is jeopardy to our international relations … (including with) our most important security and intelligence partner, the U.S.”
     
    It is one less headache for Starmer, who is under fire from his own governing Labour Party for implementing welfare cuts to try to better balance Britain’s books.
     
    But Starmer’s political opponents were again critical of the accord, arguing it was both costly and by ceding sovereignty, China could further deepen its ties with Mauritius, benefiting Beijing’s influence in the Indian Ocean.
     
    “Labour’s Chagos Surrender Deal is bad for our defence and security interests, bad for British taxpayers and bad for British Chagossians,” Conservative Party foreign affairs spokeswoman Priti Patel said on X.
     
    The financial component of the deal includes 3 billion pounds to be paid by Britain to Mauritius over the 99-year term of the agreement, with an option for a 50-year extension and Britain maintaining the right of first refusal thereafter.
     
    The base’s capabilities are extensive and strategically crucial. Recent operations launched from Diego Garcia include bombing strikes on Houthi targets in Yemen in 2024-2025, humanitarian aid deployments to Gaza and, further back, attacks on Taliban and al-Qaeda targets in Afghanistan in 2001.
     
    (Reuters)
  • MIL-OSI Security: Former CIA Analyst Pleads Guilty to Transmitting Top Secret National Defense Information

    Source: US FBI

    A former CIA analyst pleaded guilty today to retaining and transmitting Top Secret National Defense Information to people who were not entitled to receive it, information which was publicly posted on a social media platform in October 2024.

    According to court documents, Asif William Rahman, 34, of Vienna, was an employee of the CIA since 2016 and had a Top-Secret security clearance with access to Sensitive Compartmented Information (SCI).

    “Mr. Rahman betrayed the trust of the American people by unlawfully sharing classified national defense information he swore an oath to protect,” said Assistant Attorney General Matthew G. Olsen of the Justice Department’s National Security Division. “Today’s guilty plea demonstrates that the Justice Department will spare no effort to swiftly find and aggressively prosecute those who harm the United States by illegally disclosing our national security secrets.”

    “Asif Rahman is pleading guilty in federal court three months to the day that he disclosed top secret American documents in violation of his oath, his responsibility, and the law,” said U.S. Attorney Jessica D. Aber for the Eastern District of Virginia. “This District, in partnership with federal law enforcement and the intelligence community, exemplified dedication, skill, and speed to bring him to justice expeditiously. Mr. Rahman’s actions placed lives at risk, undermined U.S. foreign relations, and compromised our ability to collect vital intelligence in the future.”

    “With today’s plea, Asif Rahman acknowledges he betrayed the trust of his country by sharing classified information in spite of the risk to the United States and our allies,” said Executive Assistant Director Robert Wells of the FBI’s National Security Branch. “Government employees who are granted security clearances and given access to our nation’s classified information must promise to protect it. Rahman blatantly violated that pledge and took multiple steps to hide his actions. The FBI will use all our resources to investigate and hold accountable those who illegally transmit classified information and endanger the national security interests of our country.”

    “Today’s plea demonstrates the FBI’s resolve to deploy the necessary tools and authorities to identify, locate, and bring to justice a government clearance holder who violated the oath he took to support and defend the U.S. Constitution,” said Assistant Director David Sundberg of the FBI Washington Field Office. “This is a good reminder to all clearance holders that the FBI and our Intelligence Community partners will spare no resource to immediately find and hold accountable those who violate the law and disclose classified information without authorization, no matter where in the world they are located.”

    According to court documents, on Oct. 17, 2024, Rahman accessed and printed two Top Secret documents containing National Defense Information regarding a U.S. foreign ally and its planned actions against a foreign adversary. Rahman removed the documents, photographed them, and transmitted them to individuals he knew were not entitled to receive them. By Oct. 18, 2024, the documents appeared publicly on multiple social media platforms, complete with the classification markings.

    After Oct. 17, 2024, Rahman deleted and edited journal entries and written work product on his personal electronic devices to conceal his personal opinions on U.S. policy and drafted entries to construct a false narrative regarding his activity. Rahman also destroyed multiple electronic devices, including a personal mobile device and an internet router he used to transmit classified information and photographs of classified documents, and discarded the destroyed devices in public trash receptacles in an effort to thwart potential investigations into him and his unlawful conduct.

    Beginning in the spring of 2024 and continuing through November 2024, Rahman repeatedly accessed and printed classified National Defense Information, including documents classified up to the Top Secret level, to take them to his residence. There, Rahman reproduced the documents and, while doing so, altered them in an effort to conceal their source and his activity. Rahman then communicated Top Secret information that he learned in the course of his employment to multiple individuals he knew were not entitled to receive it.

    Rahman was indicted by a grand jury on Nov. 7, 2024, and was arrested by the FBI as he arrived to work on Nov. 12, 2024. He has remained in custody since his arrest.

    Rahman pleaded guilty to two counts of willful retention and transmission of classified information related to the national defense. He is scheduled to be sentenced on May 15, 2025. He faces a maximum penalty of 10 years in prison for both counts in the plea agreement. A federal district court judge will determine any sentence after considering the U.S. Sentencing Guidelines and other statutory factors.

    The FBI Washington Field Office is investigating the case.

    Assistant U.S. Attorney Troy A. Edwards Jr. for the Eastern District of Virginia and Trial Attorney Brett Reynolds of the National Security Division’s Counterintelligence and Export Control Section are prosecuting the case.

    MIL Security OSI