Category: Politics

  • MIL-OSI China: From algorithms to assembly lines: AI resets industries in Davos spotlight

    Source: People’s Republic of China – State Council News

    A guest interacts with a robot during the Cultural Soiree of the 16th Annual Meeting of the New Champions, also known as the Summer Davos, in north China’s Tianjin Municipality, June 25, 2025. [Photo/Xinhua]

    Amid bustling crowds at the Summer Davos Forum in north China’s Tianjin, an AI-powered interactive installation has captured the attention of curious attendees, who pause to observe and interact with the technology.

    In front of the huge screen, an oil-painting-style visual experience seamlessly blends people’s figures with Tianjin’s ecological scenery and cultural heritage.

    The interactive installation epitomizes the global surge in AI, which has empowered a vast number of industries worldwide. AI has been a recurring theme at the Summer Davos for years, but groundbreaking advancements such as the latest ChatGPT iterations, AIGC developments and China’s impressive DeepSeek models have propelled AI onto center stage.

    “AI will bring a new industrial revolution. All products and businesses will be reshaped,” said Gong Ke, research lead for the 2025 Summer Davos topics, adding that nowadays, intelligent and green technologies are transforming traditional industries while creating vast new demands.

    The top 10 emerging technologies of 2025 released at the Summer Davos Forum are expected to achieve real-world impact within three to five years. Collaborative sensing and generative watermarking are among the 10 breakthrough technologies to watch.

    “These technologies need to be deployed everywhere, so everybody can benefit from these technologies,” said Javier Garcia-Martinez, professor of University of Alicante in Spain.

    In recent years, the development of AI in China has been remarkable. Yan Bing, the vice dean of the School of Economics at Nankai University, said that China’s AI industry exceeded 700 billion yuan (about 97.7 billion U.S. dollars) in 2024, sustaining over 20 percent annual growth for years, and the applications of AI spanned manufacturing, healthcare, urban governance and many other areas.

    “China is driving global transformation with innovation and digital momentum,” said Yan.

    Cao Bin, chairman of Fitow (Tianjin) Detection Technology Co., Ltd., said that they could analyze over 30 types of real-time data with AI and make a digital twin system simulation within one minute. The solution has already been adopted by many automakers nationwide.

    In parallel with improvements to the basic model and product experience, AI has become more and more user-friendly, showing its practical value in complex emergency scenarios, said Shen Dou, the executive vice president of Baidu.

    The Chinese government work report released earlier this year called for the extensive application of large-scale AI models and the vigorous development of new-generation intelligent terminals and smart manufacturing equipment, including intelligent connected new-energy vehicles, AI-enabled phones and computers, and intelligent robots.

    Today, traditional industries in China are also embracing AI.

    Unlike the traditional dusty and messy factory, the prefabricated component factory of Lanzhou-Hezuo Railway was clean and intelligent. At the factory, 5G-connected robotic arms transported materials and stacking robots arranged components with precision.

    “Producing 5,300 prefabricated parts daily, the smart line quadruples traditional efficiency,” said Gao Hongyi, the project manager at China Railway 18th Bureau Group.

    There is a lot of curiosity in the world around the innovation ecosystems of China, particularly around the energy transition, the overall energy ecosystem, and also high technology, said Mirek Dusek, World Economic Forum Managing Director. 

    MIL OSI China News

  • MIL-OSI USA: El Gobernador Newsom firma un presupuesto estatal equilibrado que reduce los impuestos a los veteranos, financia completamente las comidas escolares gratuitas, construye más viviendas y crea empleos

    Source: US State of California Governor

    Jun 27, 2025

    CUMPLIDO: Reducción de impuestos para jubilados militares

    CUMPLIDO: Pre-kinder universal para todos

    CUMPLIDO: Ampliación de programas antes y después de clases y cursos de verano

    CUMPLIDO: Alimentación escolar gratuita para todos los niños

    CUMPLIDO: Impulso de la alfabetización y la lectura

    CUMPLIDO: Construyendo más viviendas, lo antes posible

    CUMPLIDO: Reduciendo los costos de los medicamentos

    CUMPLIDO: Ampliando el acceso al aborto con medicamentos con CalRx

    CUMPLIDO: Inversiones históricas en la lucha contra incendios y la seguridad pública

    CUMPLIDO: Protegiendo la icónica industria cinematográfica de California

    Próximamente se firmará un paquete histórico para reducir la burocracia, agilizar la construcción de viviendas y la infraestructura

    Sacramento, California – Ante el asalto económico de Donald Trump, el Gobernador Gavin Newsom firmó hoy el proyecto de ley de presupuesto estatal para el 2025 en colaboración con el Presidente del Senado Mike McGuire y el Presidente de la Asamblea Robert Rivas. Juntos, el Gobernador y la Legislatura están implementando un plan de gasto responsable y equilibrado que salvaguarda los valores de California y, al mismo tiempo, mantiene la salud fiscal a largo plazo. Este presupuesto y los próximos proyectos de ley incluyen nuevas políticas históricas que acelerarán la producción de viviendas e impulsarán la asequibilidad en comunidades de todo el estado – abordando así los desafíos más urgentes de California.

    Mientras enfrentamos el sabotaje económico de Donald Trump, este acuerdo presupuestario demuestra que California no solo se mantendrá firme – sino que irá aún más lejos. Es equilibrado, mantiene reservas sustanciales y se centra en el apoyo a los californianos – reduciendo drásticamente la burocracia e impulsando el desarrollo de vivienda e infraestructura, preservando los servicios esenciales del cuidado de salud, financia la educación preescolar universal y reduce los impuestos para los veteranos.

    Gobernador Gavin Newsom

    El Presidente del Senado Mike McGuire dice: “El Estado está entregando un presupuesto responsable y puntual en un año difícil, centrado en la restricción fiscal y la inversión en las personas y los programas que hacen de este estado un gran estado. Este presupuesto prioriza una financiación récord para nuestros hijos y escuelas públicas, protege el acceso a la atención médica para millones de las personas más vulnerables y creará más viviendas a una escala sin precedentes en años. Gracias a este acuerdo presupuestario, el estado ayudará a que más personas salgan de las calles y encuentren refugios permanentes, y ampliaremos los equipos de CalFire, desplegando cientos de bomberos adicionales de CalFire a tiempo completo, lo que salvará vidas y nos hará a todos más seguros contra incendios forestales. Y este acuerdo ayuda a preparar a nuestro estado para el caos continuo y la enorme incertidumbre causada por la administración de Trump. Gracias al líder del Comité de Presupuesto del Senado Scott Wiener, a la Asamblea y al Gobernador Newsom y a sus equipos por su arduo trabajo para la gente de California.”

    El Presidente de la Asamblea Robert Rivas dice: Este es un momento increíblemente difícil para los californianos. Trump está socavando nuestra economía con aranceles imprudentes, recortes drásticos y agentes de ICE aterrorizando a nuestras comunidades. En un momento en que tantos ya están en dificultades, está aumentando el miedo y la inestabilidad. En contraste, los demócratas han presentado un presupuesto que protege a California. Reduce la burocracia para construir más viviendas con mayor rapidez, porque la vivienda es la base de la asequibilidad y la oportunidad. Preserva inversiones cruciales en atención médica, salud femenina, educación y seguridad pública. Y cumple con nuestro compromiso de no aumentar los impuestos a las familias, los trabajadores ni a las pequeñas empresas. En tiempos sin precedentes, en circunstancias difíciles, los demócratas están cumpliendo con los californianos.

    Recortes de impuestos para veteranos, tamaños de clases escolares más reducidas y comidas escolares gratuitas

    El presupuesto refleja un compromiso compartido para proteger las oportunidades y mejorar la accesibilidad en California, frente a los ataques selectivos de la administración de Trump. Preserva programas clave de cuidado médico para los californianos que han sido atacados por los republicanos. También preserva programas esenciales de la red de seguridad social, incluyendo servicios de apoyo domiciliario y la salud reproductiva femenina, a la vez que realiza inversiones históricas en la educación pública, desde el pre-kínder universal y las comidas escolares gratuitas hasta la ampliación de los programas antes y después de la escuela, los cursos de verano, clases con menos estudiantes y el fortalecimiento de la formación profesional y la educación superior. El presupuesto demuestra el compromiso del estado con el reconocimiento de los veteranos mediante la creación de recortes de impuestos para los jubilados militares, reconociendo su servicio y apoyando su seguridad financiera.

    Reduciendo los costos de los medicamentos recetados, proteger la atención reproductiva y las redes de seguridad

    El presupuesto preserva programas clave de atención médica para los californianos que están en la mira de los republicanos. Conserva programas vitales de protección social, como los servicios de apoyo domiciliario y la salud reproductiva femenina. Como parte del presupuesto, el Gobernador firmará legislación que protege al acceso al cuidado médico, el presupuesto lidera los esfuerzos para otorgar licencias y regular a los Administradores de Beneficios Farmacéuticos por primera vez, aumentando la transparencia y la rendición de cuentas en la cadena de suministro farmacéutica. La legislación también amplía la autoridad de CalRx para adquirir medicamentos de marca y responder a interrupciones del suministro por motivos políticos, ayudando a proteger el acceso a medicamentos críticos como la mifepristona.

    Luces, camara, trabajos

    El presupuesto protege la posición de California como la cuarta economía más grande del mundo – apoyando a las empresas y el continuo crecimiento económico, incluyendo la emblemática industria cinematográfica californiana. La próxima semana, el Gobernador firmará legislación adicional como parte de la expansión del programa de crédito fiscal para cine y televisión, lo que catapultará aún más el impacto del programa a $750 millones anuales.

    El ataque económico de Trump

    El presupuesto equilibrado se produce en un momento en que California continúa enfrentando importantes presiones fiscales impulsadas por las imprudentes políticas económicas y de inmigración de la administración de Trump. Según el Departamento de Finanzas de California, se proyecta que el régimen arancelario de Trump le costará al estado aproximadamente $16 mil millones en ingresos del Fondo General durante el próximo año fiscal. Un nuevo estudio publicado el 17 de junio por el Instituto Económico de la Área de la Bahía (Bay Area Council Economic Institute), en colaboración con UC Merced, concluyó que las deportaciones masivas de Trump podrían recortar $275 mil millones de la economía de California, eliminar $23 mil millones en ingresos fiscales anuales y afectar gravemente a industrias clave como la agricultura, la construcción y la industria hotelera. 

    Ante estos crecientes desafíos, el Gobernador emitió una proclamación para acceder a las reservas estatales bajo. Y este presupuesto responsable y equilibrado protege a los californianos, crea más viviendas, preserva programas esenciales, refuerza la disciplina fiscal e invierte en la fortaleza económica a largo plazo del estado. 

    El Gobernador anunció hoy la firma de los siguientes proyectos de ley:

    • AB 102 by Assemblymember Jesse Gabriel (D-Encino) – Budget Act of 2025.
    • AB 118 by the Committee on Budget – Human services.
    • AB 121 by the Committee on Budget – Education finance: education omnibus budget trailer bill.
    • AB 123 by the Committee on Budget – Higher education budget trailer bill.
    • AB 134 by the Committee on Budget – Public Safety.
    • AB 136 by the Committee on Budget – Courts.
    • AB 143 by the Committee on Budget – Development Services.
    • SB 101 by Senator Scott Wiener (D-San Francisco) – Budget Act of 2025.
    • SB 103 by Senator Scott Wiener (D-San Francisco) – Budget Acts of 2022, 2023, and 2024.
    • SB 120 by the Committee on Budget and Fiscal Review – Early childhood education and childcare.
    • SB 124 by the Committee on Budget and Fiscal Review – Public resources trailer bill.
    • SB 127 by the Committee on Budget and Fiscal Review – Climate change.
    • SB 128 by the Committee on Budget and Fiscal Review – Transportation.
    • SB 132 by the Committee on Budget and Fiscal Review – Taxation.
    • SB 141 by the Committee on Budget and Fiscal Review – California Cannabis Tax Fund: Department of Cannabis Control: Board of State and Community Corrections grants.
    • SB 142 by the Committee on Budget and Fiscal Review – Deaf and Disabled Telecommunications Program.

    La firma del Gobernador en el presupuesto estatal depende de la promulgación de la AB 131 o la SB 131 el lunes 30 de junio.

    To read this release in English, click here. 

    Press releases

    Recent news

    News ✅ FUNDED: Tax cut for military retirees ✅ FUNDED: Universal pre-kindergarten for all  ✅ FUNDED: Expanded before school, after school, & summer school ✅ FUNDED: Free school meals for all kids  ✅ FUNDED: Game-changing literacy & reading investments ✅…

    News SACRAMENTO – Governor Gavin Newsom today announced the following appointments: Neal Payton, of Santa Monica, has been appointed to the State Historical Resources Commission. Payton has been Senior Principal at Torti Gallas + Partners since 1996. He was Associate…

    News What you need to know: The federal Republicans’ “Big, Beautiful bill” would eliminate health coverage for up to 3.4 million Californians, cut at least $28.4 billion in federal Medicaid funding, and put food assistance at risk for the hundreds of thousands of…

    MIL OSI USA News

  • MIL-OSI Global: Do all Iranians hate the regime? Hate America? Life inside the country is more complex than that

    Source: The Conversation – Global Perspectives – By Simon Theobald, Postdoctoral researcher, Institute for Ethics and Society, University of Notre Dame Australia

    From 2015 to 2018, I spent 15 months doing research work in Mashhad, Iran’s second-largest city. As an anthropologist, I was interested in everyday life in Iran outside the capital Tehran. I was also interested in understanding whether the ambitions of the 1979 Revolution lived on among “ordinary” Iranians, not just political elites.

    I first lived on a university campus, where I learned Persian, and later with Iranian families. I conducted hundreds of interviews with people who had a broad spectrum of political, social and religious views. They included opponents of the Islamic Republic, supporters, and many who were in between.

    What these interviews revealed to me was both the diversity of opinion and experience in Iran, and the difficulty of making uniform statements about what Iranians believe.

    Measuring the depth of antipathy for the regime

    When Israel’s strikes on Iran began on June 13, killing many top military commanders, many news outlets – both international and those run by the Iranian diaspora – featured images of Iranians cheering the deaths of these hated regime figures.

    Friends from my fieldwork also pointed to these celebrations, while not always agreeing with them. Many feared the impact of a larger conflict between Iran and Israel.

    Trying to put these sentiments in context, many analysts have pointed to a 2019 survey by the GAMAAN Institute, an independent organisation based in the Netherlands that tracks Iranian public opinion. This survey showed 79% of Iranians living in the country would vote against the Islamic Republic if a free referendum were held on its rule.

    Viewing these examples as an indicator of the lack of support for the Islamic Republic is not wrong. But when used as factoids in news reports, they become detached from the complexities of life in Iran. This can discourage us from asking deeper questions about the relationships between ideology and pragmatism, support and opposition to the regime, and state and society.

    A more nuanced view

    The news reporting on Iran has encouraged a tendency to see the Iranian state as homogeneous, highly ideological and radically separate from the population.

    But where do we draw the line between the state and the people? There is no easy answer to this.

    When I lived in Iran, many of the people who took part in my research were state employees – teachers at state institutions, university lecturers, administrative workers. Many of them had strong and diverse views about the legacy of the revolution and the future of the country.

    They sometimes pointed to state discourse they agreed with, for example Iran’s right to national self-determination, free from foreign influence. They also disagreed with much, such as the slogans of “death to America”.

    This ambivalence was evident in one of my Persian teachers. An employee of the state, she refused to attend the annual parades celebrating the anniversary of the revolution. “We have warm feelings towards America,” she said. On the other hand, she happily attended protests, also organised by the government, in favour of Palestinian liberation.

    Or take the young government worker I met in Mashhad: “We want to be independent of other countries, but not like this.”

    In a narrower sense, discussions about the “state” may refer more to organisations like the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) and the Basij, the paramilitary force within the IRGC that has cracked down harshly on dissent in recent decades. Both are often understood as being deeply ideologically committed.

    Said Golkar, a US-based Iranian academic and author, for instance, calls Iran a “captive society”. Rather than having a civil society, he believes Iranians are trapped by the feared Basij, who maintain control through their presence in many institutions like universities and schools.

    Again, this view is not wrong. But even among the Basij and Revolutionary Guard, it can be difficult to gauge just how ideological and homogeneous these organisations truly are.

    For a start, the IRGC relies on both ideologically selected supporters, as well as conscripts, to fill its ranks. They are also not always ideologically uniform, as the US-based anthropologist Narges Bajoghli, who worked with pro-state filmmakers in Tehran, has noted.

    As part of my research, I also interviewed members of the Basij, which, unlike the IRGC proper, is a wholly volunteer organisation.

    Even though ideological commitment was certainly an important factor for some of the Basij members I met, there were also pragmatic reasons to join. These included access to better jobs, scholarships and social mobility. Sometimes, factors overlapped. But participation did not always equate to a singular or sustained commitment to revolutionary values.

    For example, Sāsān, a friend I made attending discussion groups in Mashhad, was quick to note that time spent in the Basij “reduced your [compulsory] military service”.

    This isn’t to suggest there are not ideologically committed people in Iran. They clearly exist, and many are ready to use violence. Some of those who join these institutions for pragmatic reasons use violence, too.

    Looking in between

    In addition, Iran is an ethnically diverse country. It has a population of 92 million people, a bare majority of whom are Persians. Other minorities include Azeris, Kurds, Arabs, Baloch, Turkmen and others.

    It is also religiously diverse. While there is a sizeable, nominally Shi’a majority, there are also large Sunni communities (about 10-15% of the population) and smaller communities of Christians, Jews, Zoroastrians, Baha’is and other religions.

    Often overlooked, there are also important differences in class and social strata in Iran, too.

    One of the things I noticed about state propaganda was that it flattened this diversity. James Barry, an Australian scholar of Iran, noticed a similar phenomenon.

    State propaganda made it seem like there was one voice in the country. Protests could be dismissed out of hand because they did not represent the “authentic” view of Iranians. Foreign agitators supported protests. Iranians supported the Islamic Republic.

    Since leaving Iran, I have followed many voices of Iranians in the diaspora. Opposition groups are loud on social media, especially the monarchists who support Reza Pahlavi, the son of the deposed Shah.

    In following these groups, I have noticed a similar tendency to speak as though they represent the voice of all Iranians. Iranians support the shah. Or Iranians support Maryam Rajavi, leader of a Paris-based opposition group.

    Both within Iran, and in the diaspora, the regime, too, is sometimes held to be the imposition of a foreign conspiracy. This allows the Islamic Republic and the complex relations it has created to be dismissed out of hand. Once again, such a view flattens diversity.

    Over the past few years, political identities and societal divisions seem to have become harder and clearer. This means there is an increasing perception among many Iranians of a gulf between the state and Iranian society. This is the case both inside Iran, and especially in the Iranian diaspora.

    Decades of intermittent protests and civil disobedience across the country also show that for many, the current system no longer represents the hopes and aspirations of many people. This is especially the case for the youth, who make up a large percentage of the population.

    I am not an Iranian, and I strongly believe it is up to Iranians to determine their own futures. I also do not aim to excuse the Islamic Republic – it is brutal and tyrannical. But its brutality should not let us shy away from asking complex questions.

    If the regime did fall tomorrow, Iran’s diversity means there is little unanimity of opinion as to what should come next. And if a more pluralist form of politics is to emerge, it must encompass the whole of Iran’s diversity, without assuming a uniform position.

    It, too, will have to wrestle with the difficult questions and sometimes ambivalent relations the Islamic Republic has created.

    Simon Theobald received funding from the Australian National University during his research.

    ref. Do all Iranians hate the regime? Hate America? Life inside the country is more complex than that – https://theconversation.com/do-all-iranians-hate-the-regime-hate-america-life-inside-the-country-is-more-complex-than-that-259554

    MIL OSI – Global Reports

  • MIL-OSI USA: Kaine Statement on Supreme Court Birthright Citizenship Decision

    US Senate News:

    Source: United States Senator for Virginia Tim Kaine

    WASHINGTON, D.C.—Today, U.S. Senator Tim Kaine, a former civil rights attorney, released the following statement on the Supreme Court’s ruling in Trump v. CASA to limit federal courts’ ability to block President Donald Trump’s unconstitutional birthright citizenship order nationwide:

    “President Trump’s attempt to curtail birthright citizenship for those born in the U.S. is clearly unconstitutional. This is why every federal court until now had blocked the executive order from going into effect. But instead of making a straightforward determination on the constitutionality of the EO, the Supreme Court has colluded with the Trump Administration to curtail the Judiciary Branch’s own power to protect Americans from illegal actions by the Executive Branch, starting with undermining birthright citizenship. Now that Trump’s birthright citizenship order may go into effect in 30 days unless more lawsuits are filed, American hospitals and state and local governments will be in limbo about something as basic as issuing birth certificates. Parents of newborns will have to scramble to make sure that they have the paperwork to show their citizenship or immigration status, even as they prepare to welcome a baby into their families. Once again with this Administration, it’s nothing but uncertainty and fear.”

    Kaine has vigorously and consistently pushed back against the Trump Administration’s efforts to unconstitutionally restrict birthright citizenship. In December 2024, he delivered a speech on the Senate floor condemning then-President-elect Trump’s stated intention to end the Fourteenth Amendment’s guarantee of birthright citizenship. In January 2025, just before the beginning of President Trump’s second term, Kaine again delivered a speech highlighting notable Americans born to immigrant parents and their contributions to American society and culture. Later that same month, Kaine condemned President Trump’s birthright citizenship executive order. In May 2025, Kaine excoriated President Trump for denigrating the U.S. as “a stupid country” in an unhinged Truth Social rant for its constitutional guarantee of birthright citizenship.

    MIL OSI USA News

  • MIL-Evening Report: Israeli soldiers ‘ordered’ to fire at Gaza aid seekers – 70 killed across Strip

    Israeli soldiers have said that they were ordered to open fire at unarmed Palestinian civilians desperately seeking aid at designated distribution sites in Gaza, a report in the Ha’aretz newspaper has revealed.

    The report came as 70 Palestinians were killed across the Gaza Strip — mostly at aid sites belonging to the widely condemned Gaza Humanitarian Foundation (GHF) — in the last 24 hours.

    Soldiers said that instead of using crowd control measures, they shot at crowds of civilians to prevent them from approaching certain areas.

    One soldier, who was not named in the report, described the distribution site as a “killing field,” adding that “where I was, between one and five people were killed every day”.

    The soldier said that they targeted the crowds as if they were “an attacking force,” instead of using other non-lethal weapons to organise and disperse crowds.

    “We communicate with them through fire,” he continued, noting that heavy machine guns, grenade launchers and mortars were used on people, including the elderly, women and children.

    The increased attacks, particularly those targeting aid-seekers, come as Gaza’s government Media Office said at least 549 Palestinians had been killed by Israeli forces while trying to get their hands on emergency aid in the last four weeks.

    ‘Evil of moral army’
    Al Jazeera’s senior political analyst Marwan Bishara described what was happening in Gaza was more than the genocode.

    “It is the evil of the most moral army in the world,” he said.

    Israeli forces continued their attacks across the Gaza Strip on Friday, killing at least three Palestinians in an attack on Khan Younis, in the south, while also heavily bombing residential buildings east of Jabalia in the north.

    Medical sources also said a Palestinian fisherman was killed, and others wounded, by Israeli naval gunfire off the al-Shati refugee camp, while he was working.

    Gaza’s Ministry of Interior responded to the attacks with a statement, accusing Israel of “seeking to spread chaos and destabilise the Gaza Strip”.

    Malnutrition soars
    Gazans have continued to desperately seek aid provided by the US and Israel-backed Gaza Humanitarian Foundation, despite the hundreds of people killed at its sites, as malnutrition soars in the territory.

    Two infants have died this week due to malnutrition and the ongoing blockade on Gaza.

    “It’s a killing field” claims a headline in Ha’aretz newspaper. Image: Ha’aretz screenshot APR

    For weeks now, health officials in the enclave have raised the alarm over the critical shortage of baby formula, but aid continued to be obstructed.

    The two infants were buried on Thursday evening, after they were pronounced dead at the Nasser Hospital in Khan Younis. Medical staff said the cause of death was a lack of basic nutrition and access to essential medical care.

    One of the infants, identified as Nidal, was only five months old, while the other, Kinda, was only 10 days old.

    Mohammed al-Hams, Kinda’s father, told local media that children are dying due to severe malnutrition, sarcastically labelling them “the achievements of Netanyahu and his war”.

    “Not a second goes by without a funeral prayer being held in the Gaza Strip,” he continued.

    Malnutrition ‘catastrophic’
    On Wednesday, Gaza’s Ministry of Health said the humanitarian situation in Gaza had reached “catastrophic” levels, noting that there had been a sharp increase in malnutrition among children, particularly in infants.

    According to Palestinian official figures, at least 242 people have died in Gaza due to food and medicine shortages, with the majority of them being elderly and children.

    Israel’s war on Gaza has killed at least 61,700 Palestinians since October 2023. The war has levelled entire neighbourhoods, and has been called a genocide by leading rights groups, including Amnesty International.

    In Auckland last night, visiting Palestinian journalist, author, academic and community advocate Dr Yousef Aljamal spoke about “The unheard voices of Palestinian child prisoners”.

    Dr Aljamal, who edited If I Must Die, a compilation of poetry and prose by Refaat Alareer, the poet who was assassinated by the Israelis in 6 December 2023, also described the humanitarian crisis as a “catastrophe” and called for urgent sanctions and political pressure on Israel by governments, including New Zealand.


    Soldiers admit Israeli army is targeting aid seekers       Video: Al Jazeera

    Article by AsiaPacificReport.nz

    MIL OSI AnalysisEveningReport.nz

  • MIL-OSI USA: Senator Markey Statement on Senate War Powers Resolution Vote

    US Senate News:

    Source: United States Senator for Massachusetts Ed Markey

    Washington (June 27, 2025) – Senator Edward J. Markey (D-Mass.) released the following statement today after the Senate failed to advance Senator Tim Kaine’s (D-Va.) war powers resolution to halt the Trump administration’s use of United States Armed Forces for its unauthorized hostilities against Iran. Congress has the sole power to declare war, and Donald Trump violated the Constitution by not seeking Congressional authorization before he ordered military strikes on Iran.

    “Today, I was proud to cast my vote for Senator Kaine’s war powers resolution. 

    “President Trump acted against the Constitution by launching an attack on Iran on June 21 without seeking congressional approval. In doing so, he steamrolled over the right of every American to have a say in the use of U.S. military force.

    “We must ensure that Iran never acquires a nuclear weapon. But asserting Congress’s constitutional role in war is not some procedural detail; it is necessary. Our government is based on checks and balances, and Congress’s authority to declare war is a core principle of what makes America a democracy.”

    MIL OSI USA News

  • MIL-OSI Canada: Tariff-rate quotas on imports of steel mill products

    Source: Government of Canada News

    Backgrounder

    The Government of Canada announced the implementation of tariff rate quotas (TRQs) on imports of steel mill products from non-free trade agreement partners, effective June 27, 2025. This measure will help stabilize the Canadian market and prevent harmful diversion of foreign steel from third countries into Canada while minimizing impacts on Canadian importers and downstream users.

    The TRQs will be administered on the basis of five steel product categories: flat, long, pipe and tube, semi-finished, and stainless steel (see Annex A for list of tariff classifications applicable to each category). A 50 per cent surtax will be applied on imports of covered products that exceed the specified quantity threshold from non-FTA partners.

    The quotas will be reviewed in 30 days to ensure their appropriateness and effectiveness in light of evolving market circumstances, and periodically thereafter. The reviews will be supported by the newly established industry-government steel task force.

    Administration of the Tariff-Rate Quotas

    Global Affairs Canada will be responsible for administering the quota of products that may be imported without this additional surtax through the issuance of shipment-specific import permits. To facilitate the administration of the TRQs, the subject products are being added to the Import Control List. Importations made without the applicable shipment-specific import permit will be assessed the 50 per cent surtax by the CBSA. This surtax would be additive to any existing surtaxes or anti-dumping and countervailing duty measures, as well as forthcoming tariff measures based on the country of “melt and pour” for steel or “smelt and cast” for aluminum.

    Key elements of the tariff-rate quota include:

    • Total quota volume: For each of the five steel product categories, a limit is imposed on the quantity of goods that may be imported without a surtax. The one-year limit corresponds to  all of 2024 imports from non-FTA countries. 
    • Quota periods: The annual quota will be administered on the basis of three-month quarterly periods. Once the quota for a category in a quarter has been filled, imports under that category will be subject to a surtax for the remainder of that period. Any quota remaining at the end of a quarter will be rolled over into the following one.
    • Country share limit: For each category, there is a limit on the share of the total quarterly quota that imports from a single country of origin can fill. The limits are based on historical trade patterns. If imports from a country reaches the specified limit in a category, all subsequent imports from that country in that category will be subject to the surtax, until the end of the quarter.

    See Annex B for additional details on the tariff-rate quota volume and limits.

    The TRQs will apply to imports originating in any country that does not have a free trade agreement in force with Canada. The list of countries excluded from the tariff-rate quotas are set out in Annex C.

    Global Affairs Canada and the Canada Border Services Agency will be responsible for administering the tariff-rate quota for each steel product category. Additional information on the administration of these measures can be found at the links below:

    • GAC Notice to Importers (will follow)
    • CBSA Customs Notice (will follow)

    Annex A – Steel Products Subject to Provisional Safeguards

    Steel Products Subject to Provisional Safeguards
    Product Category

    Applicable Tariff Classifications

    Flat

    7208.10.00; 7208.25.00; 7208.26.00; 7208.27.00; 7208.36.00; 7208.37.00; 7208.38.00; 7208.39.00; 7208.40.00; 7208.51.00; 7208.52.00; 7208.53.00; 7208.54.00; 7208.90.00; 7209.15.00; 7209.16.00; 7209.17.00; 7209.18.00; 7209.25.00; 7209.26.00; 7209.27.00; 7209.28.00; 7209.90.00; 7210.11.00; 7210.12.00; 7210.49.00; 7210.50.00; 7210.61.00; 7210.69.00; 7210.70.00; 7210.90.00; 7211.14.00; 7211.19.00; 7211.23.00; 7211.29.00; 7211.90.00; 7212.10.00; 7212.30.00; 7212.40.00; 7212.50.00; 7225.19.00; 7225.30.00; 7225.40.00; 7225.50.00; 7225.91.00; 7225.92.00; 7225.99.00; 7226.91.00; 7226.92.00; 7226.99.00

    Long

    7213.10.00; 7213.20.00; 7213.91.00; 7213.99.00; 7214.10.00; 7214.20.00; 7214.91.00; 7214.99.00; 7216.10.00; 7216.21.00; 7216.22.00; 7216.31.00; 7216.32.00; 7216.33.00; 7216.40.00; 7216.50.00; 7216.99.00; 7217.10.00; 7217.20.00; 7217.30.00; 7217.90.00; 7224.10.00; 7227.10.00; 7227.20.00; 7227.90.00; 7228.30.00; 7228.40.00; 7228.50.00; 7228.60.00; 7228.70.00; 7228.80.00; 7229.20.00; 7229.90.00; 7301.10.00; 7301.20.00

    Pipe and Tube

    7304.19.00; 7304.22.00; 7304.23.00; 7304.24.00; 7304.29.00; 7304.39.00; 7304.59.00; 7304.90.00; 7305.11.00; 7305.12.00; 7305.19.00; 7305.20.00; 7305.31.00; 7305.39.00; 7305.90.00; 7306.19.00; 7306.29.00; 7306.30.00; 7306.50.00; 7306.61.00; 7306.69.00; 7306.90.00

    Semi-finished

    7206.10.00; 7206.90.00; 7207.11.00; 7207.12.00; 7207.19.00; 7207.20.00; 7224.90.00

    Stainless

    7218.10.00; 7218.91.00; 7218.99.00; 7222.30.00; 7222.40.00; 7304.49.00

    Annex B – Tariff-Rate Quota Volumes

    Tariff-Rate Quota Volumes
    Product Quota for each three-month quarterly period (tonnes) Maximum Share of Total Quota per Country
    Flat 186,856 36%
    Long 178,512 28%
    Pipe and Tube 117,406 47%
    Semi-finished 152,383 72%
    Stainless 5,568 91%

    Annex C – Excluded Countries of Origin

    • Australia
    • Austria
    • Belgium
    • Brunei Darussalam
    • Bulgaria
    • Canada
    • Chile
    • Colombia
    • Costa Rica
    • Croatia
    • Cyprus
    • Czechia
    • Denmark
    • Estonia
    • Finland
    • France
    • Germany
    • Greece
    • Honduras
    • Hungary
    • Iceland
    • Ireland
    • Israel
    • Italy
    • Japan
    • Jordan
    • South Korea
    • Latvia
    • Liechtenstein
    • Lithuania
    • Luxembourg
    • Malaysia
    • Malta
    • Mexico
    • Netherlands
    • New Zealand
    • Norway
    • Panama
    • Peru
    • Poland
    • Portugal
    • Romania
    • Singapore
    • Slovakia
    • Slovenia
    • Spain
    • Sweden
    • Switzerland
    • Ukraine
    • United Kingdom
    • United States
    • Vietnam

    MIL OSI Canada News

  • MIL-OSI Canada: Canada acts to support its steel producers and workers

    Source: Government of Canada News

    June 27, 2025 – Ottawa, Ontario – Department of Finance Canada

    Today, the Minister of Finance and National Revenue, the Honourable François-Philippe Champagne, announced the implementation of new tariff rate quotas (TRQs) for steel mill products imported into Canada from non-free trade agreement (FTA) partners. The TRQs, set at 2.6 million tonnes, will result in a 50 per cent surtax being applied on steel imports above 2024 levels from non-FTA partners. The measure is effective June 27, 2025, and will be reviewed in 30 days.

    This temporary trade measure will help stabilize the Canadian steel market by addressing the risk that steel originally destined for the United States is redirected to Canada. The combination of tariffs imposed by the U.S. on all steel imports and global overcapacity, caused by non-market practices, has led many exporters to seek new markets. This measure helps manage that pressure without disrupting supply for Canadian users.

    This measure builds on Canada’s broader strategy to defend its workers and industries against unfair trade, including non-market policies and practices. This surtax would be additive to any existing surtaxes or anti-dumping and countervailing duty measures, as well as forthcoming tariff measures based on the country of “melt and pour” for steel.

    The decision to impose these TRQs is based on the public consultations, held earlier this spring, on options to address risks to Canada’s steel industry. The quotas will be reviewed in 30 days from today to ensure their appropriateness and effectiveness in light of evolving market circumstances, including progress in the broader trading arrangement with the United States, and periodically thereafter. The reviews will be supported by the newly established industry-government steel task force, which met for the first time on June 26.

    The government remains prepared to take additional steps as needed and will continue to review the appropriateness of its response, pending developments with U.S. tariffs. 

    MIL OSI Canada News

  • MIL-OSI USA: Senators Coons, Shaheen, Booker Statement on the Ministerial Signing of the Peace Deal Between the Democratic Republic of the Congo and Rwanda

    US Senate News:

    Source: United States Senator for Delaware Christopher Coons
    WASHINGTON – Today, U.S. Senators Chris Coons (D-DE), Jeanne Shaheen (D-NH) and Cory Booker (D-NJ), released the following statement on the peace deal brokered by the United States and witnessed by the Secretary of State Marco Rubio between the Foreign Ministers of the Democratic Republic of the Congo (DRC) and Rwanda: 
    “A peace deal between the Democratic Republic of the Congo (DRC) and Rwanda is a vital step towards bringing an end to over 30 years of conflict in eastern DRC. We recognize the representatives from the DRC, Rwanda, and the United States, who, since the signing of a Declaration of Principles on April 25, 2025, have worked tirelessly to solidify the parameters of this agreement to build the foundation for stability and prosperity in the region.     
    “While signing an agreement is important, implementation will be essential, and we urge both parties and all international partners to ensure its enforcement.  This includes swiftly increasing access to life-saving humanitarian assistance for people in need throughout eastern DRC, where over 4 million people are internally displaced and more than 100,000 have fled to neighboring countries since January 1, 2025.  Furthermore, as the deal hinges on respect for territorial integrity, Rwandan troops must withdraw from eastern DRC and stop support for the M23. The government of the DRC must end their support for militias such as the Democratic Forces for the Liberation of Rwanda (FDLR) and ensure their complete disarmament and reintegration. At the time of signing, we must recognize that conflict continues in eastern DRC and that women and children bear the brunt of the violence. Mechanisms for justice and accountability are essential to address the root causes of violence and create an operable environment for peace. 
    “We also look forward to engaging with the Administration on plans for U.S. bilateral economic investment agreements with the DRC and Rwanda, including understanding how these will improve transparency, resource governance, and the well-being and prosperity of local communities. 
    “We are keenly watching how today’s agreement shapes the future of eastern DRC. This is where the hard work begins, and following through on each component of the deal will be essential to its success.” 

    MIL OSI USA News

  • MIL-OSI USA: Cantwell & Colleagues Demand Answers from SBA Administrator Loeffler and Commerce Secretary Lutnick on Gutting Support for Entrepreneurs and Small Businesses

    US Senate News:

    Source: United States Senator for Washington Maria Cantwell
    06.27.25
    Cantwell & Colleagues Demand Answers from SBA Administrator Loeffler and Commerce Secretary Lutnick on Gutting Support for Entrepreneurs and Small Businesses
    “A failure to support small businesses, including minority-owned small businesses, will be a detriment to the entire American economy.”
    WASHINGTON, D.C. – U.S. Senator Maria Cantwell (D-WA), ranking member of the Senate Committee on Commerce, Science, and Transportation and senior member of the Senate Finance Committee, joined Senate colleagues in demanding answers from Administrator of the Small Business Administration Kelly Loeffler and Secretary of Commerce Howard Lutnick on the Trump Administration’s actions eliminating support for small businesses, including small minority-owned businesses.
    In March, President Trump issued an executive order directing the Minority Business Development Agency (MBDA) and several other agencies to reduce their functions to the minimum amount required by law. The President’s Fiscal Year 2026 budget proposes to abolish the MBDA and the Trump Administration seeks to eliminate the Small Business Administration’s (SBA) Women’s Business Centers and funding for SCORE, which provides mentorship and resources to small businesses, among other programs.
    These actions are already being felt across the country. For example, the MBDA Business Center in Tacoma, Washington has been forced to close after receiving a notice that its MBDA grant was terminated. Since receiving a $2 million MBDA grant in July 2021, the Center has helped minority-owned businesses create and retain 1,495 jobs, obtain $190.8 million in contracts, and obtain $216.9 million in financing. 
    “We demand answers from the Administration about how it intends to properly serve small business entrepreneurs from minority and underserved communities and follow Federal laws establishing support for such entrepreneurs,” wrote the Senators. “A failure to support small businesses, including minority-owned small businesses, will be a detriment to the entire American economy.”
    “The Administration actions to eliminate the MBDA is part of an overall attack on federal support to business owned by socially or economically disadvantaged individuals,” the Senators continued. “Federal agencies have several small business contracting goals, including for small businesses generally, Small Disadvantaged Businesses (SDBs), and women-owned and veteran-owned small businesses.”
    Instead of expanding opportunities for more small businesses to grow and thrive, President Trump’s shortsighted actions are throwing cold water on entrepreneurship and job creation. 
    “Undermining and dismantling targeted federal programs that recognize the historic challenges faced by minority business owners will ultimately hurt local communities and weaken the U.S. economy,” concluded the Senators.
    Sen. Cantwell has been a staunch defender of the MBDA against the Trump Administration’s attempts to illegally dismantle the agency, including demanding answers about compliance with a court order halting the dismantling of the MBDA, demanding Commerce Secretary Lutnick  provide a full accounting of his actions to shutter the MBDA, and calling on the Secretary to honor his previous commitment to protect the MBDA and its mission.
    Senators Edward J. Markey (D-MA), Tammy Baldwin (D-WI), Jacky Rosen (D-NV), Ben Ray Luján (D-NM), John Hickenlooper (D-CO), Lisa Blunt Rochester (D-DE), Cory Booker (D-NJ), Mazie Hirono (D-HI), Adam Schiff (D-CA), and Martin Heinrich (D-NM) also signed the letter. 
    The full text of the letter to Administrator Loeffler and Secretary Lutnick is below and HERE.
    Dear Administrator Loeffler and Secretary Lutnick,
    The Trump administration is undoing decades of progress supporting minority small business owners, including the attempt to dismantle the Minority Business Development Agency (MBDA), undermine small business contracting programs, and cut targeted resources and services. We demand answers from the Administration about how it intends to properly serve small business entrepreneurs from minority and underserved communities and follow Federal laws establishing support for such entrepreneurs. A failure to support small businesses, including minority-owned small businesses, will be a detriment to the entire American economy.
    In 1969, President Nixon created the MBDA to help minority business owners succeed. In 2021, Congress permanently authorized the MBDA, with overwhelming bipartisan support. One of the MBDA’s core functions, as defined in the Minority Business Development Act,[1] is operating a network of Business Centers through public-private partnerships. These Business Centers assist minority-owned businesses with accessing capital, contracts, and counseling, ultimately to facilitate their growth and create jobs. In Fiscal Year (FY) 2024, the MBDA helped minority-owned businesses create or retain more than 23,000 jobs, secure almost $2.7 billion in contracts, and receive in excess of $1.5 billion in capital.[2]
    On March 14, 2025, President Trump issued an executive order directing the MBDA and several other agencies to reduce their functions to the minimum amount required by law.[3] On April 10, 2025, nearly every MBDA employee was let go or reassigned. The cancellation of all MBDA grants and Business Center contracts soon followed. Termination letters sent to MBDA grantees and Business Centers—and subsequently rescinded after the Rhode Island Federal District Court issued a preliminary injunction halting the executive order’s implementation—claimed their grants or contracts were no longer consistent with the agency’s priorities. But Congress, not the Trump administration, authorized the MBDA and established its purposes when it passed the Infrastructure Investment and Jobs Act in 2021.[4] Oversight letters from Democratic members of the Senate Commerce Committee regarding the Administration’s actions have gone unanswered.
    The Administration actions to eliminate the MBDA is part of an overall attack on federal support to business owned by socially or economically disadvantaged individuals. Federal agencies have several small business contracting goals, including for small businesses generally, Small Disadvantaged Businesses (SDBs), and women-owned and veteran-owned small businesses. Each federal agency with procurement authority has an Office of Small and Disadvantaged Business Utilization (OSDBU) to promote the use of small businesses to fulfill agency contracts. Small business goals and OSDBUs work in tandem to ensure that small businesses, not just large firms, benefit from the largest buyer of goods and services in the world, the U.S. government.
    In January 2025, the SBA lowered to 5 percent the goal of increasing the share of federal contracting dollars going to SDBs, a stark contrast to the Biden administration, which raised the SDB goal to 15 percent.[5] The Administration also appears to be undermining OSDBUs; according to reports, the Department of Health and Human Services, the fourth largest grantor of federal contracting dollars,[6] fired all OSDBU staff except one at the agency.[7]
    The President’s FY 2026 proposed budget doubles down on these actions by entirely eliminating several statutorily authorized and bipartisan entrepreneurial development programs, in addition to the MBDA. The President’s budget also proposes cutting Women’s Business Centers, the Service Corps of Retired Executives (SCORE), technical assistance for the Microloan program, and more. The Administration justifies these cuts by stating the previous administration awarded “billions in funding to certain businesses solely based on race and gender.”[8] Although some of these programs target specific resources to certain communities, the vast majority of these programs serve all Americans.
    The Trump administration’s war on targeted federal programs is already hurting minority and underserved small businesses. The New York Times found that the Administration’s contract cancellations have disproportionately impacted minority- and women-owned small businesses while largely ignoring the largest federal contracts. As of March 2025, 19 percent of cancelled contracts listed on the DOGE website are for minority-owned businesses and 11 percent are women-owned businesses, despite representing just 10 percent and 5 percent of federal contracts, respectively.[9]
    Bloomberg reported that SBA employees are uncertain whether they can attend meetings with the Hmong Chamber of Commerce or Latino business associations, and some SBA employees are being directed to withhold annual small business awards that were supposed to go to minority entrepreneurs.[10]
    These actions are unacceptable and harm the American economy. Minority-owned businesses employ millions of Americans and generate more than $2 trillion in annual revenue.[11] In the contracting space, the importance of a fully inclusive supplier base has also been well-documented,[12] including in the manufacturing industry.[13] Rather than strengthening support for minority-owned firms, President Trump has instead dismantled the MBDA, lowered contracting goals for SDBs, undermined OSDBUs, and proposed eliminating various entrepreneurial development programs. Undermining and dismantling targeted federal programs that recognize the historic challenges faced by minority business owners will ultimately hurt local communities and weaken the U.S. economy.
    We request answers from the Administration in writing on the following questions by July 10, 2025:
    Please explain how the Department of Commerce plans to utilize congressionally appropriated MBDA funds in accordance with statutory requirements.
    The MBDA Business Centers program is statutorily authorized under 15 U.S.C. § 9523. Please explain how decisions to fire staff who service the program and cancel Business Center contracts were made.
    Please detail how the Trump administration plans to meet the existing SDB contracting goal. Will the SBA commit to advocating for the full staffing and resourcing of OSDBUs to ensure all small business contracting goals are met or exceeded? If not, why not?
    Please detail the specific reasons for the President’s request to eliminate “15 specialized and duplicative programs,”[14] including the Women’s Business Center Program, SCORE, the State Trade Expansion Program, Native American outreach, technical assistance for the Microloan program, Growth Accelerators, and Regional Innovation Clusters.
    Sincerely,

    MIL OSI USA News

  • MIL-OSI: Bitcoin Treasury Corporation Announces Completion of Initial Bitcoin Acquisition Phase and Now Holds a Total of 771.37 Bitcoin

    Source: GlobeNewswire (MIL-OSI)

    Not for distribution to United States news wire services or for dissemination in the United States.

    TORONTO, June 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitcoin Treasury Corporation (TSXV:BTCT) (“Bitcoin Treasury” or the “Corporation”), is pleased to announce that it has completed the initial phase of its Bitcoin accumulation plan in alignment with its core strategy to accumulate Bitcoin as a principal treasury asset. The Corporation acquired 478.57 Bitcoin for a total purchase price of CAD$70 million. The Corporation now holds 771.37 Bitcoin on its balance sheet. This results in a starting Bitcoin per Share (“BPS”) of approximately 0.0000634. BPS is calculated on a fully diluted basis, accounting for the convertible debentures but excluding warrants.

    Bitcoin Treasury Corporation will continue to accumulate Bitcoin as part of its broader strategy to build long-term shareholder value. The Corporation plans to deploy its Bitcoin holdings through institutional lending and liquidity services, offering counterparties access to capital while maintaining a strong focus on financial security and risk management. The Corporation views Bitcoin not only as a long-term reserve asset, but as a foundational pillar of its business model and revenue strategy. Through disciplined corporate finance and institutional-grade Bitcoin services, the Corporation aims to grow BPS and redefine corporate treasury management for the digital age.

    About Bitcoin Treasury

    Bitcoin Treasury Corporation is a Canadian-based company focused on institutional-grade Bitcoin services, initially offering Bitcoin-denominated loans. Bitcoin Treasury’s core strategy is to build shareholder value through the strategic accumulation and active deployment of Bitcoin. Recognizing Bitcoin’s finite supply and long-term potential, the Corporation intends to maintain a robust treasury position while supporting the development of its service offerings.

    For further information, please contact:

    Bitcoin Treasury Corporation
    Elliot Johnson, Chief Executive Officer
    Phone: 416-619-3403
    Email: ejohnson@btctcorp.com

    Neither TSX Venture Exchange nor its Regulation Services Provider (as that term is defined in the policies of the TSX Venture Exchange) accepts responsibility for the adequacy or accuracy of this news release.

    Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements

    This news release includes certain “forward-looking statements” under applicable Canadian securities legislation. Any statements that involve discussions with respect to predictions, expectations, beliefs, plans, projections, objectives, assumptions, future events or performance (often but not always using phrases such as “expects” or “does not expect”, “is expect”, “anticipates” or “does not anticipate”, “plans”, “budget”, “scheduled”, or variations of such words and phrases) are not statements of historical fact and may be forward-looking information and are intended to identify forward-looking information. Forward-looking statements are necessarily based upon a number of estimates and assumptions that, while considered reasonable, are subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors which may cause the actual results and future events to differ materially from those expressed or implied by such forward-looking statements. Such factors include, but are not limited to: business integration risks; the Corporation’s operating results will experience significant fluctuations due to the highly volatile nature of Bitcoin; the Corporation operates in a heavily regulated environment and any material changes or actions could lead to negative adverse effects to the business model, operational results, and financial condition of the Corporation; evolving cryptocurrency regulatory requirements and the impact on the Corporation’s business plan; Bitcoin value risk; reliance on key personnel; implementation of the Corporation’s business plan; lack of operating history; competitive conditions; de banking and financial services risk; anti money laundering and corrupt business practices; additional capital; financing risks; global financial conditions; insurance and uninsured risks; cybersecurity risks; changes to bank fees or practices, or payment card networks; audit of tax filings; market for the Bitcoin Treasury Shares; market price of the Bitcoin Treasury Shares; conflicts of interest; internal controls; tariffs and the imposition of other restrictions on trade could adversely affect the Corporation’s business; risk of litigation; pandemics or other health crisis; acquisitions and integration; risk of dilution of Bitcoin Treasury securities; dividend policy; Bitcoin price volatility; custodial risks; technological vulnerabilities; Bitcoin transactions are irreversible and may result in significant losses; short history risk; limited history of the Bitcoin market; potential decrease in the global demand for Bitcoin; economic and political factors; top Bitcoin holders control a significant percentage of the outstanding Bitcoin; availability of exchange traded products liquidity; security breaches; the requirements that accompany being a publicly traded company may put a strain on the Corporation’s resources, divert attention from management, and adversely affect its ability to maintain and attract management and qualified board members; liquidity risk; leverage risk; and share price fluctuations.

    Although management of the Corporation believes that the expectations reflected in such forward-looking statements are based upon reasonable assumptions and have attempted to identify important factors that could cause actual results to differ materially from those contained in forward-looking statements, there may be other factors that cause results not to be as anticipated, estimated or intended. There can be no assurance that such statements will prove to be accurate, as actual results and future events could differ materially from those anticipated in such statements. Accordingly, readers should not place undue reliance on forward-looking statements. The forward-looking statements and information contained in this news release are made as of the date of this news release, and the Corporation does not undertake any obligation to update publicly or to revise any of the included forward -looking statements or information, whether as a result of new information, change in management’s estimates or opinions, future circumstances or events or otherwise, except as expressly required by applicable securities law.

    The TSXV has neither approved nor disapproved the contents of this news release.

    The MIL Network

  • MIL-OSI USA: Hagerty: Contrary to Democrats’ False Claims, President Trump’s Leadership Ended a War

    US Senate News:

    Source: United States Senator for Tennessee Bill Hagerty
    “President Trump’s actions to address Iran’s nuclear weapons program last weekend did not start a war—they ended one…I cannot—and will not—support a resolution that removes the ability of the President of the United States to act decisively in defense of our national interests, our allies, and our armed forces…That is the job of a Commander-in-Chief.”
    WASHINGTON—Today, United States Senator Bill Hagerty (R-TN), a member of the Senate Foreign Relations Committee and former U.S. Ambassador to Japan, spoke on the Senate floor supporting President Donald Trump’s leadership and urging his Senate colleagues to oppose the War Powers Resolution on Iran.

    *Click the photo above or here to watch*
    Remarks as prepared for delivery
    Thank you, Mr. President.
    President Trump’s actions to address Iran’s nuclear weapons program last weekend did not start a war—they ended one.
    And so I rise today to support President Trump’s wisdom and leadership in decisively countering Iran’s nuclear threat—and therefore to oppose this ill-conceived joint resolution.
    As a United States Senator and former U.S. Ambassador to Japan, I understand and respect the role that Congress plays in matters of war and peace.
    But I cannot—and will not—support a resolution that removes the ability of the President of the United States to act decisively in defense of our national interests, our allies, and our Armed Forces.
    This resolution, if passed, would send a dangerous message—not just to Iran’s terrorist-sponsoring regime, but also to every adversary who is seeking to exploit our domestic debates and internal divisions.
    This resolution would signal that America’s resolve can be hamstrung by congressional hesitation at the very moment when clarity, unity, and strength are most needed.
    I cannot state this strongly enough: President Trump acted entirely within his constitutional authority under Article II and in accordance with his solemn duty to defend this nation and the American people.
    Operation Midnight Hammer was a targeted, strategic, and necessary use of force to eliminate immediate threats posed by the Iranian regime and its proxies.
    No American lives were lost or injured during this military operation—thanks to the leadership of President Trump; the advice and counsel of Vice President J.D. Vance, National Security Advisor and Secretary of State Marco Rubio, Secretary of Defense Pete Hegseth, and General Dan Caine; and the brilliant planning and flawless execution of the men and women of the U.S. Armed Forces.
    For decades, the Iranian regime has been attacking U.S. personnel, our allies, and our interests—through its Revolutionary Guard, through Hezbollah and Hamas and Houthi terrorists, and through its missile programs and cyber attacks.
    For decades, the Iranian regime has cynically violated international agreements to overtly and covertly pursue the capabilities to make nuclear weapons on short notice.
    The idea that the president, in the face of grave and gathering threats, can only sit idly by until Congress can hold hearings and schedule votes is not just naïve. It is reckless.
    This War Powers Resolution ignores the reality of modern warfare and constrains the Commander-in-Chief at the precise moment when decisiveness is critical.
    It elevates process over commonsense policy, and political optics over operational necessity.
    If the President had been forced to act in accordance with this resolution last week, the element of surprise would have been entirely lost—and the successful mission flown by our brave Airmen would have been a much different—and likely costlier—one.
    Of course, Congress must be consulted.
    Of course, we can debate the scope and strategy of our military engagements.
    But we must not shackle our President in the middle of a crisis when lives are on the line.
    We must not embolden the ayatollahs in Tehran by showing division and delay—because that is the path to endless wars, rather than decisive victories.
    President Trump acted—wisely and proportionately—to protect American lives.
    He acted to re-establish the credibility of our strategic deterrence.
    And he acted after decades of Iranian aggression that went largely unanswered by the previous administrations of President Joe Biden and President Barack Obama.
    President Trump—once again—demonstrated decisive leadership in the service of peace and stability.
    That is the job of a Commander-in-Chief.
    Let me conclude by repeating what I said at the start: President Trump’s actions last weekend did not start a war, they ended one—and with no American lives lost.
    We should not be here debating how to constrain this type of leadership, but rather discussing how to recognize and support it.
    For this reason, I urge my colleagues to oppose Senate Joint Resolution 59.

    MIL OSI USA News

  • MIL-OSI Russia: IMF Executive Board Concludes the 2025 Article IV Consultation and Completes the Fifth Review Under the Extended Credit Facility Arrangement, and Second Review Under the Resilience and Sustainability Facility Arrangement with Tanzania

    Source: IMF – News in Russian

    June 27, 2025

    • The IMF Executive Board today concluded the 2025 Article IV Consultation and completed the fifth review under the Extended Credit Facility (ECF) arrangement and the second review under the Resilience and Sustainability Facility (RSF) arrangement with Tanzania, allowing for an immediate disbursement of about US$ 448.4 million (SDR 326.47 million) under both the ECF and the RSF.
    • Economic conditions have continued to improve, with robust growth and macro-financial stability. Real GDP growth was 5.5 percent in CY24 and is projected to reach 6.0 percent in CY25 and 6½ percent over the medium-term, contingent on decisive reform implementation.
    • Tanzania’s economic reform program supported by the ECF arrangement remained broadly on track. The authorities are committed to implementing reforms to preserve macro-financial stability, promote sustainable and inclusive growth, advance structural reforms, and address risks and challenges from climate change, supported by the ECF and RSF arrangements.

    Washington, DC: The Executive Board of the International Monetary Fund (IMF) concluded today the 2025 Article IV Consultation[1] with Tanzania and completed the fifth review of the Extended Credit Facility (ECF) arrangement and the second review of the Resilience and Sustainability Framework (RSF) arrangement. The authorities have consented to the publication of the Staff Report prepared for this consultation.[2] Completion of the fifth ECF review allows for the immediate disbursement of about US$ 155.7 million (28.5 percent of quota, SDR 113.37 million), bringing Tanzania’s total access under the ECF arrangement to about US$ 908.3 million. Completion of the second RSF review allows for the immediate disbursement of about US$ 292.7 million (53.5 percent of quota, SDR 213.1 million), bringing Tanzania’s total access under the RSF arrangement to about US$ 345.4 million.

    The 40-month ECF Arrangement with Tanzania for a total access of about US$ 1,046.4 million at the time of program approval (200 percent of quota, SDR 795.58 million) was initially approved in July 2022, and was extended by 6 months in June 2024. The arrangement aims to support economic recovery, preserve macro-financial stability, and promote sustainable and inclusive growth. The 23-month RSF arrangement with Tanzania, approved in June 2024 (150 percent of quota), supports the authorities’ reforms to reduce prospective balance of payments risks and enhance economic resilience to climate change.

    Tanzania’s economic reform program under the ECF arrangement remained on track. All end-December 2024 quantitative performance criteria and indicative targets were met, and two end-December 2024 structural benchmarks were completed on time. Two of the three end-March SBs were implemented with delay, but the Secured Transaction Act has not been implemented and is reset to end-February 2026. All five reform measures (RMs) for this review were implemented despite challenges in meeting indicative timelines.

    Economic activity continued to gain momentum, with real GDP growth reaching 5.5 percent in CY24. Headline inflation remained stable at 3.2 percent (year-on-year) in April 2025, below the central bank’s target, while a neutral or mildly stimulative monetary policy was maintained and exchange rate flexibility increased. The banking sector remains resilient, but pockets of vulnerability persist. The fiscal balance weakened markedly in the third quarter of FY25, prompting the authorities to delay lower priority spending in the fourth quarter. The current account deficit narrowed further to 2.6 percent of GDP in CY24, from 3.8 percent in CY23, underpinned by strong export performance.

    The medium-term outlook is favorable, contingent on sustained reform implementation, particularly to strengthen the business environment and support a more dynamic private sector. However, risks to the outlook are tilted to the downside, and challenges to meet SDG targets and reduce poverty are daunting, especially considering that the population is expected to double by 2050.

    Following the Executive Board discussion, Mr. Okamura, Deputy Managing Director and Acting Chair, issued the following statement:

    “Tanzania’s reform program supported by the Extended Credit Facility (ECF) remains broadly on track. Amid downside risks to the economic outlook and daunting challenges to reduce poverty, the authorities’ strong commitment to reform implementation, as well as continued engagement and capacity support by development partners, are critical.

    “The authorities’ plan to resume growth-friendly fiscal consolidation in FY25/26 is welcome and will require steadfast implementation of revenue measures and strict cash management and commitment controls to ensure that spending is consistent with revenue outturns. Implementing contingency measures would also be essential to compensate for any budget over-run in FY24/25. In the medium term, decisive implementation of fiscal reforms including the new medium-term revenue strategy and public financial management reforms will be important to meet development needs while maintaining debt sustainability.

    “Continued efforts are needed to fully operationalize the new interest rate-based monetary policy framework. Monetary operations could be strengthened by improving liquidity forecasting capacity and operation of standing facilities and addressing segmentation and counterparty credit risk in the interbank cash market. The recent increase in exchange rate flexibility is welcome and should continue to be a key pillar of the new monetary policy framework. Ongoing efforts to upgrade financial supervision will help enhance financial stability and deepening.

    “Amid strong demographic pressures, achieving resilient and inclusive long-term growth requires accelerated human capital development through increased and more efficient public spending on education and health. At the same time, structural reforms in the areas of public sector governance, business regulation, and access to finance, as well as climate change-related reforms, are critical to foster private sector development and job creation, enhance economic resilience and reduce prospective balance of payments risks.”

    Executive Board Assessment[3]

    Executive Directors agreed with the thrust of the staff appraisal. They welcomed Tanzania’s continued robust growth, subdued inflation, and improved external balance. While they agreed that the medium-term outlook is favorable, they noted downside risks, including from an uncertain external environment, declining aid flows, and potential delays in reform implementation. They emphasized that the authorities’ commitment to reforms under the ECF and RSF programs will be critical to safeguard macro financial stability and achieve more resilient and inclusive long-term growth. Continued engagement and capacity development support by the Fund and other international partners also remain essential.

    Directors welcomed the authorities’ commitment to resume growth friendly fiscal consolidation in FY25/26. They concurred that stepped-up efforts to enhance domestic revenue mobilization in line with the recently approved medium term revenue strategy, and to strengthen public financial and investment management, will be critical to create space for priority development needs and safeguard debt sustainability. They called for prudent budget execution in an election year and enforcement of commitment controls to control spending. They welcomed the continued progress in reducing domestic arrears.

    Directors agreed that a neutral or mildly stimulative monetary policy stance remains appropriate at this juncture but encouraged the authorities to stand ready to adjust this stance if inflation pressures emerge. They called for continued efforts to improve monetary policy effectiveness, including strengthening monetary and liquidity management operations, policy communication, and central bank independence. They underscored the importance of greater exchange rate flexibility for cushioning the economy against external shocks and encouraged the removal of legacy exchange rate restrictions and Multiple Currency Practices. They welcomed the recent adoption of Basel II & III supervisory and regulatory standards and encouraged the authorities to continue upgrading the financial supervision framework and closely monitoring risks.

    Directors called for accelerated structural reforms to promote sustainable private sector led growth and job creation. They urged the authorities to improve the efficiency of tax administration, ease the regulatory burden, promote access to finance, close gender gaps, and upgrade infrastructure. They also highlighted the pressing need to increase human capital through increased and more efficient public spending on education and health, as well as on social safety nets. Directors commended the authorities’ efforts to strengthen the AML/CFT framework and encouraged them to formalize risk-based AML/CFT supervision in the real estate sector. They welcomed the progress made in strengthening climate resilience through the RSF supported reforms.

    It is expected that the next Article IV consultation with Tanzania will be held in accordance with the Executive Board decision on consultation cycles for members with Fund arrangements.

    Tanzania: Selected Economic Indicators

    2022/23

    2023/24

    2024/25

    Act.

    Est.

    Proj.

    Output

    Real GDP growth (%) 1

    4.9

    5.3

    5.7

    Calendar year real GDP growth (%) 2

    5.1

    5.5

    6.0

    Prices

    Inflation – average (%)

    4.6

    3.1

    3.3

    Central government finances

    Revenue (% GDP) 3

    15.0

    15.5

    16.3

    Expenditure (% GDP)

    19.3

    18.6

    19.7

    Fiscal balance (% GDP)

    -4.3

    -3.2

    -3.4

    Public debt (% GDP)

    45.9

    49.2

    48.5

    Money and credit

    Broad money (% change)

    18.8

    10.9

    11.1

    Credit to private sector (% change)

    22.2

    16.1

    12.5

    3-month Treasury bill interest rate (%)

    6.5

    6.8

    Balance of payments

    Current account (% GDP)

    -6.6

    -3.5

    -2.6

    FDI (% GDP)

    2.0

    2.1

    2.1

    Reserves (in months of imports)

    4.0

    3.8

    3.8

    External public debt (% GDP)

    29.7

    32.9

    32.8

    Exchange rate

    REER (% change)

    3.3

    -10.3

    Sources: Tanzanian authorities and IMF staff estimates and projections.

    1 All data refer to fiscal years (July-June).

    2 Fiscal year 2022/23 corresponds to calendar year 2023.

    3 Includes grants.

    [1] Under Article IV of the IMF’s Articles of Agreement, the IMF holds bilateral discussions with members, usually every year. Staff hold separate annual discussions with the regional institutions responsible for common policies in four currency unions—the Euro Area, the Eastern Caribbean Currency Union, the Central African Economic and Monetary Union, and the West African Economic and Monetary Union. For each of the currency unions, staff teams visit the regional institutions responsible for common policies in the currency union, collects economic and financial information, and discusses with officials the currency union’s economic developments and policies. On return to headquarters, the staff prepares a report, which forms the basis of discussion by the Executive Board. Both staff’s discussions with the regional institutions and the Board discussion of the annual staff report will be considered an integral part of the Article IV consultation with each member.

    [2] Under the IMF’s Articles of Agreement, publication of documents that pertain to member countries is voluntary and requires the member consent. The staff report will be shortly published on the https://www.imf.org/en/Countries/TZA page.

    [3] At the conclusion of the discussion, the Managing Director, as Chairman of the Board, summarizes the views of Executive Directors, and this summary is transmitted to the country’s authorities. An explanation of any qualifiers used in summings up can be found here: http://www.IMF.org/external/np/sec/misc/qualifiers.htm.

    IMF Communications Department
    MEDIA RELATIONS

    PRESS OFFICER: Kwabena Akuamoah-Boateng

    Phone: +1 202 623-7100Email: MEDIA@IMF.org

    https://www.imf.org/en/News/Articles/2025/06/27/pr25225-tanzania-imf-concl-2025-aiv-consultation-comp-5th-rev-ecf-arr-2nd-rev-rsf-arrangement

    MIL OSI

    MIL OSI Russia News

  • MIL-OSI USA: Congressman Al Green Introduces Legislation to Deliver Justice to the Living Survivors of the 1921 Tulsa/Greenwood Race Massacre

    Source: United States House of Representatives – Congressman Al Green (TX-9)

    (Washington, DC)— On Friday, June 27, 2025, Congressman Al Green introduced a landmark bill titled the “Original Justice for Living Survivors of the 1921 Tulsa/Greenwood Race Massacre Act.” This legislation would provide direct compensation to the two remaining living survivors of one of the most devastating acts of racial violence in American history – the 1921 Tulsa Race Massacre. This historic bill seeks to award over $20 million in damages to each living survivor of the massacre, 111-year-old Viola Ford Fletcher and 110-year-old Lessie Benningfield Randle. It also acknowledges the federal government’s century-long failure to seek justice for the victims of the massacre. Congressman Al Green extends his thanks to Attorney Damario Solomon-Simmons and his legal team for their unwavering commitment to justice for both survivors by bringing this to the courts, the public, and the halls of Congress. A copy of the Original Justice for Living Survivors of the 1921 Tulsa/Greenwood Race Massacre Act is accessible here.

    In discussing the findings of the 2025 Department of Justice report on the massacre, then Assistant Attorney General Kristen Clarke described the attack as a systematic act of racial terrorism “unique in its magnitude, barbarity, racist hostility and its utter annihilation of a thriving Black community.” The massacre left approximately 300 people dead, thousands homeless, and over 1,200 homes destroyed. 

    Congressman Al Green stated, “The survivors of the Tulsa Race Massacre are living witnesses to a crime for which our nation has yet to reconcile. Congress must act now, while both survivors are still with us. The legislation, if passed, assures that that justice delayed will no longer be justice denied. This is about more than restitution; it is about acknowledgment, restoration, and accountability. These survivors and their descendants deserve to witness our nation do what is just and what is right.

    MIL OSI USA News

  • MIL-OSI China: Chinese premier chairs meeting on technological advancement, public services

    Source: People’s Republic of China – State Council News

    BEIJING, June 27 — Chinese Premier Li Qiang on Friday presided over a State Council executive meeting during which attendees were briefed on the progress of initiatives proposed at the National Science and Technology Conference. The meeting also unveiled measures to improve the efficiency of public services.

    Since the National Science and Technology Conference was held a year ago, relevant authorities and local governments have made solid efforts to implement tasks related to sci-tech reform and development, achieving remarkable progress in enhancing China’s technological prowess, according to the executive meeting.

    For the next stages, the meeting emphasized the need to accelerate breakthroughs in core technologies, translate technological achievements into productivity, and consolidate the role of enterprises in pioneering innovation.

    On public services, the meeting called for the integration of banking, health care and telecommunication services. It also urged the broader application of digital technology to establish a unified national platform for administrative services.

    It also reviewed and approved a draft regulation on rural road development. It was decided that the high-quality development of rural roads should remain a key priority, while roads that do not currently meet relevant standards should be updated as soon as possible.

    MIL OSI China News

  • MIL-OSI Russia: IMF Executive Board Concludes 2025 Article IV consultation and First Review Under the Extended Fund Facility for El Salvador

    Source: IMF – News in Russian

    June 27, 2025

    • The IMF Executive Board concluded El Salvador’s 2025 Article IV consultation and completed the first review of the Extended Fund Facility (EFF) arrangement, allowing for an immediate disbursement of SDR 86.16 million (about US$118 million).
    • Program performance has been solid, with the economy continuing to expand as macroeconomic imbalances are being addressed.
    • Key fiscal and international reserve targets were met with margins and progress continues with the ambitious reform agenda in the areas of governance, transparency, and financial resilience.

    Washington, DC: The Executive Board of the International Monetary Fund (IMF) concluded El Salvador’s 2025 Article IV consultation[1] and completed the first review of the Extended Fund Facility (EFF) arrangement. Completion of this review allows immediate disbursement of SDR 86.16 million (about US$118 million), bringing total disbursements under this arrangement to SDR 172.32 million (about US$231 million). The authorities have consented to the publication of this Staff Report.[2]

    El Salvador’s 40-month EFF arrangement was approved by the Executive Board on February 26, 2025, with total access of SDR 1,033.92 million (about US$1.4 billion or 360 percent of quota). The program remains focused on strengthening public finances, rebuilding external and financial buffers, and enhancing governance and transparency frameworks to create the conditions for stronger and more resilient growth.

    Program performance has been solid, with the economy continuing to expand as macroeconomic imbalances are being addressed. Key fiscal and international reserve targets were met with margins and progress continues with the ambitious reform agenda in the areas of governance, transparency, and financial resilience. Specifically, in the context of the first review, (i) a new Fiscal Sustainability Law has been enacted; (ii) a presidential decree limiting exceptions to the Procurement Law has been issued; (iii) financial information on the largest state-owned enterprises has been published; and (iv) information on public contracts has been made more accessible. Steps continue to be taken to mitigate Bitcoin associated risks and unwind the public sector’s participation in Chivo.

    The 2025 Article IV consultation focused on policies to boost medium-term growth and resilience. Special attention was given to policies to support foreign direct investment, employment and exports, while considering the implications of a more challenging external backdrop.

    Following the Executive Board discussion on El Salvador, Mr. Nigel Clarke, Deputy Managing Director and Acting Chair, issued the following statement:

    “El Salvador’s economic program, supported by the Extended Fund Facility arrangement, had an auspicious start. Notably, the economy continues to expand, inflation has further moderated, and the current account deficit has narrowed amid efforts to address macroeconomic imbalances. Fiscal consolidation remains on track, external and financial buffers are being rebuilt, and governance and transparency reforms are proceeding in line with program commitments. In light of rising external risks, agile policy making and contingency planning remain essential to protect program objectives, including in the context of the dollarization regime.

    “Efforts to strengthen public finances must continue, especially through a further rationalization of the wage bill and other current spending. Beyond this year, comprehensive reforms to the civil service and pension reforms are needed to safeguard fiscal consolidation and protect priority social and infrastructure spending. Meanwhile, continued efforts to mobilize official support will help further reduce reliance on bank and pension fund financing and support private sector credit.

    “Sustained efforts are needed to rebuild financial sector buffers and enhance oversight and regulation. The steady implementation of the planned increases in banks’ reserve requirements and liquidity buffers is critical to enhancing resilience and preserving financial stability. These efforts should be complemented by enhancements in the oversight of banks as well as nonbank financial institutions.

    “Steps to strengthen governance and transparency must continue. A consistent and evenhanded application of the new Anti-Corruption Law remains critical, alongside efforts to reinforce the AML/CFT framework in line with international best practices. Boosting confidence and investment requires elevating standards of fiscal reporting and transparency about public contracts, and improved access to public information. Focused efforts should be considered to support foreign direct investment and address infrastructure gaps, including through well-designed public-private partnerships and investor protection schemes.

    “Bitcoin risks should continue to be mitigated. An early unwinding of the public sector’s participation in the government’s e-wallet (Chivo) remains critical, and efforts should continue to keep the public sector’s holdings of Bitcoin unchanged, and to improve the oversight of crypto assets to enhance consumer and investor protection.”

    Executive Board Assessment[3]

    Executive Directors agreed with the thrust of the staff appraisal. They commended the Salvadoran authorities for the strong ownership and satisfactory performance under the Fund‑supported program and welcomed the continued efforts to address macroeconomic imbalances. Directors noted, however, downside risks related to escalating global trade tensions and tighter immigration policies elsewhere, which could negatively impact remittances and growth. Against this backdrop, Directors emphasized the importance of sustaining the reform momentum to safeguard macroeconomic stability and durably address El Salvador’s longstanding structural challenges and encouraged the authorities to stand ready to activate contingency plans as needed.

    Directors underscored the need to sustain fiscal consolidation by further rationalizing the wage bill and containing current expenditures to secure space for priority social and infrastructure spending and put debt firmly on a downward trajectory. They concurred that contingency measures to broaden tax revenues and streamline tax expenditures could also be considered. Directors welcomed the new Fiscal Responsibility Law and agreed that developing and implementing civil service and pension reforms and further strengthening public financial management are essential to underpin the fiscal adjustment over the medium term. Continuing to mobilize official external support would help reduce reliance on bank and pension fund financing and support private sector credit.

    While noting that the financial system remains sound, Directors emphasized the importance of further rebuilding financial sector buffers and strengthening oversight and regulation. They agreed that implementing the new Financial Stability Law and improving the supervision and governance of nonbank financial institutions in line with best practices are also key. Directors encouraged mitigating risks from the use of Bitcoin and boosting the oversight of crypto assets. They stressed the need to unwind the public sector’s participation in the government e‑wallet (Chivo) and to not increase overall Bitcoin holdings by the public sector and underscored the importance of clear and consistent communication in this regard. Directors also emphasized the need to enhance the autonomy of the central bank and strengthen its capital position and boost international reserves.

    Directors underscored the importance of advancing structural reforms to unlock El Salvador’s growth potential. They recommended further strengthening governance and transparency and, in this regard, encouraged enhancing the AML/CFT framework in line with FATF recommendations, securing the consistent and evenhanded application of the new anti‑corruption framework, and strengthening the transparency of public information, including in the procurement process. Noting that the improvements in domestic security offer a unique opportunity to further boost growth, Directors welcomed the authorities’ Long‑term Growth Strategy and encouraged reforms to raise productivity, improve the investment climate, and enhance financial inclusion. They welcomed ongoing efforts to reduce red tape and logistics costs, as well as plans to address large infrastructure and human capital gaps, with support of the private sector. Directors also encouraged strengthening resilience to climate‑related shocks.

    It is expected that the next Article IV consultation with El Salvador will be held in accordance with the Executive Board decision on consultation cycles for members with Fund arrangements.

    Table 1. El Salvador: Selected Economic Indicators

    I. Social Indicators

    Rank in UNDP Development Index 2021 (of 189)

    125

     

    Population (million, 2022)

    6.3

    Per capita income (U.S. dollars, 2022)

    5,366

    Life expectancy at birth in years (2021)

    71

    Percent of pop. below poverty line (2021)

    24.6

     

    Gini index (2019)

     

    39

                   

    II. Economic Indicators (percent of GDP, unless otherwise indicated)

    2020

    2021

    2022

    2023

    2024

    (Est.)

    2025

    (Proj.)

    2026

    (Proj.)

    Income and Prices

                 

    Real GDP growth (percent)

    -7.9

    11.9

    2.9

    3.5

    2.6

    2.5

    2.5

    Consumer price inflation (average, percent)

    -0.4

    3.5

    7.2

    4.0

    0.9

    1.0

    1.8

    GDP Deflator (percent)

    0.7

    4.1

    6.6

    2.6

    1.8

    0.8

    2.2

                   

    Money and Credit

                 

    Credit to the private sector

    65.3

    61.1

    62.6

    61.9

    62.5

    66.1

    69.1

    Broad money

    69.4

    60.9

    58.0

    59.5

    58.8

    59.1

    58.1

    Interest rate (time deposits, percent)

    4.2

    4.1

    4.5

    5.3

    5.6

                   

    External Sector

                 

    Current account balance 

    1.1

    -4.3

    -6.7

    -1.1

    -1.8

    -0.8

    -2.1

    Trade balance

    -20.2

    -27.3

    -30.0

    -26.2

    -26.9

    -27.0

    -26.0

    Transfers (net)

    24.0

    26.1

    24.5

    24.2

    23.7

    25.2

    23.0

    Foreign direct investment (net)

    0.0

    -1.3

    -0.4

    -2.0

    -1.8

    -2.1

    -2.3

    Gross international reserves (mill. of US$)

    3,083

    3,426

    2,696

    3,081

    3,706

    4,252

    4,762

                   

    Nonfinancial Public Sector

                 

    Overall balance

    -8.2

    -5.5

    -2.7

    -4.7

    -4.5

    -3.0

    -2.1

    Primary balance

    -3.8

    -1.0

    2.0

    -0.1

    0.0

    1.9

    2.9

    Of which: tax revenue

    18.3

    19.9

    20.1

    19.8

    20.6

    21.2

    21.2

    Gross debt 1/

    95.4

    88.0

    83.7

    85.1

    87.5

    88.0

    86.6

                   

    National Savings and Investment

                 

    Gross capital formation

    17.2

    23.4

    24.5

    20.7

    20.3

    22.0

    21.6

    Private fixed investment 2/

    14.7

    21.0

    19.3

    18.8

    19.4

    19.7

    19.7

    National savings

    18.3

    19.0

    17.7

    19.6

    18.6

    21.1

    19.5

    Private sector

    23.9

    21.4

    18.3

    20.4

    19.4

    20.9

    18.4

                   

    Net Foreign Assets of the Financial System

                 

    Millions of U.S. dollars

    3,618

    3,022

    1,488

    1,565

    2,298

    2,442

    2,730

                   

    Memorandum Items

                 

    Nominal GDP (billions of US$)

    24.9

    29.0

    31.9

    33.9

    35.4

    36.5

    38.3

                   

    Sources: Central Reserve Bank of El Salvador, Ministry of Finance, and IMF staff estimates.

    1/ Nonfinancial public sector, including CIP-A pension bonds.

    2/ Excludes changes in inventories.

    [1] Under Article IV of the IMF’s Articles of Agreement, the IMF holds bilateral discussions with members, usually every year. A staff team visits the country, collects economic and financial information, and discusses with officials the country’s economic developments and policies. On return to headquarters, the staff prepares a report, which forms the basis for discussion by the Executive Board.

    [2] Under the IMF’s Articles of Agreement, publication of documents that pertain to member countries is voluntary and requires the member consent. The staff report will be shortly published on https://www.imf.org/en/Countries/SLV.

    [3] At the conclusion of the discussion, the Managing Director, as Chairman of the Board, summarizes the views of Executive Directors, and this summary is transmitted to the country’s authorities. An explanation of any qualifiers used in summings up can be found here: http://www.IMF.org/external/np/sec/misc/qualifiers.htm.

    IMF Communications Department
    MEDIA RELATIONS

    PRESS OFFICER: Brian Walker

    Phone: +1 202 623-7100Email: MEDIA@IMF.org

    https://www.imf.org/en/News/Articles/2025/06/27/imf-concludes-2025-article-iv-consultation-and-first-review-under-the-eff-for-el-salvador

    MIL OSI

    MIL OSI Russia News

  • MIL-OSI USA: McClellan Statement on Resignation of UVA President

    Source: United States House of Representatives – Congresswoman Jennifer McClellan (Virginia 4th District)

    Washington, D.C. – Congresswoman Jennifer McClellan (VA-04), a University of Virginia School of Law alumna, issued the following statement today after the resignation of the University of Virginia’s president, James E. Ryan:

    “Thomas Jefferson founded UVA to engage in intellectual curiosity without fear of retaliation. The bullying of his beloved university by Trump and his Justice Department is exactly the kind of government overreach he feared.

    “University leaders should be accountable to the university community and its governing bodies, not subject to political pressure from the President.”

    ###

    MIL OSI USA News

  • MIL-OSI USA: Larsen Releases Update on Cascade Job Corps Center

    Source: United States House of Representatives – Congressman Rick Larsen (2nd Congressional District Washington)

    Today, Rep. Rick Larsen released the following update on the Cascade Job Corps Center:

    “When the Administration announced the terrible decision to close all Job Corps centers earlier this month, I met with local leaders, former Job Corps students, and folks around the region about the negative impact this would have. The people I spoke to wanted me and the community to rally behind Cascade Job Corps Center and fight to keep it open, and that’s exactly what we did.

    “I worked with my Republican and Democratic colleagues in Congress to push back against this decision and help the Secretary of Labor understand how important Job Corps centers are. Local leaders from the Port of Skagit, Skagit Valley College, county government, and the Economic Development Alliance of Skagit County all banded together to make the case for the Cascade Job Corps Center.

    “This week, a federal judge blocked the Administration’s decision to close the Job Corps centers. Cascade Job Corps Center is returning to the important work of helping young people in Northwest Washington state complete college credits and professional certifications.

    “I want to thank everyone who contacted my office about this issue and spoke out about how important Job Corps centers are. I’m very glad Cascade Job Corps Center students are back to learning, and staff are continuing the great work they’ve been doing for the past four decades.”

    Watch Rep. Larsen’s video statement here.

    ###

    MIL OSI USA News

  • MIL-OSI Global: Supreme Court upholds childproofing porn sites

    Source: The Conversation – USA – By Meg Leta Jones, Associate Professor of Technology Law & Policy, Georgetown University

    The Supreme Court greenlights states’ efforts to block kids from online porn by requiring age verification. AP Photo/J. Scott Applewhite

    The U.S. Supreme Court handed down a decision on June 27, 2025, that will reshape how states protect children online. In a case assessing a Texas law requiring age verification to access porn sites, the court created a new legal path that makes it easier for states to craft laws regulating what kids see and do on the internet.

    In a 6-3 decision, the court ruled in Free Speech Coalition Inc. v. Paxton that Texas’ law obligating porn sites to block access to underage users is constitutional. The law requires pornographic websites to verify users’ ages – for example by making users scan and upload their driver’s license – before granting access to content that is deemed obscene for minors but not adults.

    The majority on the court rejected both the porn industry’s argument for strict scrutiny – the toughest legal test that requires the government to prove a law is absolutely necessary – and Texas’ argument for mere rational basis review, which requires only a rational connection between the law’s legitimate aims and its actions. Instead, Justice Clarence Thomas’ opinion established intermediate scrutiny, a middle ground that requires laws to serve important government interests without being overly burdensome, as the appropriate standard.

    The court’s reasoning hinged on characterizing the law as only “incidentally” burdening adults’ First Amendment rights. Since minors have no constitutional right to access pornography, the state can require age verification to prevent that unprotected activity. Any burden on adults is, according to the ruling, merely a side effect of this legitimate regulation.

    The court also pointed to dramatic technological changes since earlier similar laws were struck down in the 1990s and early 2000s. Back then, only 2 in 5 households had internet access, mostly through slow dial-up connections on desktop computers. Today, 95% of teens carry smartphones with constant internet access to massive libraries of content. Porn site Pornhub alone published over 150 years of new material in 2019. The court argued that earlier decisions “could not have conceived of these developments,” making age verification more necessary than judges could have imagined decades ago.

    More importantly for future legislation, the court embraced an “ordinary and appropriate means” doctrine: When states have authority to govern an area, they may use traditional methods to exercise that power. Since age verification is common for alcohol and tobacco, tattoos and piercings, firearms, driver’s licenses and voting, the court held that it’s similarly appropriate for regulating minors’ access to sexual content.

    The key takeaway: When states are trying to keep kids away from certain types of content that kids have no legal right to see anyway, requiring age verification is an ordinary and appropriate way to enforce that boundary.

    Implications for other laws

    This decision could resolve a fundamental enforcement problem in child privacy laws. Current laws like the Children’s Online Privacy Protection Act protect children only when companies have actual knowledge a user is under 13. But platforms routinely avoid this requirement by not asking users’ ages or letting them enter whatever age they want. Without age verification, there’s no actual knowledge and thus no privacy protections.

    The Supreme Court’s reasoning changes this dynamic. Since the court emphasized that children lack the same constitutional rights as adults regarding certain protections, states may now be able to require age verification before data collection. California’s Age-Appropriate Design Code and similar state privacy laws would gain substantially more regulatory power under this framework.

    Meanwhile, social media platforms could face more restrictions. Several states have tried to limit how social media platforms interact with minors. Florida recently banned kids under 14 from having social media accounts entirely, while other states have targeted specific features such as endless scrolling or push notifications designed to keep kids hooked.

    The Supreme Court’s reasoning could protect laws that require age verification before kids can use certain platform features, such as direct messaging with strangers or livestreaming. However, laws that try to block kids from seeing general social media content would still face tough legal challenges, since that content is typically protected speech for everyone.

    The decision also supports state laws regulating how minors interact with app stores and gaming platforms. Minors generally can’t enter binding contracts without parental consent in the physical world, so states could require the same online. Proposed legislation such as the App Store Accountability Act would require parental approval before kids can download apps or agree to terms of service. States have also considered restrictions on “loot boxes” – digital gambling-like features – and surprise in-app purchases that can result in massive charges to parents.

    Since states already require an ID to buy lottery tickets or enter casinos, requiring age verification before kids can spend money on digital gambling mechanics follows the court’s logic.

    What comes next?

    But this decision doesn’t give states free rein to regulate the internet. The court’s reasoning applies to content that children have no legal right to access in the first place, specifically sexually explicit material. For most online content such as news, educational materials, general entertainment and political discussions, both adults and kids have constitutional rights to access.

    Laws trying to age-gate this protected content would still likely face the strict scrutiny’s standard and be struck down, but what online content and experiences underage users are constitutionally entitled to is not settled. Many advocates worry that while the “obscene for minors” standard in this case appears legally narrow, states will try to expand it or use similar reasoning to classify LGBTQ+-related educational content, health resources or community support materials as inherently sexual and inappropriate for minors.

    The court also emphasized that even under this more permissive standard, laws still have to be reasonable. Age verification requirements that are overly burdensome, sweep too broadly or create serious privacy problems could still be ruled unconstitutional. The court’s decision in this case gives state lawmakers much more room to effectively regulate how online platforms interact with children, but I believe successful laws will need to be carefully written.

    For parents worried about their kids’ online safety, this could mean more tools and protections. For tech companies, it likely means more compliance requirements and age verification systems. And for the broader internet, it represents a significant shift toward treating online spaces more like physical ones, where people have long accepted that some doors require showing ID to enter.

    Meg Leta Jones does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

    ref. Supreme Court upholds childproofing porn sites – https://theconversation.com/supreme-court-upholds-childproofing-porn-sites-260052

    MIL OSI – Global Reports

  • MIL-OSI Global: Supreme Court upholds childproofing porn sites

    Source: The Conversation – USA – By Meg Leta Jones, Associate Professor of Technology Law & Policy, Georgetown University

    The Supreme Court greenlights states’ efforts to block kids from online porn by requiring age verification. AP Photo/J. Scott Applewhite

    The U.S. Supreme Court handed down a decision on June 27, 2025, that will reshape how states protect children online. In a case assessing a Texas law requiring age verification to access porn sites, the court created a new legal path that makes it easier for states to craft laws regulating what kids see and do on the internet.

    In a 6-3 decision, the court ruled in Free Speech Coalition Inc. v. Paxton that Texas’ law obligating porn sites to block access to underage users is constitutional. The law requires pornographic websites to verify users’ ages – for example by making users scan and upload their driver’s license – before granting access to content that is deemed obscene for minors but not adults.

    The majority on the court rejected both the porn industry’s argument for strict scrutiny – the toughest legal test that requires the government to prove a law is absolutely necessary – and Texas’ argument for mere rational basis review, which requires only a rational connection between the law’s legitimate aims and its actions. Instead, Justice Clarence Thomas’ opinion established intermediate scrutiny, a middle ground that requires laws to serve important government interests without being overly burdensome, as the appropriate standard.

    The court’s reasoning hinged on characterizing the law as only “incidentally” burdening adults’ First Amendment rights. Since minors have no constitutional right to access pornography, the state can require age verification to prevent that unprotected activity. Any burden on adults is, according to the ruling, merely a side effect of this legitimate regulation.

    The court also pointed to dramatic technological changes since earlier similar laws were struck down in the 1990s and early 2000s. Back then, only 2 in 5 households had internet access, mostly through slow dial-up connections on desktop computers. Today, 95% of teens carry smartphones with constant internet access to massive libraries of content. Porn site Pornhub alone published over 150 years of new material in 2019. The court argued that earlier decisions “could not have conceived of these developments,” making age verification more necessary than judges could have imagined decades ago.

    More importantly for future legislation, the court embraced an “ordinary and appropriate means” doctrine: When states have authority to govern an area, they may use traditional methods to exercise that power. Since age verification is common for alcohol and tobacco, tattoos and piercings, firearms, driver’s licenses and voting, the court held that it’s similarly appropriate for regulating minors’ access to sexual content.

    The key takeaway: When states are trying to keep kids away from certain types of content that kids have no legal right to see anyway, requiring age verification is an ordinary and appropriate way to enforce that boundary.

    Implications for other laws

    This decision could resolve a fundamental enforcement problem in child privacy laws. Current laws like the Children’s Online Privacy Protection Act protect children only when companies have actual knowledge a user is under 13. But platforms routinely avoid this requirement by not asking users’ ages or letting them enter whatever age they want. Without age verification, there’s no actual knowledge and thus no privacy protections.

    The Supreme Court’s reasoning changes this dynamic. Since the court emphasized that children lack the same constitutional rights as adults regarding certain protections, states may now be able to require age verification before data collection. California’s Age-Appropriate Design Code and similar state privacy laws would gain substantially more regulatory power under this framework.

    Meanwhile, social media platforms could face more restrictions. Several states have tried to limit how social media platforms interact with minors. Florida recently banned kids under 14 from having social media accounts entirely, while other states have targeted specific features such as endless scrolling or push notifications designed to keep kids hooked.

    The Supreme Court’s reasoning could protect laws that require age verification before kids can use certain platform features, such as direct messaging with strangers or livestreaming. However, laws that try to block kids from seeing general social media content would still face tough legal challenges, since that content is typically protected speech for everyone.

    The decision also supports state laws regulating how minors interact with app stores and gaming platforms. Minors generally can’t enter binding contracts without parental consent in the physical world, so states could require the same online. Proposed legislation such as the App Store Accountability Act would require parental approval before kids can download apps or agree to terms of service. States have also considered restrictions on “loot boxes” – digital gambling-like features – and surprise in-app purchases that can result in massive charges to parents.

    Since states already require an ID to buy lottery tickets or enter casinos, requiring age verification before kids can spend money on digital gambling mechanics follows the court’s logic.

    What comes next?

    But this decision doesn’t give states free rein to regulate the internet. The court’s reasoning applies to content that children have no legal right to access in the first place, specifically sexually explicit material. For most online content such as news, educational materials, general entertainment and political discussions, both adults and kids have constitutional rights to access.

    Laws trying to age-gate this protected content would still likely face the strict scrutiny’s standard and be struck down, but what online content and experiences underage users are constitutionally entitled to is not settled. Many advocates worry that while the “obscene for minors” standard in this case appears legally narrow, states will try to expand it or use similar reasoning to classify LGBTQ+-related educational content, health resources or community support materials as inherently sexual and inappropriate for minors.

    The court also emphasized that even under this more permissive standard, laws still have to be reasonable. Age verification requirements that are overly burdensome, sweep too broadly or create serious privacy problems could still be ruled unconstitutional. The court’s decision in this case gives state lawmakers much more room to effectively regulate how online platforms interact with children, but I believe successful laws will need to be carefully written.

    For parents worried about their kids’ online safety, this could mean more tools and protections. For tech companies, it likely means more compliance requirements and age verification systems. And for the broader internet, it represents a significant shift toward treating online spaces more like physical ones, where people have long accepted that some doors require showing ID to enter.

    Meg Leta Jones does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

    ref. Supreme Court upholds childproofing porn sites – https://theconversation.com/supreme-court-upholds-childproofing-porn-sites-260052

    MIL OSI – Global Reports

  • MIL-OSI Global: Supreme Court upholds childproofing porn sites

    Source: The Conversation – USA – By Meg Leta Jones, Associate Professor of Technology Law & Policy, Georgetown University

    The Supreme Court greenlights states’ efforts to block kids from online porn by requiring age verification. AP Photo/J. Scott Applewhite

    The U.S. Supreme Court handed down a decision on June 27, 2025, that will reshape how states protect children online. In a case assessing a Texas law requiring age verification to access porn sites, the court created a new legal path that makes it easier for states to craft laws regulating what kids see and do on the internet.

    In a 6-3 decision, the court ruled in Free Speech Coalition Inc. v. Paxton that Texas’ law obligating porn sites to block access to underage users is constitutional. The law requires pornographic websites to verify users’ ages – for example by making users scan and upload their driver’s license – before granting access to content that is deemed obscene for minors but not adults.

    The majority on the court rejected both the porn industry’s argument for strict scrutiny – the toughest legal test that requires the government to prove a law is absolutely necessary – and Texas’ argument for mere rational basis review, which requires only a rational connection between the law’s legitimate aims and its actions. Instead, Justice Clarence Thomas’ opinion established intermediate scrutiny, a middle ground that requires laws to serve important government interests without being overly burdensome, as the appropriate standard.

    The court’s reasoning hinged on characterizing the law as only “incidentally” burdening adults’ First Amendment rights. Since minors have no constitutional right to access pornography, the state can require age verification to prevent that unprotected activity. Any burden on adults is, according to the ruling, merely a side effect of this legitimate regulation.

    The court also pointed to dramatic technological changes since earlier similar laws were struck down in the 1990s and early 2000s. Back then, only 2 in 5 households had internet access, mostly through slow dial-up connections on desktop computers. Today, 95% of teens carry smartphones with constant internet access to massive libraries of content. Porn site Pornhub alone published over 150 years of new material in 2019. The court argued that earlier decisions “could not have conceived of these developments,” making age verification more necessary than judges could have imagined decades ago.

    More importantly for future legislation, the court embraced an “ordinary and appropriate means” doctrine: When states have authority to govern an area, they may use traditional methods to exercise that power. Since age verification is common for alcohol and tobacco, tattoos and piercings, firearms, driver’s licenses and voting, the court held that it’s similarly appropriate for regulating minors’ access to sexual content.

    The key takeaway: When states are trying to keep kids away from certain types of content that kids have no legal right to see anyway, requiring age verification is an ordinary and appropriate way to enforce that boundary.

    Implications for other laws

    This decision could resolve a fundamental enforcement problem in child privacy laws. Current laws like the Children’s Online Privacy Protection Act protect children only when companies have actual knowledge a user is under 13. But platforms routinely avoid this requirement by not asking users’ ages or letting them enter whatever age they want. Without age verification, there’s no actual knowledge and thus no privacy protections.

    The Supreme Court’s reasoning changes this dynamic. Since the court emphasized that children lack the same constitutional rights as adults regarding certain protections, states may now be able to require age verification before data collection. California’s Age-Appropriate Design Code and similar state privacy laws would gain substantially more regulatory power under this framework.

    Meanwhile, social media platforms could face more restrictions. Several states have tried to limit how social media platforms interact with minors. Florida recently banned kids under 14 from having social media accounts entirely, while other states have targeted specific features such as endless scrolling or push notifications designed to keep kids hooked.

    The Supreme Court’s reasoning could protect laws that require age verification before kids can use certain platform features, such as direct messaging with strangers or livestreaming. However, laws that try to block kids from seeing general social media content would still face tough legal challenges, since that content is typically protected speech for everyone.

    The decision also supports state laws regulating how minors interact with app stores and gaming platforms. Minors generally can’t enter binding contracts without parental consent in the physical world, so states could require the same online. Proposed legislation such as the App Store Accountability Act would require parental approval before kids can download apps or agree to terms of service. States have also considered restrictions on “loot boxes” – digital gambling-like features – and surprise in-app purchases that can result in massive charges to parents.

    Since states already require an ID to buy lottery tickets or enter casinos, requiring age verification before kids can spend money on digital gambling mechanics follows the court’s logic.

    What comes next?

    But this decision doesn’t give states free rein to regulate the internet. The court’s reasoning applies to content that children have no legal right to access in the first place, specifically sexually explicit material. For most online content such as news, educational materials, general entertainment and political discussions, both adults and kids have constitutional rights to access.

    Laws trying to age-gate this protected content would still likely face the strict scrutiny’s standard and be struck down, but what online content and experiences underage users are constitutionally entitled to is not settled. Many advocates worry that while the “obscene for minors” standard in this case appears legally narrow, states will try to expand it or use similar reasoning to classify LGBTQ+-related educational content, health resources or community support materials as inherently sexual and inappropriate for minors.

    The court also emphasized that even under this more permissive standard, laws still have to be reasonable. Age verification requirements that are overly burdensome, sweep too broadly or create serious privacy problems could still be ruled unconstitutional. The court’s decision in this case gives state lawmakers much more room to effectively regulate how online platforms interact with children, but I believe successful laws will need to be carefully written.

    For parents worried about their kids’ online safety, this could mean more tools and protections. For tech companies, it likely means more compliance requirements and age verification systems. And for the broader internet, it represents a significant shift toward treating online spaces more like physical ones, where people have long accepted that some doors require showing ID to enter.

    Meg Leta Jones does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

    ref. Supreme Court upholds childproofing porn sites – https://theconversation.com/supreme-court-upholds-childproofing-porn-sites-260052

    MIL OSI – Global Reports

  • MIL-OSI Global: Supreme Court upholds childproofing porn sites

    Source: The Conversation – USA – By Meg Leta Jones, Associate Professor of Technology Law & Policy, Georgetown University

    The Supreme Court greenlights states’ efforts to block kids from online porn by requiring age verification. AP Photo/J. Scott Applewhite

    The U.S. Supreme Court handed down a decision on June 27, 2025, that will reshape how states protect children online. In a case assessing a Texas law requiring age verification to access porn sites, the court created a new legal path that makes it easier for states to craft laws regulating what kids see and do on the internet.

    In a 6-3 decision, the court ruled in Free Speech Coalition Inc. v. Paxton that Texas’ law obligating porn sites to block access to underage users is constitutional. The law requires pornographic websites to verify users’ ages – for example by making users scan and upload their driver’s license – before granting access to content that is deemed obscene for minors but not adults.

    The majority on the court rejected both the porn industry’s argument for strict scrutiny – the toughest legal test that requires the government to prove a law is absolutely necessary – and Texas’ argument for mere rational basis review, which requires only a rational connection between the law’s legitimate aims and its actions. Instead, Justice Clarence Thomas’ opinion established intermediate scrutiny, a middle ground that requires laws to serve important government interests without being overly burdensome, as the appropriate standard.

    The court’s reasoning hinged on characterizing the law as only “incidentally” burdening adults’ First Amendment rights. Since minors have no constitutional right to access pornography, the state can require age verification to prevent that unprotected activity. Any burden on adults is, according to the ruling, merely a side effect of this legitimate regulation.

    The court also pointed to dramatic technological changes since earlier similar laws were struck down in the 1990s and early 2000s. Back then, only 2 in 5 households had internet access, mostly through slow dial-up connections on desktop computers. Today, 95% of teens carry smartphones with constant internet access to massive libraries of content. Porn site Pornhub alone published over 150 years of new material in 2019. The court argued that earlier decisions “could not have conceived of these developments,” making age verification more necessary than judges could have imagined decades ago.

    More importantly for future legislation, the court embraced an “ordinary and appropriate means” doctrine: When states have authority to govern an area, they may use traditional methods to exercise that power. Since age verification is common for alcohol and tobacco, tattoos and piercings, firearms, driver’s licenses and voting, the court held that it’s similarly appropriate for regulating minors’ access to sexual content.

    The key takeaway: When states are trying to keep kids away from certain types of content that kids have no legal right to see anyway, requiring age verification is an ordinary and appropriate way to enforce that boundary.

    Implications for other laws

    This decision could resolve a fundamental enforcement problem in child privacy laws. Current laws like the Children’s Online Privacy Protection Act protect children only when companies have actual knowledge a user is under 13. But platforms routinely avoid this requirement by not asking users’ ages or letting them enter whatever age they want. Without age verification, there’s no actual knowledge and thus no privacy protections.

    The Supreme Court’s reasoning changes this dynamic. Since the court emphasized that children lack the same constitutional rights as adults regarding certain protections, states may now be able to require age verification before data collection. California’s Age-Appropriate Design Code and similar state privacy laws would gain substantially more regulatory power under this framework.

    Meanwhile, social media platforms could face more restrictions. Several states have tried to limit how social media platforms interact with minors. Florida recently banned kids under 14 from having social media accounts entirely, while other states have targeted specific features such as endless scrolling or push notifications designed to keep kids hooked.

    The Supreme Court’s reasoning could protect laws that require age verification before kids can use certain platform features, such as direct messaging with strangers or livestreaming. However, laws that try to block kids from seeing general social media content would still face tough legal challenges, since that content is typically protected speech for everyone.

    The decision also supports state laws regulating how minors interact with app stores and gaming platforms. Minors generally can’t enter binding contracts without parental consent in the physical world, so states could require the same online. Proposed legislation such as the App Store Accountability Act would require parental approval before kids can download apps or agree to terms of service. States have also considered restrictions on “loot boxes” – digital gambling-like features – and surprise in-app purchases that can result in massive charges to parents.

    Since states already require an ID to buy lottery tickets or enter casinos, requiring age verification before kids can spend money on digital gambling mechanics follows the court’s logic.

    What comes next?

    But this decision doesn’t give states free rein to regulate the internet. The court’s reasoning applies to content that children have no legal right to access in the first place, specifically sexually explicit material. For most online content such as news, educational materials, general entertainment and political discussions, both adults and kids have constitutional rights to access.

    Laws trying to age-gate this protected content would still likely face the strict scrutiny’s standard and be struck down, but what online content and experiences underage users are constitutionally entitled to is not settled. Many advocates worry that while the “obscene for minors” standard in this case appears legally narrow, states will try to expand it or use similar reasoning to classify LGBTQ+-related educational content, health resources or community support materials as inherently sexual and inappropriate for minors.

    The court also emphasized that even under this more permissive standard, laws still have to be reasonable. Age verification requirements that are overly burdensome, sweep too broadly or create serious privacy problems could still be ruled unconstitutional. The court’s decision in this case gives state lawmakers much more room to effectively regulate how online platforms interact with children, but I believe successful laws will need to be carefully written.

    For parents worried about their kids’ online safety, this could mean more tools and protections. For tech companies, it likely means more compliance requirements and age verification systems. And for the broader internet, it represents a significant shift toward treating online spaces more like physical ones, where people have long accepted that some doors require showing ID to enter.

    Meg Leta Jones does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

    ref. Supreme Court upholds childproofing porn sites – https://theconversation.com/supreme-court-upholds-childproofing-porn-sites-260052

    MIL OSI – Global Reports

  • MIL-OSI Global: Supreme Court upholds childproofing porn sites

    Source: The Conversation – USA – By Meg Leta Jones, Associate Professor of Technology Law & Policy, Georgetown University

    The Supreme Court greenlights states’ efforts to block kids from online porn by requiring age verification. AP Photo/J. Scott Applewhite

    The U.S. Supreme Court handed down a decision on June 27, 2025, that will reshape how states protect children online. In a case assessing a Texas law requiring age verification to access porn sites, the court created a new legal path that makes it easier for states to craft laws regulating what kids see and do on the internet.

    In a 6-3 decision, the court ruled in Free Speech Coalition Inc. v. Paxton that Texas’ law obligating porn sites to block access to underage users is constitutional. The law requires pornographic websites to verify users’ ages – for example by making users scan and upload their driver’s license – before granting access to content that is deemed obscene for minors but not adults.

    The majority on the court rejected both the porn industry’s argument for strict scrutiny – the toughest legal test that requires the government to prove a law is absolutely necessary – and Texas’ argument for mere rational basis review, which requires only a rational connection between the law’s legitimate aims and its actions. Instead, Justice Clarence Thomas’ opinion established intermediate scrutiny, a middle ground that requires laws to serve important government interests without being overly burdensome, as the appropriate standard.

    The court’s reasoning hinged on characterizing the law as only “incidentally” burdening adults’ First Amendment rights. Since minors have no constitutional right to access pornography, the state can require age verification to prevent that unprotected activity. Any burden on adults is, according to the ruling, merely a side effect of this legitimate regulation.

    The court also pointed to dramatic technological changes since earlier similar laws were struck down in the 1990s and early 2000s. Back then, only 2 in 5 households had internet access, mostly through slow dial-up connections on desktop computers. Today, 95% of teens carry smartphones with constant internet access to massive libraries of content. Porn site Pornhub alone published over 150 years of new material in 2019. The court argued that earlier decisions “could not have conceived of these developments,” making age verification more necessary than judges could have imagined decades ago.

    More importantly for future legislation, the court embraced an “ordinary and appropriate means” doctrine: When states have authority to govern an area, they may use traditional methods to exercise that power. Since age verification is common for alcohol and tobacco, tattoos and piercings, firearms, driver’s licenses and voting, the court held that it’s similarly appropriate for regulating minors’ access to sexual content.

    The key takeaway: When states are trying to keep kids away from certain types of content that kids have no legal right to see anyway, requiring age verification is an ordinary and appropriate way to enforce that boundary.

    Implications for other laws

    This decision could resolve a fundamental enforcement problem in child privacy laws. Current laws like the Children’s Online Privacy Protection Act protect children only when companies have actual knowledge a user is under 13. But platforms routinely avoid this requirement by not asking users’ ages or letting them enter whatever age they want. Without age verification, there’s no actual knowledge and thus no privacy protections.

    The Supreme Court’s reasoning changes this dynamic. Since the court emphasized that children lack the same constitutional rights as adults regarding certain protections, states may now be able to require age verification before data collection. California’s Age-Appropriate Design Code and similar state privacy laws would gain substantially more regulatory power under this framework.

    Meanwhile, social media platforms could face more restrictions. Several states have tried to limit how social media platforms interact with minors. Florida recently banned kids under 14 from having social media accounts entirely, while other states have targeted specific features such as endless scrolling or push notifications designed to keep kids hooked.

    The Supreme Court’s reasoning could protect laws that require age verification before kids can use certain platform features, such as direct messaging with strangers or livestreaming. However, laws that try to block kids from seeing general social media content would still face tough legal challenges, since that content is typically protected speech for everyone.

    The decision also supports state laws regulating how minors interact with app stores and gaming platforms. Minors generally can’t enter binding contracts without parental consent in the physical world, so states could require the same online. Proposed legislation such as the App Store Accountability Act would require parental approval before kids can download apps or agree to terms of service. States have also considered restrictions on “loot boxes” – digital gambling-like features – and surprise in-app purchases that can result in massive charges to parents.

    Since states already require an ID to buy lottery tickets or enter casinos, requiring age verification before kids can spend money on digital gambling mechanics follows the court’s logic.

    What comes next?

    But this decision doesn’t give states free rein to regulate the internet. The court’s reasoning applies to content that children have no legal right to access in the first place, specifically sexually explicit material. For most online content such as news, educational materials, general entertainment and political discussions, both adults and kids have constitutional rights to access.

    Laws trying to age-gate this protected content would still likely face the strict scrutiny’s standard and be struck down, but what online content and experiences underage users are constitutionally entitled to is not settled. Many advocates worry that while the “obscene for minors” standard in this case appears legally narrow, states will try to expand it or use similar reasoning to classify LGBTQ+-related educational content, health resources or community support materials as inherently sexual and inappropriate for minors.

    The court also emphasized that even under this more permissive standard, laws still have to be reasonable. Age verification requirements that are overly burdensome, sweep too broadly or create serious privacy problems could still be ruled unconstitutional. The court’s decision in this case gives state lawmakers much more room to effectively regulate how online platforms interact with children, but I believe successful laws will need to be carefully written.

    For parents worried about their kids’ online safety, this could mean more tools and protections. For tech companies, it likely means more compliance requirements and age verification systems. And for the broader internet, it represents a significant shift toward treating online spaces more like physical ones, where people have long accepted that some doors require showing ID to enter.

    Meg Leta Jones does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

    ref. Supreme Court upholds childproofing porn sites – https://theconversation.com/supreme-court-upholds-childproofing-porn-sites-260052

    MIL OSI – Global Reports

  • MIL-OSI Canada: So Alberta, what’s next? | Alors, quelle est la prochaine étape pour l’Alberta?

    [embedded content]

    Albertans are frustrated after 10 years of punitive policies, enacted by the federal government, attacking Alberta’s economy and targeting its core industries.

    Chaired by Premier Danielle Smith, the Alberta Next panel will bring together a broad mix of leaders, experts, and community voices to gather input, discuss solutions, and provide feedback to government on how Alberta can better protect its interests, defend its economy, and assert its place in Confederation.

    The panel will consult across the province over the summer and early fall to ensure that those living, working, doing business and raising families are the ones to drive Alberta’s future forward. The work will include identifying solutions advanced by Albertans on how to make Alberta stronger and more sovereign within a united Canada that respects and empowers the province to achieve its full potential. It will also include making recommendations to the government on potential referendum questions for Albertans to vote on in 2026.

    It will consider and hear from Albertans on the risks and benefits of ideas like a establishing an Alberta Pension Plan, using an Alberta Provincial Police Service rather than the RCMP for community policing, whether Albertans should consider pursuing constitutional changes, which (if any) changes to federal transfer payments and equalization Albertans should demand of the federal government, potential immigration reform that would give the provincial government more oversight into who comes to the province, and changes to how Alberta collects personal income tax. Albertans will also have the opportunity to put forward their own ideas for discussion.

    “This isn’t just about talk. It’s about action. The Alberta Next Panel is giving everyday Albertans a direct say in the direction of our province. It’s time to stand up to Ottawa’s overreach and make sure decisions about Alberta’s future are made here, by the people who live and work here.”

    Danielle Smith, Premier

    “Right now, there is a need to restore fairness and functionality in the country. Years of problematic policy and decisions from Ottawa have hurt Albertan and Canadian prosperity. I am honoured to be asked by Premier Smith to participate in the Alberta Next Panel. This panel is about listening to Albertans on how we build a stronger Alberta within a united Canada, to which I, and the Business Council of Alberta, are firmly committed.”

    Adam Legge, president of the Business Council of Alberta

    Chaired by Premier Danielle Smith, the panel includes 13 additional members, including elected officials, academics, business leaders and community advocates:

    • Honourable Rebecca Schulz, Minister of Environment and Protected Areas of Alberta
    • Brandon Lunty, MLA for Leduc-Beaumont
    • Glenn van Dijken, MLA for Athabasca-Barrhead-Westlock
    • Tara Sawyer, MLA-elect for Olds-Didsbury-Three Hills
    • Bruce McDonald, former justice, Court of Appeal of Alberta
    • Trevor Tombe, director of fiscal and economic policy, the University of Calgary School of Public Policy
    • Adam Legge, president, Business Council of Alberta
    • Andrew Judson, vice chairman (prairies), Fraser Institute
    • Sumita Anand, vice president, Above and Beyond Care Services
    • Melody Garner-Skiba, business and agricultural advocate
    • Grant Fagerheim, president and CEO, Whitecap Resources Inc.
    • Dr. Akin Osakuade, physician and section chief, Didsbury Hospital
    • Dr. Benny Xu, community health expert
    • Michael Binnion, president, Questerre Energy

    Albertans have a choice: let Ottawa continue calling the shots—or come together to chart our own course. What’s next? You decide.

    Key facts:

    • Town hall dates and sites, along with other opportunities to participate in this engagement, are available online at Alberta.ca/Next. Exact locations will be posted in the weeks ahead of the event, and Albertans will be asked to RSVP online.
    • The panel’s recommendations will be submitted to government by Dec. 31, 2025.
    • It is anticipated that the panel will add additional members in the coming weeks.

    Related information

    • Alberta.ca/Next
    • Panel member biographies

    Related news

    • Alberta Next: Albertans to choose path forward (May 5, 2025)

    Multimedia

    • Watch the news conference
    • Listen to the news conference

    Ce sont les Albertains, et non Ottawa, qui devraient façonner l’avenir de l’Alberta. Le groupe d’experts Alberta Next prend la route pour consulter directement les Albertains et tracer la voie à suivre pour la province.

    Les Albertains sont frustrés après 10 ans de politiques punitives adoptées par le gouvernement fédéral qui s’en prennent à l’économie de la province et qui ciblent ses principales industries.

    Le groupe d’experts Alberta Next, présidé par la première ministre Danielle Smith, réunira un large éventail de chefs de file, d’experts et de membres de la collectivité pour recueillir des commentaires, discuter de solutions et fournir une rétroaction au gouvernement sur la façon dont l’Alberta peut mieux protéger ses intérêts. défendre son économie et affirmer sa place dans la Confédération.

    Le groupe d’experts tiendra des consultations dans toute la province au cours de l’été et au début de l’automne pour veiller à ce que les personnes qui vivent, travaillent, font des affaires et élèvent une famille soient celles qui conduiront l’avenir de l’Alberta. Le travail consistera notamment à trouver des solutions proposées par les Albertains pour rendre l’Alberta plus forte et plus souveraine au sein d’un Canada uni qui respecte la province et qui lui donne les moyens de réaliser son plein potentiel. Il s’agira également de formuler des recommandations au gouvernement sur les questions référendaires potentielles sur lesquelles les Albertains pourront se prononcer en 2026.

    Il tiendra compte des risques et des avantages d’idées comme l’établissement d’un régime de retraite de l’Alberta, le recours à un service de police provincial de l’Alberta plutôt qu’à la Gendarmerie royale du Canada pour les services de police communautaires et entendra ce que les Albertains ont à dire à ce sujet. Il déterminera si les Albertains devraient envisager de modifier la Constitution, (s’il y a lieu) des changements aux paiements de transfert fédéraux et à la péréquation que les Albertains devraient exiger du gouvernement fédéral, une réforme potentielle de l’immigration qui donnerait au gouvernement provincial plus de contrôle sur ceux qui viennent dans la province, et des changements à la façon dont l’Alberta perçoit l’impôt sur le revenu des particuliers. Les Albertains auront également l’occasion de présenter leurs propres idées aux fins de discussion.

    « Il ne s’agit pas seulement de paroles. Il s’agit d’agir. Le groupe d’experts Alberta Next donne aux Albertains ordinaires la chance d’experimer leur point de vue sur l’orientation de notre province. Il est temps de résister à l’excès d’Ottawa et de veiller à ce que les décisions concernant l’avenir de l’Alberta soient prises ici, par les gens qui vivent et travaillent ici. »

    Danielle Smith, première ministre

    « Il est désormais nécessaire de rétablir l’équité et la fonctionnalité du pays. Des années de politiques et de décisions problématiques d’Ottawa ont nui à la prospérité de l’Alberta et du Canada. Je suis honoré d’avoir été invité par la première ministre Smith à participer au groupe d’experts Alberta Next. Ce groupe d’expers a pour objectif d’écouter les points de vue des Albertains sur la façonde bâtir une Alberta plus forte au sein d’un Canada uni, ce à quoi le Business Council of Alberta et moi-même tenons fermement. »

    Adam Legge, président du Business Council of Alberta

    Le groupe d’experts, présidé par la première ministre Danielle Smith, comprend 13 autres membres, y compris des représentants élus, des universitaires, des chefs d’entreprise et des défenseurs de la collectivité :

    • L’honorable Rebecca Schulz, ministre de l’Environnement et des Aires protégées de l’Alberta
    • Brandon Lunty, député de Leduc-Beaumont
    • Glenn van Dijken, député d’Athabasca-Barrhead-Westlock
    • Tara Sawyer, députée élue d’Olds-Didsbury-Three Hills
    • Bruce McDonald, ancien juge, Cour d’appel de l’Alberta
    • Trevor Tombe, directeur de la politique fiscale et économique, École de politique publique de l’Université de Calgary
    • Adam Legge, président, Business Council of Alberta
    • Andrew Judson, vice-président (Prairies), Institut Fraser
    • Sumita Anand, vice-présidente, Above and Beyond Care Services
    • Melody Garner-Skiba, défenseure des affaires et de l’agriculture
    • Grant Fagerheim, président-directeur général, Whitecap Resources Inc.
    • Dr Akin Osakuade, médecin et chef de section, Hôpital Didsbury
    • Dr Benny Xu, expert en santé communautaire
    • Michael Binnion, président, Questerre Energy

    Les Albertains ont le choix : laisser Ottawa continuer à prendre les décisions ou s’unir pour tracer notre propre voie. Prochaines étapes? C’est vous qui décidez.

    Faits saillants :

    • Les dates et les sites des assemblées publiques locales, ainsi que d’autres occasions de participer à cette consultation, sont disponibles en ligne à Alberta.ca/Next. Les lieux exacts seront publiés dans les semaines précédant l’événement et les Albertains seront invités à confirmer leur présence en ligne.
    • Les recommandations du groupe d’experts seront soumises au gouvernement d’ici le 31 décembre 2025.
    • On prévoit que le groupe d’experts ajoutera d’autres membres au cours des prochaines semaines.

    Renseignements connexes

    • Alberta.ca/Next
    • Biographies des membres du groupe d’experts (en anglais seulement)

    Nouvelles connexes

    • Alberta Next: Albertans to choose path forward (5 mai 2025)

    Multimédia

    • Visionnez la conférence de presse (en anglais seulement)

    MIL OSI Canada News

  • MIL-OSI USA: Lummis Staff to Hold Remote Office Hours in Campbell County

    US Senate News:

    Source: United States Senator for Wyoming Cynthia Lummis

    June 27, 2025

    Staff for U.S. Senator Cynthia Lummis of Wyoming will hold remote office hours in Campbell County on Thursday, July 10th.  Field Representative Ally Garner will be available to meet with residents and hear ideas, comments, and concerns about what is happening in the U.S. Senate, and to help anyone having trouble working with a federal agency.

    Of the remote office hours, Sen. Lummis said:

    “My team and I are working every day to make sure the federal government works for the people of Wyoming. Whether you need help interacting with a federal agency, facilitating a passport or visa request, tracking down social security checks or VA benefits, or you just want to ensure your voice is being heard in Washington, my team of field representatives is available to meet with you. These remote office hours will bring my office closer to the people we are here to serve, and I hope they will foster good conversations and also provide necessary help to ensure that the people of Wyoming can better navigate the complexities of the federal government.”

    Please contact Ally Garner at 307-261-6572 or ally_garner@lummis.senate.gov to schedule a convenient time while she is in Campbell County.

    MIL OSI USA News

  • MIL-OSI USA: Lummis Staff to Hold Remote Office Hours in Crook County

    US Senate News:

    Source: United States Senator for Wyoming Cynthia Lummis

    June 27, 2025

    Staff for U.S. Senator Cynthia Lummis of Wyoming will hold remote office hours in Moorcroft, Hulett and Sundance on Wednesday, July 9th.  Field Representative Ally Garner will be available to meet with residents and hear ideas, comments and concerns about what is happening in the U.S. Senate, and to help anyone having trouble working with a federal agency.

    Of the remote office hours, Sen. Lummis said:

    “My team and I are working every day to make sure the federal government works for the people of Wyoming. Whether you need help interacting with a federal agency, facilitating a passport or visa request, tracking down social security checks or VA benefits, or you just want to ensure your voice is being heard in Washington, my team of field representatives is available to meet with you. These remote office hours will bring my office closer to the people we are here to serve, and I hope they will foster good conversations and also provide necessary help to ensure that the people of Wyoming can better navigate the complexities of the federal government.”

    Please contact Ally Garner at 307-261-6572 or ally_garner@lummis.senate.gov to schedule a convenient time while she is in Crook County.

    MIL OSI USA News

  • MIL-OSI: MEXCO ENERGY CORPORATION REPORTS FINANCIAL RESULTS FOR FISCAL 2025

    Source: GlobeNewswire (MIL-OSI)

    MIDLAND, TX, June 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Mexco Energy Corporation (NYSE American: MXC) reported results on its Annual Report, Form 10-K to the Securities and Exchange Commission for the fiscal year ended March 31, 2025. The Company reported net income of $1,712,368, or $0.81 per diluted share, a 27% increase compared to fiscal 2024.

    Operating revenues for fiscal 2025 were $7,358,066, an 11% increase when compared to fiscal 2024. This increase was primarily due to an increase in oil and natural gas production volumes and partially offset by a decrease in the average sale prices of oil and natural gas. Natural gas prices have been low due to limited pipeline capacities in the Permian Basin. For the year ended March 31, 2025, the average realized price for oil was $73.54 per barrel and the average realized price for natural gas was $1.70 per thousand cubic feet.

    The Company participated in the drilling of 35 horizontal wells at a cost of approximately $1,100,000 for the fiscal year ending March 31, 2025, of which 17 are to be completed this fiscal year. Twenty-nine of these wells are in the Delaware Basin located in the western portion of the Permian Basin in Lea and Eddy Counties, New Mexico. The Company also expended approximately $300,000, the balance required to complete 19 horizontal wells which were drilled during fiscal 2024.

    In addition to the above working interests, there were 120 gross wells (.09 net wells) drilled by other operators on the Company’s royalty interests. Approximately 31% of the fiscal 2025 operating revenues were produced from royalties free of operational costs to Mexco.

    The Company currently expects to participate in the drilling of 27 and completion of 17 horizontal wells at an estimated aggregate cost of approximately $1.2 million for the fiscal year ending March 31, 2026, of which approximately $300,000 has been expended to date. The Company is evaluating other prospects for participation during this fiscal year.

    The Company’s estimated present value of proved reserves at March 31, 2025 was approximately $23 million based on estimated future net revenues discounted at 10% per annum, pricing and other assumptions set forth in “Item 2 – Properties” of Form 10-K. The Company’s estimated proved oil reserves at March 31, 2025 decreased 15% to 675 thousand barrels of oil and natural gas reserves decreased 4% to 4.360 billion cubic feet compared to the prior fiscal year primarily as a result of decreased prices of oil and natural gas in the past fiscal year. For fiscal 2025, oil constituted approximately 51% of the Company’s total proved reserves and approximately 86% of the Company’s oil and gas sales.

    The President and Chief Financial Officer of the Company said, “We have approximately $2.2 million cash on hand, no outstanding indebtedness on our bank line of credit and are actively seeking opportunities.”

    Throughout the year, the Company acquired various royalty and mineral interests in 840 gross wells (2.31 net wells) primarily in Adams, Broomfield and Weld Counties, Colorado; DeSoto Parish, Louisiana; Eddy County, New Mexico; Karnes, Live Oak, Reagan, Reeves and Upton Counties, Texas; Laramie County, Wyoming; and, multiple counties in Nebraska, North and South Dakota, and Montana, for an aggregate purchase price of approximately $2.0 million. These and other related expenditures were funded from cash on hand.

    Mexco Energy Corporation, a Colorado corporation, is an independent oil and gas company located in Midland, Texas engaged in the acquisition, exploration and development of oil and gas properties primarily in the Permian Basin. For more information on Mexco Energy Corporation, go to www.mexcoenergy.com.

    In accordance with the Safe Harbor provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, Mexco Energy Corporation cautions that statements in this press release which are forward-looking and which provide other than historical information involve risks and uncertainties that may impact the Company’s actual results of operations. These risks include, but are not limited to, production variance from expectations, volatility of oil and gas prices, the need to develop and replace reserves, exploration risks, uncertainties about estimates of reserves, competition, government regulation, and mechanical and other inherent risks associated with oil and gas production. A discussion of these and other factors, including risks and uncertainties, is set forth in the Company’s Form 10-K for the fiscal year ended March 31, 2025. Mexco Energy Corporation disclaims any intention or obligation to revise any forward-looking statements.

    For additional information, please contact: Tammy L. McComic, President and Chief Financial Officer of Mexco Energy Corporation, (432) 682-1119.

    The MIL Network

  • MIL-OSI: Trisura Group Announces Results Of Annual And Special Meeting Of Shareholders

    Source: GlobeNewswire (MIL-OSI)

    TORONTO, June 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Trisura Group Ltd. (“Trisura Group” or the “Company”) (TSX: TSU) today announced the results of the Company’s virtual annual and special meeting of shareholders held on June 27, 2025 (the “Meeting”).

    At the Meeting, all nine nominees proposed for election to the board of director by shareholders were elected. Management received the following proxies from shareholders in regard to the election of directors:

    Director Nominee Votes For % Votes Withheld %
    David Clare 34,235,415 97.59% 843,841 2.41%
    Paul Gallagher 34,123,007 97.27% 956,249 2.73%
    Sacha Haque 34,243,472 97.62% 835,784 2.38%
    Barton Hedges 34,265,242 97.68% 814,014 2.32%
    Anik Lanthier 34,163,571 97.39% 915,685 2.61%
    Janice Madon 34,262,812 97.67% 816,444 2.33%
    George E. Myhal 32,940,147 93.90% 2,139,109 6.10%
    Lilia Sham 34,261,547 97.67% 817,709 2.33%
    Robert Taylor 34,119,101 97.26% 960,155 2.74%
             

    About Trisura Group

    Trisura Group Ltd. is a specialty insurance provider operating in the Surety, Warranty, Corporate Insurance, Program and Fronting business lines of the market. Trisura has investments in wholly owned subsidiaries through which it conducts insurance operations. Those operations are primarily in Canada and the United States. Trisura Group Ltd. is listed on the Toronto Stock Exchange under the symbol “TSU”.

    Further information is available at https://www.trisura.com. Important information may be disseminated exclusively via the website; investors should consult the site to access this information. Details regarding the operations of Trisura Group Ltd. are also set forth in regulatory filings. A copy of the filings may be obtained on Trisura Group’s SEDAR+ profile at www.sedarplus.ca.

    For more information, please contact:

    Name: Bryan Sinclair
    Tel: 416 607 2135
    Email: bryan.sinclair@trisura.com

    The MIL Network

  • MIL-Evening Report: RFK Junior is stoking fears about vaccine safety. Here’s why he’s wrong – and the impact it could have

    Source: The Conversation (Au and NZ) – By Julie Leask, Professor, School of Public Health, University of Sydney

    The United States used to be a leader in vaccine research, development and policymaking. Now US Secretary of Health Robert F. Kennedy Jr is undermining the country’s vaccine program at the highest level and supercharging vaccine skepticism.

    Two weeks ago, RFK Jr sacked the entire Advisory Committee on Immunization Practices responsible for reviewing the latest scientific evidence on vaccines. RFK Jr alleged conflicts of interest and hand-picked a replacement panel.

    On Wednesday, RFK Jr announced the US would stop funding the global vaccine alliance, Gavi, because he claimed that “when the science was inconvenient today, Gavi ignored the science”. RFK Jr questioned the safety of COVID vaccines for pregnant women, as well as the diphtheria, tetanus and pertussis vaccine.

    On Thursday, when the new Advisory Committee on Immunization Practices met, the person who first drew RFK Jr into vaccine scepticism, Lyn Redwood, shared disproved claims about a chemical called thimerosal in flu vaccines being harmful.

    The undermining of regulation, advisory processes and funding changes will have global impacts, as debunked claims are given new levels of apparent legitimacy. Some of these impacts will be slow and insidious.

    So what should we make of these latest claims and funding cuts?

    Thiomersal is a distraction

    Thiomersal (thimerosal in the the US) is a safe and effective preservative that prevents bacterial and fungal contamination of the vaccine contained in a multi-dose vial. It’s a salt that contains a tiny amount of mercury in a safe form.

    Thiomersal is no longer used as a preservative in any vaccines routinely given in Australia. But it’s still used in the Q fever vaccine.

    Other countries use multi-dose vials with thiomersal when single-dose vials are too expensive.

    In the US, just 4% of adult influenza vaccines contain thiomersal. So focusing on removing vaccines containing thimerosal is a distraction for the committee.

    COVID vaccines in pregnancy prevent severe illness

    On Wednesday, RFK criticised Gavi’s encouragement of pregnant women to receive COVID-19 vaccines.

    A COVID-19 infection before and during pregnancy can increase the risk of miscarriage two- to four-fold, even if it’s only a mild infection.

    Conversely, there is good evidence vaccination during pregnancy is safe and can reduce the chance of hospitalisation of pregnant people and of infants by passing antibodies through the placenta.

    In Australia, pregnant people who have never received a primary COVID-19 vaccine are recommended to have one. However, they are not generally recommended to have booster unless they have underlying risk conditions or prefer to have one. This is due to population immunity.

    COVID-19 vaccine advice should adapt to changes in disease risk and vaccine benefit. It doesn’t mean previous decisions were wrong, nor that vaccine boosters are unsafe.

    RFK’s criticism of COVID-19 vaccines in pregnancy may influence choices individuals make in other countries, even when unvaccinated pregnant women are encouraged to consider vaccination.

    The diphtheria, tetanus and pertussis vaccine is safe

    RFK Jr also questioned the safety of the combined diphtheria, tetanus and pertussis (DTP) vaccine as he announced the withdrawal of US funding support for Gavi.

    In the early 2000s, three community-based observational studies reported a possible association between increased chance of death in infants and use of the DTP vaccine.

    A few subsequent studies also reported associations, with higher risk in girls, prompting a World Health Organization (WHO) review of safety.

    Real world studies are complicated and the data can be difficult to interpret correctly. Often, the very factors that influence whether someone gets vaccinated can also be associated with other health risks.

    When the WHO committee reviewed all the studies on DTP safety in 2014, it did not indicate serious adverse events. It concluded there was substantial evidence against these claims.

    What will de-funding Gavi mean for vaccination rates?

    Gavi, the vaccine alliance, supports vaccine purchasing in low-income countries.

    The US has historically accounted for 13% of all donor funds.

    However, RFK Jr said Gavi needed to re-earn the public trust and “consider the best science available” before the US would contribute funding again.

    Gavi predicted in March that the impact of US funding cuts could result in one million deaths through missed vaccines.

    Could something like this happen in Australia?

    Australia is fortunate to be buffered from these impacts.

    Our vaccine advisory body, the Australian Technical Advisory Group on Immunisation, has people with deep expertise in vaccination. We have robust decision processes that weigh evidence critically and make careful recommendations to government.

    Our governments remain committed to vaccination. The federal government released the National Immunisation Strategy in mid-June with a comprehensive plan to continue to strengthen our program.

    The federal government also announced A$386 million to support the work of Gavi from 2026 to 2030.

    All of this keeps our vaccine policies strong, preventing disease and increasing life expectancy here and overseas.

    But to mitigate the possible influence of the US in Australia, our governments, health professionals and the public need to be ready to rapidly tackle the misinformation, distortions and half-truths RFK Jr cleverly packages – with quality information.

    Julie Leask receives research funding from NHMRC, WHO, US CDC, NSW Ministry of Health. She received funding from Sanofi for travel to an overseas meeting in 2024. She has consulting fees from RTI International and the Task Force for Global Health.

    Catherine Bennett has received honoraria for contributing to independent advisory panels for Moderna and AstraZeneca, and has received NHMRC, VicHealth and MRFF funding for unrelated projects. She was the health lead on the Independent Inquiry into the Australian Government COVID-19 Response .

    ref. RFK Junior is stoking fears about vaccine safety. Here’s why he’s wrong – and the impact it could have – https://theconversation.com/rfk-junior-is-stoking-fears-about-vaccine-safety-heres-why-hes-wrong-and-the-impact-it-could-have-259986

    MIL OSI AnalysisEveningReport.nz

  • MIL-OSI Economics: Uzbekistan and Public-Private Partnerships: Country Lessons, Republic of Uzbekistan

    Source: International Monetary Fund

    Summary

    Public-Private Partnerships (PPPs) utilize private sector expertise, risk sharing, management, and financing to improve public investment. However, these benefits also carry risks. Project level risks include poor selection, optimism bias, off-budget financing, and contract renegotiation. Countries can manage these risks by integrating PPPs into the public investment plan, testing assumptions via scenario analysis, and evaluating risks during the selection process. Macroeconomic risks can arise if PPPs perform poorly or accumulate too rapidly. These risks can be addressed by implementing an annual cap on new projects or a cap on the PPP stock. Having a robust system to monitor PPPs improves implementation and guards losses from contingent liabilities.

    Subject: Budget planning and preparation, Contingent liabilities, Expenditure, Financial institutions, Fiscal risks, Infrastructure, National accounts, PPP legislation, Public financial management (PFM), Public investment spending, Risks of public-private partnership, Stocks

    Keywords: Budget planning and preparation, Contingent liabilities, Fiscal risks, Government liabilities, Infrastructure, National Subsidies, PPP legislation, Public Enterprise Governance, Public Enterprise Performance, Public Infrastructure, Public Investment, Public investment spending, Public Private, Public vs Private, Public-Private Partnerships, Risks of public-private partnership, Scope of Government, Sectoral analysis, Stocks

    MIL OSI Economics